A pesar de haberse anunciado un presupuesto «récord» para Educación, las familias que integran las cooperadoras escolares en la Ciudad de Buenos Aires denuncian una sobrecarga creciente: deben cubrir desde productos de limpieza hasta instrumentos musicales. Las restricciones impuestas por la ley de cooperadoras, la falta de diálogo efectivo con el Ministerio de Educación porteño y la precarización general del sistema público agravan el cuadro.
“Hoy, si queremos abrir la escuela, nos tenemos que hacer cargo nosotros”. La frase de Ani Meizoso, integrante de la cooperadora del colegio Esnaola y delegada por la Comuna 12, sintetiza una problemática que se intensificó en los últimos años en CABA: el retiro progresivo del Estado del sostenimiento de las escuelas públicas, cuestión ahora respaldada por la gestión nacional de Javier Milei.
Las cooperadoras escolares, conformadas por familias de la comunidad educativa, son hoy una estructura vital para garantizar la continuidad de clases, el acceso a materiales y hasta la alimentación de estudiantes. Sin embargo, su funcionamiento atraviesa un momento crítico. “Con la ley de cooperadoras sancionada en noviembre de 2022, se limitaron funciones, se redujo la participación y se aumentó el control. Las cooperadoras se achicaron”, sostiene Pablo Cesaroni, referente de Cooperadores en Movimiento y miembro de la Multisectorial de la Comuna 5.
Según datos relevados por las propias cooperadoras, los fondos estatales a través del programa Fondo Único Descentralizado de Educación (FUDE) apenas alcanzan a cubrir entre el 20% y el 30% de las necesidades. El resto proviene de aportes voluntarios de las familias, en un contexto económico que restringe aún más esa colaboración. “Antes los aportes propios cubrían el 70%. Hoy, en muchas escuelas, es el 100%”, advierte Meizoso.
Un contexto de «sálvese quien pueda»
La ley 6.509, sancionada en 2022, impuso nuevos requisitos para integrar las comisiones directivas de las cooperadoras, excluyendo a personas de la comunidad que no sean madres, padres o tutores. “Es una ley que asusta. Menciona responsabilidades penales, controles excesivos, y desalienta la participación”, afirma Betina Silveiro, abogada y ex presidenta de la Cooperadora del Normal 1, una de las escuelas más emblemáticas de la ciudad.
El resultado fue inmediato: menor participación, dificultades para cubrir cargos y una carga operativa sobre menos personas. “Este año tuvimos que hacer tres asambleas para armar la comisión directiva. Hay un desgaste social muy fuerte”, describe Gustavo Verde, rector del Normal 1.
La crisis también se expresa en la infraestructura. “Se arreglan fachadas pero adentro se llueven los techos, no hay calefacción, no hay presión de agua. Y muchas obras se hacen mal”, indica Cesaroni. A esto se suma el deterioro del servicio alimentario: reducción de porciones, calidad nutricional deficiente y falta de control sobre las empresas proveedoras. “En secundaria, la vianda es un sándwich y una barrita de cereal. No tiene ni jamón”, denuncia por su parte Meizoso.
Cuidar lo que el Estado abandona
“Nosotros cuidamos a nuestros hijos y a los hijos del otro”, resume Meizoso. En el Esnaola, una escuela con orientación musical, la cooperadora debe encargarse de adquirir el 90% de los instrumentos. “Tenemos que comprar 20 guitarras por año. El Ministerio no manda nada”, sostiene.
Las cooperadoras también afrontan la compra de papel higiénico, sellos, boletines, cuerdas, libros y uniformes. “Hay familias que no mandan a todos sus hijos al colegio porque no pueden pagar útiles ni ropa. El gobierno porteño dijo que se iba a ocupar, pero no lo hizo”, señala Cesaroni.
La situación impacta de forma desigual según la zona. “En el sur hay más necesidades y menos recursos. Hay chicos que dejaron la escuela para trabajar, o que dejaron de venir porque sus padres ya no trabajan en Capital o no pueden pagar el transporte”, añade el referente de Cooperadores en Movimiento.
En este panorama, la salud mental es otro foco de alerta. “En los secundarios se redujo la atención, hay menos profesionales, menos días de presencia. Si pedís turno en un hospital, te lo dan para dentro de tres meses”, denuncia Cesaroni. Directivos desbordados piden licencia y las cooperadoras intentan articular con centros de salud barriales, aunque reconocen que los recursos son limitados.
Sin escucha ni respuestas
Pese a los esfuerzos por mantener el diálogo, las familias denuncian que el Ministerio de Educación no da respuestas. “Nos reciben, toman nota, pero no pasa nada. En otros años ni siquiera nos recibían”, señala Meizoso. Desde Cooperadores en Movimiento impulsan la modificación del artículo de la ley que limita la participación y reclaman la adhesión a la ley nacional de cooperadoras, vigente desde hace doce años.
“La ley que tenemos en CABA es peor que el decreto de la dictadura que había antes. Porque excluye a los vecinos, a los abuelos, a quienes podrían ayudar”, remarca Silveiro. “Hoy los padres están agobiados por la cantidad de trabajo y la situación económica, la mayoría no tiene tiempo de comprometerse a participar”, agrega Verde. Además, advierte que no hay capacitación ni apoyo para el manejo de las cooperadoras: “El año pasado, el gobierno vino a las escuelas cuatro o cinco veces, pero no como acompañamiento sino como auditoría”.
Educación pública en retroceso
Los testimonios de quienes integran cooperadoras reflejan un panorama alarmante. “La matrícula en la escuela pública de gestión estatal está peor que hace 18 años”, advierte Cesaroni. A esto se suma la preocupación por el avance de modelos educativos privatizadores. “La educación pública está en peligro. El macrismo desarticuló la coordinación entre cooperadoras y movimientos estudiantiles. Y si gana La Libertad Avanza en 2027 va a ser aún peor”, expresa.
La implementación del programa “Secundario Aprende” también generó rechazo. Denuncian que se impuso sin discusión, generó desplazamiento docente, extensión horaria sin condiciones edilicias y prácticas educativas desconectadas de los contenidos. “Mandaron a chicos del Colegio Lenguas Vivas a un hotel para que cambien las sábanas. Tenían que comprarse zapatos blancos. Y el viático corría por cuenta del estudiante”, relata Meizoso.
Frente a este escenario, el rol de las cooperadoras sigue siendo el de un salvavidas colectivo, aún con las limitaciones impuestas por una política que parece mirar hacia otro lado. “Falta conciencia de clase. Si queremos escuelas lindas y que funcionen, nos vamos a tener que seguir haciendo cargo entre nosotros”, concluye Meizoso.
