El MoCaSE, Movimiento Campesino de Santiago del Estero, es una organización social y política que lucha por la defensa de la propiedad sobre sus tierras, su forma de vida y contra el extractivismo. Desde hace varios años ofrece un programa de pasantías vivenciales, que consiste en un viaje al interior de su comunidad para conocer la organización.
“Para nosotros las pasantías vivenciales se construyeron a partir de estar organizados y pensar en tener un intercambio entre el campo y la ciudad. Que vengan a convivir a nuestro rancho con las familias, que conozcan su producción, su forma de vida, compartan sus actividades y que se lleven lindos recuerdos. Son parte de una familia cuando ellos llegan. Aquí en el campo, la vida de cada campesino y productor es levantarse a las 6 de la mañana y arrancar con sus actividades. Ir al chiquero, a ver a su huerta, a sus animales, a su vaca, a su chancho. Todo lo que es producción y recorrer el territorio”, expresó a este medio Sergio Cuellar, integrante del área de territorio y derechos humanos del MoCaSE.
Silvia Bravo, referenta del MoCaSE, viajó en los últimos días a Buenos Aires para promocionar las pasantías vivenciales: “Venimos porque sabemos que en todos los territorios pasa lo que está pasando con los grandes empresarios que nos quieren atropellar para sacarnos nuestras tierras, pero nosotros nunca aflojamos, porque sabemos que ahí hemos nacido y hemos sido criados”. En la misma línea, sostuvo: “Estoy muy orgullosa y agradecida de por donde he andado. Los jóvenes se han quedado muy interesados en que les contemos nuestras vivencias, cómo se vive en el campo, cómo producimos y qué comemos. Quieren ir, ver y conocer aquello que a veces han ignorado”. Bravo, como consejera del MoCaSE, tuvo que nombrar al lugar donde vive y eligió: “De nosotros es nuestra tierra”.
“Las comunidades tienen una conexión particular, y una forma de vivir en el territorio que es muy distinta a la que conocemos en la ciudad, a nuestra versión más occidental y citadina. Ahí hay una memoria, un registro, una diversidad cultural, que es importante reconocer y valorar. No digo preservar porque da la idea de museo y las comunidades son actores que construyen todos los días su territorio”, reflexionó Julián Monkes, ambientólogo y docente. En el mismo sentido agregó: “Tenemos un gobierno nacional cuyo discurso hace que no se valoren todas aquellas cosas que no tienen un precio de mercado. Hay cosas que tienen que ver con una relación espiritual, con valores culturales, con la conexión con el ambiente, que son muy valiosas, pero que no le podemos poner precio. Entonces, al dejar que avance esto y que se destruyan estos territorios campesinos, lo que hacemos es perder una cuota de humanidad porque perdemos esa diversidad que siempre caracterizó al ser humano», analizó.
La intervención estatal es fundamental para una reglamentación adecuada sobre la propiedad de sus tierras: “Hay mucho que hacer desde el Ejecutivo, pero hay dos poderes que tienen que intervenir más: el Legislativo reglamentando la ley de agricultura familiar, para que les sean reconocidas la tenencia de la tierra y tener mejores herramientas jurídicas para defender sus territorios”, sentenció por un lado, y luego marcó la importancia del Poder Judicial en esta problemática, al ser cómplices de los desalojos de las comunidades: “La verdad que las causas que terminan ganando los movimientos campesinos, son muy pocas por todo el atropello que viven, la injusticia que hay y la enorme convivencia entre el Poder Judicial y los aparatos represivos del Estado”. En cuanto a la importancia de la reglamentación de la ley de agricultura familiar, Monkes señaló: “La discusión con las comunidades muchas veces tiene que ver con que los registros para garantizar la titularidad de la tierra son informales, de palabra o no tienen los límites establecidos”. Gracias a esa falta de reglamentación, los grandes empresarios pueden avanzar sobre sus territorios y la tenencia comunal campesina, alegando potestad sobre la tierra: “Hay que pensar en herramientas novedosas para también aportar a que tengan mejores condiciones de producción, mejores condiciones para el arraigo y puedan defenderse mejor de estos avances”.
Entre la ausencia y la complicidad estatal en el vínculo con el agronegocio, principal problemática dentro de la zona, Cuellar sostuvo: «El agronegocio está presente en cualquier lado, en cualquier rincón y en cualquier momento nos avanza. Esto no va a parar. El MoCaSE ha tratado de denunciarlo, sumado a la tala indiscriminada de bosque, que entran con una topadora y en horas te voltean miles de hectáreas y no queda nada. Tienen mucho poderío, manejan muchos recursos económicos y están prendidos de la mano del Estado”. “Las familias campesinas siempre tenemos que estar atentas y conectadas por todos lados, tratando de que el agronegocio no llegue y si sabemos que llega, nos vamos organizando y acompañando a la comunidad, denunciando y hablando con el Poder Judicial, con la ayuda de la gente y abogados que nos está brindando una mano”, sumó.
En torno a cómo ha mutado el nivel de conflictividad, Cuellar destacó que “ahora en el gobierno de Milei están sacando y privatizando muchas cosas, suspendieron el relevamiento territorial de las comunidades indígenas” y la crisis económica golpea gravemente a la comunidad: “En los barrios y en las ciudades, hay gente que la está pasando mal. Ahora hemos creado comedores y merenderos, para darle un plato de comida a aquellos que no tienen. No es una solución eso, es para llenar la panza hoy. Después hay que ver cómo se sigue, porque necesitamos estar mejor que ahora”.
Monkes agregó que “en los 90 el conflicto comenzó a tener más agenda, las comunidades indígenas y campesinas empiezan a tener más relevancia a nivel internacional, con cierto respaldo institucional”. Del mismo modo, apuntó que a inicios de este siglo, con el kirchnerismo y puntualmente el gobierno de Cristina Kirchner, donde se crea la secretaría y la ley de agricultura familiar, se proyectó un avance importante en torno a la legitimidad e institucionalización de las comunidades.
“En lo discursivo, este gobierno está fomentando un carácter extractivista que devasta territorios y su memoria cultural. No veo un avance directo, lo que hay es un menosprecio a la condición humana, a la diversidad cultural, un regreso a la legitimación de discursos de que las comunidades viven en el pasado, están atrasadas y hay que llevarles el desarrollo. Todo eso termina legitimando la idea de que tenemos que llevar la industrialización y el avance a esos territorios”, sostuvo Monkes acerca del gobierno de Javier Milei. Paralelamente, reflexionó que su correlato es un deterioro en la condición humana: “Destrucción de familias, trayectorias de vida, hoy somos más pobres en términos culturales. Esa es la disputa discursiva hoy: ¿qué es lo que vale más? ¿Nuestra condición humana y nuestro carácter de biodiversidad cultural o las reglas del mercado que nos deshumaniza?”
“Tienen que repensar qué hacen las grandes multinacionales que nos van dejando sin nada, contaminando todo. Por eso el Estado tiene que estar más presente y oprimir o multar lo que fuese, con la consigna de ‘¿deforestás mil hectáreas y cuántos plantines vas a poner?’ porque a este paso nos van a dejar un mundo destrozado”, cuestionó Cuellar. En la misma línea, sostuvo que el campesinado tiene otro nivel de consciencia a la hora de pensar la sustentabilidad, la producción y el ambiente: “Desde el movimiento se habla mucho de conservar y reforestar, porque sin el árbol, nos vamos fundiendo nosotros mismos. El campesinado y su forma de vida, su forma de adaptación, su forma de cuidar la fauna, cuidar todo, pero las grandes empresas lo están echando a perder”. “Si nosotros no cuidamos el medioambiente, vamos destrozando el planeta, el aire, el carbono y el ozono. Lo que hay que empezar a pensar es cuidar lo poco que nos queda”, concluyó Cuellar.
