El ajuste generalizado que encarna la administración de Javier Milei ya empezó a impactar severamente en diferentes provincias. En Ushuaia y Río Grande (Tierra del Fuego), diez días atrás, se produjeron multitudinarias marchas para rechazar el decreto presidencial que reduce los aranceles a la importación de celulares y otros productos electrónicos. Por su parte, la capital de la provincia de Catamarca fue escenario de una masiva movilización docente contra el decreto 884/25 del gobernador Raúl Jalil -aliado de Javier Milei-, que se replicó en otras ciudades y al modificar las estructuras de la educación provincial ponía en peligro una gran cantidad de puestos de trabajo. Finalmente se dio marcha atrás con el decreto.
La situación en Tierra del Fuego se explica por el riesgo que afronta la continuidad del régimen de promoción industrial, que sostiene la provincia desde hace más de 50 años. Era sabido que las políticas de libre comercio a nivel nacional iban a generar este tipo de consecuencias. Pero, ¿qué sucedió en el caso de Catamarca? Cabe destacar que aquí, en el ballotage de 2023, Javier Milei ganó con el 52,74% de los votos. Sin embargo, la casta empezaron a ser los docentes porque se profundiza la subordinación de la política educativa a criterios administrativos y presupuestarios.
«En noviembre del año pasado, saltaron 300 expedientes de docentes que habían tomado cargos u horas del nivel secundario en asamblea pero no podían cobrar. Si bien habían pasado seis meses del alta de dichos docentes, desde el Ministerio de Trabajo sostuvieron que ellos no habían cumplido el circuito para la debida autorización de este organismo», contó a El Grito del Sur Alejandra Reales, secretaria general de ATECa. La referente gremial explicó que «en Catamarca, el Ministerio de Educación está desmembrado: éste maneja en sí la parte pedagógica únicamente, en tanto que las altas y bajas de docentes las maneja Recursos Humanos en el marco del Ministerio de Trabajo. Mientras que Infraestructura Escolar es manejado por el Ministerio de Obras Públicas. O sea, tres ministerios intervienen en la educación de la provincia».
En tanto, Juan Godoy -secretario general de SUTECA y principal referente de la CTA en la provincia- dijo que «el conflicto se ha precipitado porque el Ministerio de Educación viene afectando la estabilidad laboral docente y los salarios. En una ciudad como San Fernando del Valle de Catamarca, 20 mil personas en la calle es un volumen muy significativo. Esto se reprodujo en lugares como Belén y Andalgalá. Aquí hace tiempo que se vienen planteando irregularidades por parte del Ministerio de Educación y políticas de ajuste por parte del Ministerio de Trabajo. A esta altura del año, tenemos cursos que no cuentan con docentes designados». «Estamos hablando de una rebelión que se extiende al resto de los empleados públicos y al sector de salud», agregó.
El aspecto más cuestionado del decreto tenía que ver con la modificación de la cantidad de estudiantes en las aulas en función de criterios de agrupamiento, cuestión que afectaba la planta funcional de las escuelas. Esto daba lugar a mecanismos de cierre o fusión de cursos, aumentando así la sobrecarga laboral y/o dejando sin trabajo a docentes titulares y suplentes. En otro orden de cosas, también estaba en juego la continuidad de concursos y asambleas docentes, así como la eliminación de servicios esenciales que van desde comedores escolares hasta transporte en zonas rurales. Uno de los fenómenos de la protesta, más allá del impulso que se le dio por parte de distintos sectores sindicales, fue la participación de autoconvocados y grupos independientes.
«El discurso del gobernador Jalil es que hay pocos alumnos y muchos maestros. Actualmente hay una ley de Emergencia que promueve ajustes en educación y salud. Este último decreto fue inconsulto, se quitó el alta temprana que permitía que un docente cobre a los cinco días. También se le puso un tope a las plantas orgánicas funcionales de las escuelas. La movilización llegó a todos los departamentos y hasta se realizaron cortes de ruta pensando en que el gobernador iba a pasar por tierra. La realidad es que este gobernador está muy alineado con Milei, quien quiere la desaparición de los sindicatos. Tanto Jalil como Milei quieren debilitarnos», concluyó Reales.
En un revival de las luchas populares que se vivieron en la década de 1990, queda claro que el apoyo a las políticas de ajuste está lejos de ser unánime y que, en la medida que impacte negativamente en la cotidianeidad, cada vez serán más personas las que salgan a protestar contra el actual modelo económico.
