El pasado 2 de mayo, un operativo policial desalojó por la noche a más de 5000 manteros del Parque Los Andes, en Chacarita. Los efectivos incautaron más de 6700 bultos de mercadería y el jefe de Gobierno, Jorge Macri, celebró el procedimiento como un “logro” para la recuperación del espacio público. Apenas 9 meses antes, una escena similar se había dado en Caminito, donde decenas de artesanos fueron expulsados de la feria artesanal que ya llevaba 40 años en el lugar. En ambos casos, el argumento oficial se escuda en su idea de «limpieza urbana», una narrativa que en los últimos años se repite y que parece apuntar a los sectores más vulnerables.
Hablamos con Christian Ayala, titular de la Rama de Trabajadores de Espacios Públicos de la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) en CABA y miembro de la mesa nacional, y con Sebastián Arreche, delegado de una de las dos ferias artesanales desalojadas en Caminito. Ambos señalaron el impacto que estas medidas tienen sobre las familias trabajadoras. “A los personal trainers y a las clases de zumba en los parques no los tocan, a nosotros nos corren», expresó Ayala. Por su parte, Arreche hizo hincapié en la falta de voluntad para encontrar soluciones: «Nosotros hemos propuesto mesas de diálogo y hasta alternativas para regular la actividad, pero no hay interés. «Lo único que quieren es despejar las calles para el turismo y los negocios gastronómicos e inmobiliarios», explicó.
Desde el desalojo de la feria de Retiro, donde utilizaron una topadora para demostrar el poder que disponen, hasta los operativos en Once y Parque Patricios, el gobierno porteño ha aplicado una lógica uniforme: perseguir al trabajador callejero bajo el oscuro eslogan de “Limpieza urbana”. La feria artesanal de Caminito, con más de 40 años de historia, también fue víctima de esta política, pero la estrategia fue distinta. Se le dio mínima prensa, ya que en este caso hubo un decreto de relocalización sin debate legislativo y se notificó en horas que imposibilitaron cualquier organización previa. A través de intervenciones nocturnas e incautaciones masivas, pretenden convertir a cada operativo en un logro.
Sobre cada manta hay un trabajador que invierte jornadas enteras de hasta 12 horas, sin ART ni cobertura social. “Es gente que sale a laburar todos los días, todo el día y además tienen que ir a su lugar de trabajo y volver a su casa, como mínimo una o dos horas más”, describió Ayala. En Parque Los Andes se dejó a miles de personas sin capital de trabajo. Migrantes, mujeres jefas de hogar y adultos mayores que, en el mejor de los casos, solo tienen título secundario y encuentran en esta forma de trabajo una alternativa para sobrellevar el día a día. Sumado a esto, varios cuentan con antecedentes judiciales lo que les complica el acceso al empleo formal, complicando aún más una situación que ya es difícil. Ayala advierte que, ante la falta de oportunidades laborales dignas, se empujan a estas personas a buscar el sustento en otros ámbitos que se enmarcan en la ilegalidad.
En la relocalización inicial de la feria de Caminito a una plaza cercana, los artesanos quedaron apiñados entre negocios que se tapan unos a otros y ocupan espacios recreativos, lo que despertó las quejas de los vecinos. Según Sebastián Arreche, las ventas cayeron brutalmente: “En esa plaza no había ni sombra de turismo, las compras se desplomaron”. Como “solución”, el gobierno porteño propuso mudarse a la ribera, un sitio aún más aislado del circuito histórico y además sugiere otros problemas como la mayor exposición a las condiciones climáticas.
Mientras tanto, cualquier intento de diálogo ha sido unilateral: los artesanos presentan propuestas, pero desde el GCBA solo reciben esta respuesta improvisada que no contempla el valor cultural ni el sustento de decenas de familias. Esta falta de respeto por las normas que amparan a la feria no solo agrava la economía familiar de los artesanos, sino que pone en peligro un patrimonio que lleva 40 años funcionando en el corazón comercial y cultural de La Boca.
Una vez más, hay una cuestión presente de crear una ciudad para pocos: en La Boca, el plan “Proyecto Sur” impulsa cafés gourmet y paseos gastronómicos en terrenos antes ocupados por artesanos. Esta selectividad es lo que revela el criterio de clase: el “orden” se aplica contra los pobres, nunca contra quienes cuentan con respaldo institucional y clientela establecida.
A diferencia de otros operativos, el desalojo de Caminito no fue celebrado por el Gobierno de la Ciudad, pues los artesanos contaban con un amparo legal que protegía su actividad. “Estamos avalados por ley. La feria artesanal en Caminito tiene un permiso, no es algo improvisado”, argumentó Sebastián Arreche. En cambio, los manteros de Parque Los Andes quedaron en un vacío normativo que hace casi imposible defender su derecho al trabajo: sin regulación clara, sus recursos (sea mercadería legal o no) terminan siendo decomisados y no cuentan con la capacidad de recuperarlos.
Por eso, la principal demanda de los trabajadores de la economía popular es el reconocimiento legal de su oficio como trabajo. De otorgarse esa categoría, podrían establecer horarios y locaciones estables, así como normativas específicas para la venta de ropa y alimentos, con inspecciones periódicas en lugar de estos violentos operativos policiales. Hoy, en ese nebuloso limbo entre lo legal y lo ilegal, no hay institución ni ley que cuide a los trabajadores de la calle: la autoridad actúa en base a lo que el Gobierno de la Ciudad dicta, no se da espacio al diálogo. Sin un marco normativo claro, las mesas de trabajo y las propuestas de reubicación son meros parches que no resuelven el fondo del problema.
Los desalojos en Caminito y Parque Los Andes no son hechos aislados, sino piezas de una política que prioriza el turismo y la estética por sobre el sustento de miles de familias. Al aplicar la “limpieza urbana” se fragmenta al barrio: unos exigen calles despejadas, otros defienden a quienes trabajan en ellas. Mientras la Ciudad celebra la recuperación del “orden” para el corporativismo y la especulación, deja en situación totalmente precaria a miles de trabajadores, empujándolos indignamente a la marginalidad. Solo un marco normativo que reconozca estos oficios, garantice espacios y esté dispuesto al diálogo podría reconstruir todo el daño que se realizó en el último año.
