La masacre de Budge
Cada 8 de mayo se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, en memoria de los jóvenes Adrián, Oscar y Mauricio, asesinados por la policía bonaerense en 1987 en la localidad de Ingeniero Budge. Aquel episodio —que puso en evidencia el accionar violento de las fuerzas de seguridad aún en plena democracia— se transformó en símbolo de una problemática que, lejos de resolverse, se mantiene vigente en las calles de nuestro país. En 2024, el contexto político le da a esta fecha una gravedad renovada. Desde la asunción de Javier Milei, organismos de derechos humanos, movimientos sociales y colectivos jurídicos alertan sobre una nueva fase de represión institucionalizada y un discurso oficial que fomenta el odio, la estigmatización y el uso desmedido de la fuerza.
El punto de inflexión fue la implementación del “Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público”, impulsado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Presentado como una respuesta “de orden”, el protocolo habilita la actuación directa de las fuerzas federales ante cualquier interrupción del tránsito, sin requerir orden judicial ni agotar vías de mediación. Además, autoriza el uso de armas “no letales”, permite filmar manifestantes para identificarlos posteriormente y amenaza con sanciones económicas a las organizaciones convocantes. Diversos juristas y organismos internacionales han señalado que este instrumento vulnera el derecho a la protesta, reconocido por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. Su aplicación derivó en episodios de represión sistemática, detenciones arbitrarias, golpizas y hostigamiento a la prensa. Los intentos de censura son moneda corriente: el 12 de marzo se cometió el uso indiscriminado de la fuerza y el fotoperiodista Pablo Grillo fue baleado con un cartucho de gas lacrimógeno, disparado de forma recta y no a 45 grados como lo indica su manual. Esto derivó en que sea atendido de urgencia al casi perder su vida; al día de hoy continúa internado pero afortunadamente fuera de riesgo.
Discursos de odio
A esto se suma el avance de la estigmatización y los discursos de odio promovidos desde los más altos niveles del poder político. El Presidente y varios de sus funcionarios han utilizado públicamente términos como “terroristas”, “subversivos” o “delincuentes” para referirse a manifestantes, referentes sindicales y organizaciones sociales. Estas expresiones habilitan y legitiman la violencia estatal, se trata de un discurso de odio promovido desde el propio Poder Ejecutivo: Milei ha calificado públicamente a organizaciones sociales como “nidos de parásitos”, a sus referentes como “delincuentes” y a quienes se manifiestan como “terroristas que quieren destruir la república”. Patricia Bullrich ha dicho que “al que corta, se le aplica todo el peso de la ley”, sin distinguir entre delito y protesta legítima.
Los medios masivos, por su parte, reproducen sin filtro estas narrativas. Titulares como “la marcha de los violentos” o “el caos de los piqueteros” instalan la idea de que protestar es un acto ilegítimo, y que la represión es una respuesta necesaria. Esto contribuye a un retroceso del consenso democrático sobre los derechos humanos, especialmente entre sectores que ven en la “mano dura” una solución a los problemas sociales.
Asociación Contra la Violencia Institucional
Matías Busso, integrante de la Asociación Contra la Violencia Institucional (ACVI), afirmó que a partir de la llegada de La Libertad Avanza al gobierno se observó un avance acelerado en lo que respecta al aspecto punitivo y represivo del Estado incluyendo una agenda que busca vulnerar derechos y aumentar los niveles de violencia institucional. El caso más evidente lo sitúan en el aumento de la represión a la protesta social, en la cual el protocolo antipiquetes es fundamental al negar el derecho a la protesta -en tanto derecho de expresión- y privilegiando la circulación de tráfico y transeúntes por sobre la integridad de las personas que se manifiestan.
Existe un correlato histórico entre los gobiernos de derecha en la Argentina: ocurrió durante el gobierno de Macri, donde fue la misma Patricia Bullrich la exponente de estas políticas, ocurrió durante el menemismo -que Milei reivindica de manera explícita y continua- y ocurrió de manera sistemática durante la última dictadura cívico militar.
Desde que ACVI lanzó su dispositivo de monitoreo, junto a observadores de derechos humanos, se visualiza un crecimiento alarmante de la violencia policial, sobre todo contra sectores vulnerables como los jubilados que marchan cada miércoles: “gasean, golpean, y ya registramos personas que perdieron la visión por impactos de bala de goma”. Desde la ACVI aseguran que no son excesos, sino delitos cometidos con aval político.
Mientras los recortes en salud, educación y salarios aumentan, se destinan cada vez más recursos al aparato represivo estatal. Los proyectos por la baja de la edad de imputabilidad a 14 años son otra muestra: “es exactamente la edad que fijó la dictadura”.
Al preguntarle a Busso qué representa este día, respondió: «Es la memoria histórica del pueblo argentino, que tiene sus antecedentes en las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, en la lucha contra los crímenes y el pedido por Memoria, Verdad y Justicia. La masacre de Budge es recordada y es un hito no tanto por el crimen atroz que se cometió, sino por la respuesta que tuvo por parte de la sociedad: a nivel barrial, a nivel de las organizaciones sociales y los organismos de derechos humanos, cómo hicieron que este caso se convierta en un emblema para visibilizar una violencia que aún hoy buscan invisibilizar».
«A 42 años de la última dictadura, en un país donde las heridas del pasado siguen abiertas, la violencia institucional no puede disfrazarse de orden. El derecho a la protesta, la libertad de expresión y la integridad física son pilares constitucionales. Frente a un gobierno que reivindica discursos de odio, avala el abuso policial y retrocede en materia de derechos conquistados, el 8 de mayo nos interpela más que nunca: no hay futuro posible sin Memoria, Verdad y Justicia también para las víctimas de hoy», concluyó.
