El gobierno de José Raúl Mulino cumple un año el próximo martes 1 de julio. Ganó con apenas el 34% de los votos y nunca participó en debates públicos. Apenas asumió, comenzó a aplicar su agenda de reforma a la Caja de Seguro Social, reapertura de la mina, firma del memorando de entendimiento con EE.UU., y judicialización y persecución de dirigentes sociales. El Grito del Sur dialogó con Irving Pinzon, secretario de Prensa del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS), gremio combativo que resiste las políticas entreguistas de Mulino.
La reforma previsional
La Ley 462, promulgada el 18 de marzo de 2025, modifica la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS) en Panamá aumentado así tres años la edad de jubilación -hasta 65 años los hombres y 60 las mujeres- y un 3% de la cuota patronal. “La ley aprobada no incorporó las demandas sindicales ni las recomendaciones de la OIT. El proyecto fue aprobado con modificaciones superficiales, pero en el fondo mantiene una lógica regresiva: aumenta la edad de jubilación, reduce las pensiones, y privatiza el manejo de fondos previsionales al permitir que pasen a la banca privada”, apuntó Pinzon.
“En febrero de este año comenzamos con fuertes protestas contra esta ley y en esa oportunidad hubo 600 detenidos con detenciones que incluyeron torturas a los manifestantes y los policías amenazaron a las mujeres detenidas con violarlas”, relató el dirigente gremial.
Esta reforma ya se quiso implementar en el año 2005 bajo el gobierno de Martín Torrijos Espino, pero se logró frenar con 31 días de huelga y una fuerte represión. Luego de esas protestas, el propio Mulino dijo en una conferencia de prensa que iba a atacar a nuestro sindicato SUNTRACS.
«Ahí comenzó una arremetida de judicialización y de imponer expedientes a nuestra junta directiva, incluyéndome a mí. Se inició con el dirigente Jaime Caballero y continuó con otros; por ello, nuestro secretario general Saúl Méndez se encuentra refugiado en la Embajada de Bolivia», relató el secretario de Prensa.
La Embajada boliviana informó de la solicitud de asilo político de Méndez y le fue manifestado que el Consejo Nacional de Refugiados de La Paz determinará «efectivamente» la respuesta al pedido.
Recrudecimiento de la represión y judicialización de dirigentes
La aprobación de la reforma previsional no detuvo las manifestaciones, sino que logró unir a los diferentes sectores de trabajadores: “Los docentes declararon una huelga el 23 de abril y los obreros, en conjunto con otras organizaciones, hicieron lo propio el 28 de abril. Allí comenzaron los enfrentamientos más fuertes con la policía, no solo en la capital sino también en las provincias con una arremetida por parte del Gobierno judicializando la protesta social y persiguiendo a los dirigentes sindicales del SUNTRACS y caciques de los pueblos originarios”, afirmó Pinzon.
Las protestas continúan en estos días, pero tuvieron su foco más fuerte al oeste de Panamá, en la provincia de Bocas de Toro, donde Mulino decretó un estado de excepción. “En esa área opera la empresa Bananera Chiquita Panamá. Después de haber conversado con los dirigentes y con el gobierno, se tomó la decisión de despedir a más de 2000 trabajadores lo que provocó fuertes protestas”, explicó Pinzon.
El gremio bananero comenzó a liderar una huelga que tuvo como saldo que el dirigente Francisco Smith fuera detenido y trasladado a las cárceles de máxima seguridad en Panamá. Desde allí, el dirigente denunció tratos inhumanos: desde terror psicológico hasta aislamiento. Al mismo tiempo, en Boca de Toro se intervinieron las comunicaciones de internet para que las manifestaciones que se realizaban en la zona no puedan ser transmitidas. La última manifestación dejó un saldo provisional de 200 detenidos, un muerto y decenas de heridos.
¿Memorándum o entrega?
El pasado 21 de abril, Panamá y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento en Ciudad de Panamá por el ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Abrego, y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. Éste contempla el uso por parte de tropas de EE.UU. de instalaciones de seguridad panameñas.
Desde Washington el secretario Hegseth celebró la firma del memorando, que tiene una duración de tres años, y afirmó en la reunión del gabinete del presidente Trump que Estados Unidos está «recuperando el Canal».
“Con la excusa de proteger y defender el canal de Panamá, la firma del memorándum de entendimiento viola la soberanía nacional. El propio Trump ha dicho: «Vamos a mandar tropas a Panamá y los barcos que pasen por el canal lo harán gratis”».
El canal de Panamá es un punto estratégico para el comercio y lo militar. Que el control esté bajo el mando de los Estados Unidos cobra una especial relevancia en la geopolítica mundial. “El canal es un estrecho de Ormuz en Occidente, por eso Estados Unidos está detrás de todo este asunto y nos pone en peligro”, explicó el dirigente.
“La situación que le espera a Panamá en estos 4 años es sumamente compleja. Desde SUNTRACS y a pesar de la persecución que hemos sufrido, seguimos más unidos que nunca. Distintos gobiernos, históricamente desde la dictadura y mucho antes también, han tratado de eliminarnos. Sin embargo, hemos resistido la muerte de compañeros, asesinatos de dirigentes por parte de la Policía Nacional y encarcelamiento a dirigentes. Ya esto lo hemos vivido, pero los obreros estamos más unidos que nunca y confiando en que el pueblo panameño pueda defenderse de Mulino y sus lacayos”, finalizó Pinzon.
