La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión por la causa Vialidad. Pese a las advertencias de organismos internacionales sobre graves irregularidades procesales, el fallo fue ratificado. Al mismo tiempo, el gobierno de Javier Milei endureció su ofensiva judicial contra dirigentes opositores, aplicando con fuerza la llamada Doctrina Chocobar —la criminalización sistemática de la protesta social— y afianzando lo que muchos ya describen como un régimen de excepción, en el que el Poder Judicial actúa como brazo político al servicio del oficialismo.
Esto no es nuevo. Lejos de ser una anomalía, la historia argentina está repleta de episodios en los que se ha usado el aparato judicial para silenciar o disciplinar a líderes populares. Desde hace más de dos siglos, quienes enfrentan al poder económico suelen ser los que terminan acusados de “corrupción” o “sedición”.
Vale la pena recordar que incluso el propio José de San Martín fue víctima de estas estrategias. Lo acusaron de malversar fondos públicos. ¿Quién? Nada menos que Bernardino Rivadavia, el presidente que hipotecó el país tomando un préstamo con Baring Brothers, garantizado con tierras públicas. Buena parte de ese dinero fue a parar a la Guerra del Brasil, y también a enriquecer a los mismos sectores privilegiados de siempre. Mientras tanto, San Martín proponía un modesto impuesto del 1,5 al 2 % a las grandes fortunas para reconstruir el país. Su iniciativa le costó caro: persecución política y exilio. Más tarde, Bartolomé Mitre —fundador del diario La Nación— se encargó de pulir la versión oficial, glorificando a Rivadavia y enterrando las verdaderas razones detrás de la marginación del Libertador.
Con el tiempo, el patrón se repitió. El lawfare —esa forma de guerra política disfrazada de legalidad— fue apuntando, una y otra vez, hacia los mismos sectores. Martín Miguel de Güemes fue asesinado en 1821 después de aplicar un impuesto a los terratenientes. Hipólito Yrigoyen fue derrocado en 1930 por atreverse a nacionalizar el petróleo. Juan Domingo Perón tuvo que exiliarse en 1955 por redistribuir la riqueza. Y Cristina Fernández de Kirchner fue condenada en una causa que, según la Auditoría General, no presentó sobreprecios en las obras, el 98 % de las cuales fueron finalizadas. Aun así, la Corte Suprema dictó sentencia: “culpable”.
Pero el lawfare no llega solo. Desde 2023, la represión también se volvió norma. La estrategia es clara: judicializar la protesta social. A manifestantes que cortan calles los acusan de “sedición” y hasta de “terrorismo”. En mayo de 2025, cinco referentes piqueteros fueron condenados a tres años de prisión. Mientras tanto, los grandes empresarios que fugaron más de 300.000 millones de dólares entre 2015 y 2023 siguen sin enfrentar una sola imputación. Y los grandes medios, como Clarín o La Nación, hacen su parte: pintan a los manifestantes de mafiosos, peligrosos y enemigos públicos.
En paralelo, la economía atraviesa una tormenta feroz. En menos de dos años de gestión, ya se fugaron del país más de 48.000 millones de dólares. Son datos oficiales, del Banco Central y de consultoras privadas. La receta fue simple: apertura total del mercado cambiario, desregulación financiera y abandono de cualquier defensa del peso. Resultado: una sangría imparable de divisas.
Lo más llamativo es que, mientras el Gobierno y sus voceros judicializan a referentes opositores por presunta corrupción o “instigación al caos”, no hay investigaciones en curso contra quienes promovieron esta fuga masiva o la #LibraEstafa. Algunos de ellos, de hecho, fueron premiados: condonación de impuestos, subsidios a la exportación, blanqueo de capitales entre 2023 y 2024. La doble vara está a la vista. Como dijo un conocido economista de la Universidad de Buenos Aires: “Milei construyó una república sin moneda, donde se castiga la resistencia y se premia la evasión”.
La historia de CFK, mientras tanto, no se detiene. El 10 de junio de 2025, la Corte Suprema confirmó la condena e inhabilitación perpetua. El 17 de junio, un tribunal le concedió arresto domiciliario, con tobillera electrónica, por su edad (72 años) y por cuestiones de seguridad, tras sobrevivir a un intento de magnicidio en 2022. Un día después, cientos de miles de personas colmaron las calles de Buenos Aires para respaldarla. Para muchos, Cristina ya no es sólo una dirigente: es un símbolo. En los próximos meses, aún deberá enfrentar tres juicios más: la Causa Cuadernos (desde el 6 de noviembre), Hotesur-Los Sauces y el caso del Memorándum con Irán.
A esta altura, lo que asombra no es la repetición, sino su claridad. Desde San Martín hasta Cristina, se repiten los mismos mecanismos: Lawfare para perseguir opositores, Doctrina Chocobar para reprimir al que protesta, y medios hegemónicos para moldear la opinión pública. Los acusadores, en general, vienen de las élites económicas. Los acusados, de los movimientos populares.
Y, sin embargo, la historia siempre da vueltas. San Martín, perseguido, es hoy un prócer. Perón, exiliado, volvió en 1973. Cristina, condenada, sigue siendo la figura con mayor respaldo dentro del peronismo. Aún encerrada en su departamento, con tobillera, mantiene un núcleo movilizado que la escucha, la sigue y que, quién sabe, tal vez vuelva a poner su nombre en lo alto como Mandela o Lula Da Silva.
Como dijo Evita: “Los odios de hoy serán las glorias del mañana”.
Quizás, como tantas veces antes, sea la resistencia popular —esa que renació en 2001— la que escriba el próximo capítulo de la historia argentina.
