El pasado 6 de junio, organizaciones migrantes, activistas, académicos/as y referencias de derechos humanos se encontraron en el Congreso para exigir la derogación del DNU 366/2025, una norma inconstitucional y arbitraria del Poder Ejecutivo que busca criminalizar la migración y avanzar sobre derechos históricamente conquistados. En un acto en la Cámara de Diputados, con el respaldo del Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (FIT-U) y la presencia de la diputada Vanina Biasi, fue presentado un proyecto de ley para tirar abajo este decreto que refuerza la xenofobia institucional y vulnera las vidas de quienes habitan y aportan en este territorio.
El avance contra los derechos migrantes se profundiza
Desde el retorno de la democracia, la Ley de Migraciones N° 25.871 —sancionada en 2003 tras años de lucha de las organizaciones migrantes y de derechos humanos— marcó un hito en la región: reconoció la migración como un derecho humano y garantizó el acceso igualitario de derechos, sin importar la situación migratoria. Pero el embate contra este consenso no es nuevo: en tiempos del macrismo, el DNU 70/2017 abrió la puerta a una avanzada regresiva, instalando una lógica securitaria que asocia migración con delito. Hoy, con el gobierno de Javier Milei, esa política se retoma y se profundiza con el DNU, que busca desmantelar los pilares democráticos de la ley y criminalizar a quienes migran en busca de una vida digna.
Con argumentos vagos, datos manipulados y retóricas cargadas de falacias, este cambio normativo pone a las personas migrantes como chivo expiatorio frente a un escenario económico y social crítico, pero estructuralmente repetido en la historia argentina. El DNU modifica, sin justificación real de necesidad y/o urgencia, la Ley de Migraciones, la Ley de Educación Superior y Nacional, y la Ley de Ciudadanía. En el texto se menciona un supuesto “crecimiento notable” de la migración en el país. Sin embargo, los últimos incrementos significativos se registraron en las últimas dos décadas del siglo XX, cuando regía la ley migratoria de la dictadura (Ley 22.439, de 1981), esencialmente restrictiva y excluyente. Desde la sanción de la nueva ley, no solo no hubo un aumento desmedido de la inmigración, sino que las estadísticas muestran una reducción sostenida, tanto en términos absolutos como proporcionales. Así, la urgencia no es migratoria: es política, y apunta a reforzar una narrativa de exclusión y ajuste sobre los sectores más vulnerables.
Dentro de los cambios sustantivos del DNU, se destaca la modificación en el acceso a la atención sanitaria en establecimientos públicos: solo podrán recibirla de manera gratuita quienes cuenten con residencia permanente, a menos que tengan un seguro de salud o paguen previamente por el servicio. La única excepción será en situaciones de emergencia, donde los hospitales no podrán negarse a atender sin importar la situación migratoria. En educación superior, la gratuidad seguirá siendo garantizada para argentinos nativos, por opción, y para personas extranjeras con residencia permanente. A su vez, se faculta a las universidades públicas a cobrar retribuciones por los servicios educativos a quienes estén en situación migratoria irregular.
Frente a este panorama, la pregunta que se impone es que quienes migran ya tributan como cualquier otro habitante y además deben afrontar las tasas migratorias de cada trámite, muchas veces onerosas y dilatadas. ¿Por qué se les exige un pago adicional por derechos que están en la Constitución y a nivel internacional? ¿No es una contribución forzosa extraordinaria que rompe el principio de igualdad y no discriminación? Así, esta reforma avanza en la construcción de una ciudadanía de primera y otra de descarte, que en lugar de ampliar derechos, los jerarquiza, transformando la migración en una variable para el ajuste y la exclusión.
Y si de ciudadanía hablamos, el DNU al unísono de la “seguridad, eficiencia y transparencia” redefine quién merece ser parte del demos como en la Grecia clásica, el estatus de ciudadano se filtra: no por pertenencia ni por arraigo, sino por una serie de criterios administrativos cargados de desconfianza, burocracia y lógica securitaria. El “otro”, el migrante, vuelve a ser el bárbaro al que hay que disciplinar, observar o excluir.
Mientras tanto, se abre paso un nuevo modelo de ciudadanía: la ciudadanía por inversión. Bajo la órbita del Ministerio de Economía, se promueve una vía directa para quienes puedan pagarla. ¿Tenés 500.000 dólares? Bienvenido: podés ser argentino. De este modo, no hace falta haber vivido, luchado o amado esta tierra. Basta con comprarla.
De este modo, la idea de ciudadanía deja de ser un derecho colectivo, un proceso de integración o una apuesta política a un futuro común. Pasa a ser un bien transable en el mercado, traducida para los pobres en exigencias interminables, sospechas institucionalizadas y un laberinto de papeles; y para los ricos, en cambio, la alfombra roja y el pasaporte listo siendo así la nacionalidad como premio al capital y como espejo de la Gold Card de Trump, pero versión criolla en donde la matria es para quien pueda pagarla.
En síntesis, el DNU 366/2025 no es solo un cambio normativo sino una avanzada sobre múltiples dimensiones de la vida migrante: afecta el ingreso fronterizo, la reunificación familiar, los derechos de niños, niñas y adolescentes, los procesos de regularización, la cooperación regional y hasta el necesario debate pendiente sobre el racismo estructural en Argentina. En consecuencia, acá lo central es que toda política pública puede discutirse, claro, pero solo es legítima si respeta la Constitución y los derechos fundamentales. Este decreto no respeta ni la forma —al imponer una reforma legislativa por decreto, sin necesidad ni urgencia reales— ni el fondo, al vulnerar derechos de jerarquía constitucional que deberían estar garantizados para todos.
Frente a este panorama, no hay neutralidad posible y es momento de unir nuestras luchas, de levantar las consignas del 4 de junio y de seguir marchando sumando el grito de Ni Una Migranta Menos. Que nuestra unidad sea la respuesta y nuestra tarea próxima un frente común por la dignidad y los derechos de quienes habitan y construyen esta tierra, más allá de dónde nacieron.
