En el corazón de la Dirección Nacional de Vialidad se esconde una trama de privilegios, manipulación y corrupción. El caso de Cecilia La Greca, secretaria administrativa sin formación universitaria, expone una estructura podrida donde los vínculos personales pesan más que el mérito, la ley y el sentido común.
La Greca ingresó en 2016 como administrativa en la Subgerencia de Recursos Humanos. Su función: secretaria del Licenciado Diego Riveira, hoy máxima autoridad del área. Sin capacitación, sin estudios superiores, sin haber ocupado jamás un cargo técnico o profesional, La Greca protagonizó un ascenso tan fulminante como fraudulento.
En octubre de 2023, sin expediente, sin dictamen jurídico, sin informe de desempeño ni constancia de funciones técnicas, fue reencasillada como “Técnico Grado Especial 4”, con un salto salarial del 200%. Lo sorprendente no termina ahí: apenas siete meses después, en julio de 2024, vuelve a ser ascendida —esta vez como “Profesional Extraordinario Grado 6”— y su sueldo se dispara a más de $6.200.000 mensuales.
Todo esto ocurrió sin que hubiera hecho un solo curso, sin un título universitario, sin ocupar ninguna función profesional dentro del organismo. Las actas paritarias que supuestamente avalan estas modificaciones son ilegítimas, desconocidas por los gremios, no figuran en expediente papel y/o digitalizados en el GDE, ni están firmadas por autoridad legal alguna. En otras palabras, son papel pintado al servicio del fraude.
Pero el saqueo no termina con los sobresueldos. En pleno período de transición institucional, con acefalía en la dirección y funcionarios salientes ocupados en ubicar a sus alfiles, La Greca fue nombrada Subgerente de Administración del Personal, área desde la cual ahora controla haberes y asistencia del personal de todo el organismo. El nombramiento también fue exprés, sin expediente, sin respaldo jurídico y con total desprecio por los procedimientos establecidos.
Frente al problema era evidente: su nuevo cargo tenía un salario mucho menor al que ya cobraba ilegalmente. ¿La solución? Riveira, desde su puesto de poder, decidió que se le mantuviera el salario inflado, en una decisión inédita y abiertamente ilegal. Así, la secretaria devenida en jefa se quedó con un sueldo 30% superior al de gerentes ejecutivos con 40 años de experiencia y títulos de posgrado. Así, por decreto propio, La Greca cobra más que sus superiores, con funciones inventadas y una autoridad que nadie le otorgó formalmente.
El escándalo sigue creciendo: cobra más de $3 millones en horas extras “fantasma”, , y su hermano y otros familiares habrían sido contratado a través de los polémicos convenios con AUSOL. Todo esto mientras se amenaza con despidos masivos a trabajadores calificados, muchos de ellos con años de servicio, títulos universitarios y formación real. En Vialidad, el que estudia y trabaja con honestidad está en peligro; el que acomoda y manipula, asciende y se enriquece.
Esto no es un hecho aislado. Se sospecha que existen decenas —tal vez centenas— de modificaciones irregulares como esta, siempre favoreciendo a los mismos: funcionarios infieles, sus allegados y sus cómplices. Todo a espaldas de la ley y a costa del dinero de los contribuyentes.
¿Y qué hace el Administrador General, Ing. Marcelo Campoy? Nada. O peor aún: sabe y permite. Porque esta red de favores no solo le es funcional: es parte de la lógica con la que se manejan ciertos sectores del Estado desde hace años. Cambian los nombres, pero el mecanismo es el mismo. La corrupción no tiene ideología, pero sí aliados silenciosos.
El caso La Greca no es una anécdota: es un símbolo. Una prueba obscena de cómo se reparten cargos y millones mientras se desmantela la carrera administrativa, se vacía la moral del Estado y se pisotea a los trabajadores que sostienen, con esfuerzo y vocación, lo que queda en pie.
