El caso de Celia Ramos Durand ha logrado visibilizar de manera categórica las esterilizaciones forzosas ocurridas en Perú durante la década de 1990, como parte de una política sistemática de violaciones a los derechos humanos y reproductivos de las mujeres, en la que se documentan al menos 270 mil víctimas. Esta práctica no consentida constituyó el rostro más desalmado de la dictadura perpetrada por Alberto Fujimori, que terminó con la vida de al menos 18 mujeres, entre ellas Celia Ramos, mujer campesina esterilizada forzosamente a sus 34 años. En la actualidad, tras varias décadas de impunidad, su caso llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Hace pocos días, el testimonio de su hija Maricela fue contundente al exigir justicia y reparación para todas las víctimas. Para analizar en profundidad las esterilizaciones de Fujimori y los diferentes tópicos alrededor del desarrollo del juicio, nos contactamos con diferentes profesionales vinculadas al caso: María Ysabel Cedano, abogada del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer DEMUS; Johanna González, abogada del Centro de Derechos Reproductivos; y Gisela de León, directora jurídica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL.
“El programa nacional de salud reproductiva y planificación familiar se implementó oficialmente para realizar un control poblacional sobre la pobreza, entre los años 1996 y 2000. Estaba dirigido y tarjeteado a mujeres pobres, viviendo en la ruralidad, indígenas, analfabetas, quechua hablantes. Lo dice la perita Kimberly Thaidon: ‘no era eliminar la pobreza, sino eliminar a los pobres’», apuntó Johanna González. Cedano concuerda: “El programa violó los derechos humanos a la planificación familiar, al consentimiento previo, libre e informado, a la salud y la vida. El Comité CEDAW estableció que fue una política discriminatoria racista y machista”.
Por su parte, González remarcó que las esterilizaciones llevadas a cabo sobre los cuerpos femeninos tuvieron una clara beta discriminatoria, coercitiva y violatoria de los derechos humanos y reproductivos. “No estaba garantizado el consentimiento informado de estas mujeres. A Celia la presionaron en múltiples instancias sin explicarle bien de qué trataba la cirugía y los riesgos que tiene todo procedimiento quirúrgico, sin tratar de procurar bien su consentimiento. Se la presionó para que vaya al puesto de salud y se realice la cirugía”.
El programa estipulaba metas claras. “Fujimori y el ministro de salud Costa Bauer dicen: ‘vamos a tener esta determinada cantidad de esterilizaciones’. Lo que terminó pasando es que se obligaba a los puestos de salud y a su personal a que tengan cuotas de captación de mujeres”, señaló González. En este desarrollo, no se contemplaron las condiciones médicas necesarias para realizar las cirugías de forma segura. De León aportó que incluso existen denuncias documentadas en los medios de comunicación, en donde los médicos expusieron que estaban siendo obligados a participar en procedimientos médicos bajo condiciones insalubres. La falta de garantías en el procedimiento terminó con la muerte de Ramos, tras un paro cardiorrespiratorio y 19 días en terapia intensiva.
A la par, Johanna González reflexionó: “Lo principal radica en poder hablar de cómo se constituye la violencia reproductiva, que intentamos que se reconozca como un tipo de violencia diferenciada. Estas 7000 mujeres que están hoy en el registro de víctimas de esterilizaciones forzadas, lo que sufrieron fue violencia reproductiva, violencia contra su autonomía de poder decidir cuándo y de qué manera tener hijos, acceder a servicios de salud y a la información necesaria sobre salud sexual y reproductiva”.
“Esto ocurrió en el marco del conflicto armado peruano y dentro de ese marco ya está reconocido a nivel de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, a nivel de la Comisión Interamericana y también a nivel de Naciones Unidas que se cometieron graves violaciones de derechos humanos. Estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura como parte de una estrategia contra el insurgimiento que se dio en esa época”, remarcó De León y agregó que las esterilizaciones se aplicaban especialmente en las zonas en donde había más afectación del conflicto armado.
González hizo hincapié en el abordaje de la perita Theidon, al reponer la mecánica de funcionamiento de las diferentes dictaduras instauradas en el cono sur, donde ha primado una perspectiva de control sobre el cuerpo femenino: “La idea es tener el control sobre el cuerpo y su autonomía. Porque justamente se pensaba con un sesgo discriminatorio, que eran mujeres pobres que no podían tener control sobre su reproducción. Así que el Estado se tiene que meter y esterilizarlas”, apuntó. De León concordó: “El caso de Perú no era aislado, existían ese tipo de políticas en distintos países de la región. A mí lo que me llama la atención es que el Estado que lo está negando en este momento no es el Estado de Fujimori. Es un gobierno que supuestamente es democrático y lo niega inclusive en contra de informes de sus propias entidades estatales».
Responsabilidad del Estado peruano y visibilización del caso
“A lo largo de las últimas tres décadas primó la falta de justicia ante este crimen de lesa humanidad. Las esterilizaciones forzadas no fueron reconocidas en la Comisión de la Verdad que tuvo Perú y esto dejó invisibilizadas a muchas mujeres que habían visto afectadas su autonomía reproductiva», esbozó González. A pesar de la documentación pertinente que respaldaba las denuncias efectuadas en torno a la violación de la autonomía reproductiva de las mujeres, estos crímenes no se contemplaron en el informe. Sin embargo, De León puntualizó en que el caso de la esterilización forzada perpetrada contra Ramos y su demostración legal no se efectuó en el vacío, sino en un contexto en el cual hay por lo menos 7000 mujeres documentadas que fueron víctimas de esterilizaciones, que constan en el registro estatal REVIESFO. Aunque la cantidad de víctimas de esterilizaciones forzosas ascienden a cientos de miles.
González analizó la responsabilidad del Estado peruano en esta práctica: “El Estado ha tenido una postura de negación sin reconocer la existencia de las vulneraciones que hubo en el programa, aunque cuente con estos reconocimientos y haya informes del Congreso, de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio de Salud, en donde llegaron a la conclusión de que se no se estaba garantizando el consentimiento libre, previo, pleno e informado de las mujeres. La postura del Estado sigue siendo ésta, hablan del plan pero no hablan bien de la implementación, hablan únicamente del diseño o qué es lo que dice el texto, pero el problema fue justamente la implementación de cómo se hizo este programa”.
Durante la audiencia, el Estado negó que los hechos hayan sido parte de una política sistemática. “Se les ha dicho que no es cierto que hayan sido obligadas a esterilizarse, sino que lo hicieron por voluntad propia. Que casos como el de Celia y al menos otras 17 mujeres que fallecieron, fueron un accidente o temas de mala praxis”, sostuvo De León. «Si bien no es el primer caso de esterilizaciones forzadas en llegar a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, dado que existe un antecedente en Bolivia, el caso peruano, por su plan de sistematicidad y alcance, constituye un crimen de lesa humanidad: se ve la sistematicidad y el cómo estaba dirigida contra determinada población», agregó.
De la misma forma, el actual gobierno peruano intenta reglamentar la ley APCI, llamada popularmente ley injusticia, que implica que las organizaciones de derechos humanos no puedan representar legalmente en el juicio a las víctimas de crímenes de lesa humanidad. Como represalia, estipularon grandes multas e incluso la posibilidad de disolución de la personería jurídica. González señaló que “uno de los impulsores de esta ley fue el congresista Aguinaga, quien está siendo investigado por las esterilizaciones forzadas, porque fue ministro de Salud durante los 90”.
“El fujimorismo y la coalición dictatorial en el Perú son negacionistas y terruqueadores. Tienen el poder económico y político para propalar su negacionismo. Sin embargo, no han podido contra la persistencia y consistencia de los testimonios. Hay un movimiento de memoria histórica que las víctimas y sobrevivientes han forjado y que los movimientos feministas y de derechos humanos acompañamos”, esgrimió Cedano. La enorme repercusión y visibilización del caso de Celia Ramos supone un fuerte precedente y una enorme representatividad tanto para otras mujeres víctimas de esta práctica como para sus familiares. “Lo que esperamos de la sentencia en el futuro es que pueda haber cambios estructurales”, señaló González. A la par, mencionó la centralidad de que se legisle acerca de garantías de no repetición y reparación, para que este tipo de vejaciones llevadas a cabo por el Estado no le vuelvan a ocurrir a ninguna otra mujer. Cedano concluyó: “Vencer la impunidad en este caso es vencer el sufrimiento, la crueldad y la cultura que no respeta el consentimiento de todas las mujeres por igual, como derecho humano”.
