Sandra Arroyo Salgado está a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1 de San Isidro. Fue designada allí en el año 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner. Además de Alberto Nisman, se señala al ex espía Jaime Stiuso como uno de sus impulsores para este cargo. Específicamente, este juzgado interviene en casos que involucran leyes federales, como delitos contra la administración pública, narcotráfico y contrabando, entre otros.
Entre los años 1994 y 2012 estuvo casada con el fiscal Nisman, por lo que el fallecimiento de su ex marido el 18 de enero de 2015 le dio mayor visibilidad mediática. Desde un primer momento, Arroyo Salgado sostuvo -en línea con los grandes grupos mediáticos y los partidos de oposición al kirchnerismo- que Nisman fue asesinado y que se trató de un «tercer atentado terrorista». También aludió a los «servicios de inteligencia» como responsables de este hecho.
La jueza siempre prefirió estar lejos de la exposición periodística. Sin embargo, hubo una circunstancia que la acercó particularmente al Grupo Clarín: el resonante caso que involucró a Ernestina Herrera de Noble por la apropiación de Marcela y Felipe Noble, cuya causa estuvo en manos de la ex esposa de Nisman desde abril de 2010. Tan pesada era esta causa que sus antecesores en el Juzgado Federal N° 1 de San Isidro, Roberto Marquevich y Daniel Piotti, fueron destituidos (acusados de mal desempeño) por haber ordenado en el año 2002 el arresto de Herrera de Noble. Precisamente, Arroyo Salgado fue acusada de «demorar» la causa y dejarla inactiva al no hacerse eco de algunas medidas propuestas por el fiscal subrogante después de un escrito presentado por el abogado y periodista Pablo Llonto en noviembre de 2013.
En enero de 2017, Arroyo Salgado viajó junto a sus dos hijas a Jerusalén, donde fueron recibidas por el entonces presidente de Israel, Reuven Rivlin. Durante ese mismo viaje, la jueza presenció la inauguración del denominado Centro de Conmemoración a la memoria de Alberto Nisman, ubicado en la localidad de Ben Shemen (entre Jerusalem y Tel Aviv). En los tribunales se comenta que Arroyo Salgado es también una asidua de la Embajada de Estados Unidos -fue parte del festejo del Día de la Independencia el 4 de julio pasado- y que participa en eventos festivos del llamado «Círculo Rojo».
En diciembre de 2018, Arroyo Salgado renunció a ser parte querellante en la causa por la muerte del fiscal Nisman. Si bien argumentó en un breve texto que su familia necesitaba recuperar tranquilidad «atendiendo al impacto emocional causado por el hecho objeto de la investigación», lo cierto es que la hipótesis del asesinato estaba muy debilitada y en un callejón sin salida. Las hijas del matrimonio, Iara y Kala, tampoco decidieron presentarse como querellantes.
La jueza federal es también autora de declaraciones rimbombantes. En 2023 aseguró que «los tres poderes del Estado están infiltrados por el narcotráfico». Y pronosticó: «En la provincia de Buenos Aires va a pasar lo que está pasando en Rosario». «Lo básico que habría que hacer es desandar el camino que instauró la ley de desfederalización que entró en vigencia en 2005 y va a contrapelo de la investigación del tráfico organizado. No se puede compartimentar las investigaciones en Justicia provincial y federal», agregó.
Con el presidente Javier Milei tuvo idas y vueltas. Por un lado, lo definió como «un líder que por primera vez tuvo el coraje de recordar con vehemencia el asesinato» de su ex marido y planteó también que «hoy Argentina está del lado correcto del mundo y no firmando pactos con estados terroristas». Por el otro, luego de acusar a Javier Milei por el posteo de X en el que buscaba otorgar legitimidad a $LIBRA, en abril de este año la Cámara Federal de San Martín declaró incompetente a Arroyo Salgado para que intervenga en la investigación por la criptomoneda y remitió el expediente a la magistrada federal de Comodoro Py María Servini. Esto significó una buena noticia para el Gobierno, ya que Servini delegó la instrucción en Eduardo Taiano, cuyo hijo trabaja en la Jefatura de Gabinete.
El pasado 25 de junio, Sandra Arroyo Salgado ordenó la detención de Alexia Abaigar -funcionaria del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires- tras una serie de allanamientos masivos ordenados por el juzgado federal. En la causa, se la acusó de participar de una manifestación frente al domicilio del diputado ultraderechista José Luis Espert, que incluyó el arrojo de excremento y un pasacalle de repudio político. Abaigar continúa con prisión domiciliaria y tobillera electrónica porque la jueza federal de San Isidro dispuso una fianza de 30 millones de pesos para recibir la excarcelación. Por su parte, la concejal de Quilmes Eva Mieri fue detenida el 2 de julio por su presunta participación en el escrache a Espert. Una serie de chats borrados habrían sido determinantes para rechazar su excarcelación, por lo que Arroyo Salgado dispuso el traslado de la dirigente de La Cámpora a una dependencia del Servicio Penitenciario Federal.
