El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), creado en 1957 y sostenido durante décadas como una política de Estado, está siendo desmantelado por el gobierno de Javier Milei a través de un decreto que modifica radicalmente su estructura, funciones y financiamiento. Lejos de representar un simple cambio administrativo, la medida implica una ofensiva directa contra uno de los pilares técnicos, científicos y productivos de la Argentina.
Con presencia en todas las provincias, el INTI ha sido durante más de seis décadas un instrumento fundamental para el desarrollo industrial del país. Su misión ha sido clara: transferencia de tecnología, mejora de procesos, certificación de productos y acompañamiento a las economías regionales. Cada centro de investigación está especializado en rubros clave como alimentos, cuero, biotecnología, lácteos o autopartes, entre otros.
El gobierno de Milei, en su cruzada de ajuste y desregulación, no sólo ha decidido desfinanciar al INTI, sino también quitarle funciones esenciales, como la certificación de productos importados. La desregulación de autopartes, por ejemplo, ya ha generado que las industrias automotrices adviertan sobre la pérdida de calidad, el aumento del riesgo en la seguridad vial y el impacto futuro en los seguros. Sin certificación, cualquier empresa puede producir partes sin estándares, generando un efecto dominó que afecta a toda la cadena.
Más grave aún es la desregulación de la certificación de pilas y baterías domiciliarias. Estos productos, que contienen sustancias tóxicas, ya no estarían sujetos a controles mínimos. Las consecuencias son evidentes: contaminación del agua, de las napas y del suelo; exposición de la población a materiales peligrosos; y riesgo incluso para productos médicos como marcapasos o equipos electrónicos infantiles.
Frente a este panorama, la eliminación de funciones no obedece a una supuesta eficiencia estatal, sino a una lógica de vaciamiento deliberado. El INTI es un organismo descentralizado con doble fuente de financiamiento (presupuesto nacional e ingresos propios por servicios), cuya gestión es auditada mensualmente. La idea de que se trata de una “caja negra” es una mentira sostenida por funcionarios que desconocen —o eligen ignorar— cómo funciona el Estado.
La historia reciente demuestra que esta ofensiva no es nueva. Durante el gobierno de Macri, ya se habían despedido 250 trabajadores del INTI —todos afiliados a ATE— solo para reemplazarlos por militantes propios. Se paralizaron desarrollos, se abandonaron proyectos y se realizaron obras absurdas y costosas, como la instalación de ojos de gato para el tránsito nocturno en un predio que funciona solo de día.
Hoy, con la disolución de su estructura y la centralización del INTI bajo la órbita de la Secretaría de Industria y Comercio, se pretende transformar un organismo científico-técnico complejo en una simple dependencia administrativa. Un sinsentido estructural que amenaza con romper la lógica de funcionamiento de laboratorios, certificadoras y centros altamente especializados.
Los trabajadores y trabajadoras del INTI —desde investigadores hasta personal de limpieza— poseen niveles de formación técnica y profesional imprescindibles. Hasta quienes limpian deben saber manipular entornos sensibles con virus, bacterias o sustancias tóxicas. No hay tarea “menor” en el INTI: todo exige conocimiento, experiencia y responsabilidad.
Frente a esta avanzada, la resistencia se organiza desde las bases, junto a las industrias y hasta con sectores de la propia Unión Industrial Argentina que ven con preocupación este desguace. El plan del gobierno no solo destruye empleo calificado, sino que pone en riesgo la salud pública, la seguridad de la población, la calidad industrial del país y su soberanía tecnológica.
El INTI no puede ser reemplazado por una planilla de Excel ni destruido por la miopía ideológica de quienes ven al Estado como un estorbo. La lucha por su defensa es también la defensa de una Argentina con ciencia, trabajo, industria y futuro.
