El gobierno nacional amenaza con modificar vía decreto la Ley Nacional de Glaciares, que legisla acerca de la protección y preservación de glaciares y ambiente periglacial, reglamentada en el año 2010. Aún no se conoce con precisión cuáles serán las modificaciones, pero podrían ser similares a las que han querido impulsar en la «ley ómnibus», referentes a expandir la zona de explotación en territorio periglacial.
Para reflexionar acerca de las implicaciones que tendrían estos cambios, dialogamos con María Laura Isla Raffaele, Licenciada en Ciencias Ambientales y Magíster en Políticas Ambientales y Territoriales; y con Lucas Ruiz, Doctor en Ciencias Geológicas, glaciólogo e investigador adjunto del CONICET.
“Desde el comienzo se intentó modificar la Ley de Glaciares, en lo que fue el proyecto inicial de la ley ómnibus”, destacó Isla en relación a la insistencia del actual gobierno libertario. “Principalmente le saca protección a los glaciares de escombro -inactivos mayoritariamente- localizados en las zonas más desérticas de nuestro país, de Mendoza para arriba. Casualmente son esos territorios los que están siendo muy disputados para querer expandir la minería y seguir explotando tanto el litio, como el cobre, el oro y muchos otros minerales”. A la par, reflexionó: “Lo que está por detrás de la modificación de la ley es un intento de favorecer las actividades extractivistas, específicamente la minería. Si se aprueba, se va a permitir que los glaciares puedan ser destruidos y no haya una penalidad”. En este sentido, Isla destacó que es necesario leer el escenario en vinculación con el RIGI y la pretensión de atraer inversiones extranjeras: “Priorizan el negocio económico por sobre los recursos y los glaciares”.
“La Ley de Glaciares nace de la lucha en contra de las mineras. El conflicto siempre estuvo y va a estar con la minería. La ley sigue siendo el gran escollo para el desarrollo de la minería en algunos lugares del país”, observó por su parte Ruiz. El glaciólogo mencionó dos provincias donde el negocio minero está ampliamente establecido. Por un lado, Santa Cruz, donde funcionan minas en explotación, pero no en territorio periglacial. Por el otro, el caso de San Juan, donde existen nuevas potencialidades y proyectos mineros que “tienen su zona de explotación en ambiente periglacial, planificando extraer sus minerales en los famosos glaciares de escombros, que son de hielo, y es lo que la Ley de Glaciares protege”. En este sentido, Ruiz analizó que la problemática gira en torno a que existen nuevos emprendimientos que visualizan de manera factible la producción y el desarrollo minero en territorio protegido, por lo que la Ley de Glaciares les representa un palo en la rueda. “Hoy en día, lo que se está viendo es que muchos de esos proyectos son económicamente viables pero no lo son ambientalmente”, amplió.
“Es una ley que desde que se sancionó ha sido muy disputada por el lobby minero en los distintos gobiernos. La cara visible de la oposición a la ley ha sido la empresa Barrick Gold, que estaría abiertamente implicada dado que la Ley de Glaciares prohíbe la minería y otras actividades dentro del ambiente glaciar y periglacial, y la empresa tiene sus emprendimientos más grandes en área periglacial”, reflexionó Isla. En la misma línea destacó que la Barrick Gold, empresa multinacional extranjera con gran peso, desde el comienzo viola la Ley de Glaciares, pero está amparada dado que presentan diferentes auditorías donde el resultado arroja que no se genera impacto ambiental en la zona. Asimismo reflexionó que es interesante entender los poderes que hay en juego cuando se habla del lobby minero: “No son solo las empresas, sino la conjunción con los poderes del Estado y, en particular, la provincia de San Juan siempre ha intentado impulsar la minería como política primordial, desde una lógica que pretende instalar el discurso de que la minería representa al progreso”.
Una de las discusiones más resonantes en torno a la evaluación de viabilidad en las proyecciones en la explotación minera giran en torno a dos variables difíciles de conciliar: Por un lado, la sustentabilidad y la protección del medioambiente; y por el otro, la importancia que reviste un esquema productivo para el desarrollo regional y del país. Dentro de esa dicotomía entre desarrollo productivo y sustentabilidad se abren grandes debates. “El desarrollo de la minería es una gran fuente de riqueza, un recurso finito que hay que saber aprovechar dado que puede generar grandes pasivos ambientales. Pero también implica una industria con alto riesgo ambiental”, reflexionó Ruiz.
Ruiz apuntó que, dado el conflicto de intereses que se produce, es necesario profundizar en especificaciones referentes a un establecimiento claro en torno a cómo se va a controlar y quién va a tomar las decisiones: “En general sucede que los ministerios de Ambiente no tienen personal para hacer un control a la altura del problema que están enfrentando”. Y mencionó el caso de San Juan, donde el control no lo hace el Ministerio de Ambiente, sino el de Minería. Entonces el mismo ministerio que tiene que promover la actividad es el mismo que la tiene que controlar: «Depende de un ministro de Minería que no va a hablar sobre el ambiente, el cuidado, la fauna, la biota y los ríos. Habla en toneladas de cobre, en magnitudes de minerales que pueden extraer, en dólares que pueden llegar de inversiones. Que eso es correcto, un ministro de Minería tiene que fomentar la minería, pero también tiene que haber un ministro de Ambiente, que piense en su cuidado».
Ahí nace nuevamente la discusión entre lo ambiental y lo económico. “¿Qué vamos a preferir? ¿Va a predominar la extracción de recursos minerales que traen riqueza y divisas al país o la óptica de cuidado y protección de estos reservorios de agua naturales que tenemos en la cordillera que nos permiten afrontar las sequías de mejor manera? Ahí está la puja”, observó Ruiz.
En este debate, Ruiz puso sobre la mesa la discusión acerca de la transición energética, que juega un papel central al pensar un esquema productivo a largo plazo: “Argentina tiene la posibilidad de ser un país que ayude o que se beneficie de esta transición energética y muchos ven en la Ley de Glaciares un escollo para que eso suceda. Hay otros que dicen: ‘No, si nosotros sacamos la Ley de Glaciares, nos van a contaminar toda la cordillera’. Y en el medio hay un montón de grises. No es blanco o negro, no es glaciares sí y minería no. Si nosotros pensamos en el cambio climático, la principal solución se llama transición energética”. Asimismo destacó: “Si no cambiamos la matriz de producción energética, muchos de los glaciares de nuestra cordillera están condenados”. A la vez, apuntó otra arista a considerar en torno a la posibilidad de convertir las matrices de producción a eléctricas: la electricidad se conduce por cables que tienen cobre en su interior. “El cobre como mineral se ha apreciado muchísimo en los últimos años, producto de que la mayoría de los países está haciendo la transición y para hacerla necesitan cobre y plata, que se utilizan tanto en los conectores como en paneles solares”.
“El mundo empieza a comprender otra forma de abastecimiento de energía, que implica una extracción de minerales que hasta el momento no venían siendo tan demandados”, comentó Isla. “Es importante que no sea una transición energética corporativa, que quienes tengan las ganancias no sean sólo las empresas multinacionales o algunos grupos económicos, poder pensar en una transición justa y popular. Pensarlo al conjunto de la sociedad y buscar generar diálogos entre empresas, productores y el sector ambientalista”, sostuvo Isla. En la misma óptica se preguntó: “¿queremos una transición energética que siga reproduciendo nuestras leyes de minería que fueron aprobadas en los 90, que proponen extraer los recursos y que nos quede prácticamente nada, con regalías escasas? O por el contrario, ¿queremos introducirnos interviniendo en la cadena de valor, no solo como productores de materias primas, queremos darle un valor agregado, pensar industrias?”.
“Ahora se están acabando los combustibles fósiles, se buscan alternativas pero siempre a costa de extraer y extraer, lo que genera un montón de daños y consecuencias ambientales y sociales. Los países que son proveedores de materias primas siempre son los mismos, entonces se siguen reproduciendo un montón de desigualdades. Si no se repiensa esta cuestión, vamos a caer en la misma trampa. El extractivismo tiene siempre la misma lógica», apuntó Isla.
“La Ley de Glaciares ha sido muy importante para el ambientalismo social, ONGs y para distintas organizaciones de base antimineras, que han considerado un logro poder imponer la voz de su pueblo. Se busca proteger las reservas de agua frente al avance de la minería, el planteo no es que no queremos minería, sino que no queremos minería en área glacial y periglacial porque queremos conservar nuestras reservas”, reflexionó Isla. En la misma línea, sostuvo que la actividad minera en la zona es perjudicial dado que ejercen diferentes tipos de contaminación, con respecto a los caminos e infraestructuras, dado que tienen que romper parte de los glaciares para transitar esos espacios. Por otro lado, también aportó que la minería genera mucho movimiento de camiones y explosivos que, a su vez, producen mucho polvo que se impregna en las masas de hielo modificando el albedo del glaciar, lo que favorece al derretimiento y retroceso del mismo.
“La ley es importante para la protección pura y exclusivamente de las reservas de agua en estado sólido. Es una normativa que permitió llevar tranquilidad a muchas personas del oeste argentino que veían cómo las empresas mineras podían no solo quedarse con la riqueza de los minerales, sino también dañar o contaminar las reservas de agua para el futuro”, analizó Ruiz y agregó que “los glaciares revisten una importancia absoluta porque son una reserva de agua a futuro, elementos del paisaje que nos permiten a nosotros mitigar el efecto de sequías”.
“Hay que pensar que nuestros glaciares son un recurso nacional. Muchos científicos que estudian el tema analizan cómo va a repercutir el retroceso de los glaciares en la disminución de agua en algunas regiones, principalmente desérticas. Eso es un problema a futuro, ¿qué va a pasar con esas comunidades que dependen de esos recursos para subsistir, para abastecerse?”, se preguntó Isla. A su vez, marcó que también repercute en entidades económicas que dependen del agua de los glaciares para el abastecimiento de sus cuencas hídricas.
Ruiz hizo hincapié en que es elemental mediar entre estas dos ópticas para conciliar una proyección conjunta a largo plazo: “Tiene que ser una solución consensuada entre los diferentes órganos del gobierno, la sociedad, la academia, las empresas. Todos los actores sociales que tienen miradas en muchos casos completamente antagónicas”, sostuvo. Además señaló que es vital alcanzar cierto nivel de comprensión y formación acerca de cómo funciona el ambiente y cuánta agua aportan los glaciares a la hora de evaluar si vale la pena continuar con el desarrollo en la zona: “¿Qué es lo que vamos a ganar con eso? ¿Qué van a ganar los que viven en esas provincias?”, enfatizó.
“Está en discusión quién gestiona, no solo los Estados o los gobiernos, sino también darle voz a las comunidades, sino parece que todo entra en la lógica del mercado. Hay otras formas de uso y de pensar”, concluyó Isla.
