Desde hace años, Argentina cuenta con tratamientos gratuitos y acceso al diagnóstico de VIH garantizado por ley. Sin embargo, las estadísticas y los testimonios de activistas y referentes del sector advierten sobre un retroceso. Aumentan los diagnósticos tardíos, se desfinancian políticas de prevención, hay demoras en la entrega de medicación y los discursos de estigmatización resurgen con fuerza.
En un contexto de fuertes recortes presupuestarios, reducción de políticas públicas y estigmatización renovada hacia las personas que viven con VIH y otras poblaciones vulnerables, existe un impacto negativo en el acceso a la salud y la prevención de nuevas infecciones. A esto se suma un discurso oficial que, desde el Poder Ejecutivo, minimiza los derechos vinculados a la salud sexual y reproductiva.
El ajuste llegó a la salud
Desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, las políticas públicas vinculadas al VIH sufrieron un fuerte debilitamiento. El Programa Nacional de VIH, ITS y Hepatitis virales, que históricamente articulaba la respuesta estatal, no fue convocado a reuniones del Consejo Nacional. Además, no hay información oficial sobre el estado de compra y distribución de medicamentos, test rápidos y preservativos. Algunos hospitales y servicios de infectología ya reportan faltantes o demoras en la entrega de antirretrovirales, sumado a la saturación de consultorios por falta de personal. En paralelo, se descontinuaron campañas de prevención, disminuyeron compras públicas de insumos y se suspendieron espacios institucionales como el Consejo Nacional de Políticas de VIH y Hepatitis.
Leandro Cahn, director ejecutivo de Fundación Huésped, explicó a este medio: “la sociedad civil está para complementar pero nunca para reemplazar al Estado. Es fundamental el rol que el Estado Nacional, el Ministerio de Salud como órgano garante y articulador de las políticas sanitarias, tiene que tener además de la entrega de los insumos que la ley demanda”.
La Ley Nacional de VIH, Hepatitis, ITS y Tuberculosis (Ley 27.675), aprobada en 2022, establece un marco de protección integral, garantiza el acceso gratuito al tratamiento, promueve campañas de prevención y plantea la no discriminación como eje central. Pero el cumplimiento de esta ley depende de una decisión política sostenida, planificación y recursos. En un contexto de ajuste generalizado, los avances logrados por décadas de lucha activista están siendo olvidados. Distintos hospitales y centros de salud de todo el país advierten sobre faltantes de medicación, preservativos, test rápidos y reactivos, lo que debilita la capacidad del sistema de ofrecer diagnóstico temprano y tratamiento continuo.
Cahn señaló: “a mayor nivel de testeo y diagnóstico temprano, mayor nivel de personas en tratamiento. Y eso implica una menor posibilidad de transmisión, porque una persona en tratamiento con carga viral indetectable no transmite el virus. Pero para eso hace falta información, campañas y acceso”. Si bien no se reportan faltantes masivos de medicamentos, sí hay demoras en las compras y problemas administrativos que han derivado en cambios de tratamiento no decididos por profesionales médicos.
Lucas Fauno Gutiérrez, activista y comunicador, milita por una vida digna, con goce y visibilidad para las personas que viven con el virus. “Para mí la visibilidad sigue siendo un acto sociopolítico, una urgencia y parte de mi ADN. No me siento ni mejor, ni peor, ni creo que sea un iluminado o alguien distinto. Soy una persona que desde su trayectoria, desde su laburo, desde su manera de vivir las cosas, visibiliza. Cada persona desde su lugar hace lo que puede y eso es muchísimo”.
El rol de la Educación Sexual Integral
Una de las herramientas más importantes para prevenir nuevas infecciones es la Educación Sexual Integral (ESI), pero su implementación sigue siendo parcial y, en muchos casos, fue desmontada. La interrupción de equipos técnicos nacionales y provinciales, así como la falta de distribución de materiales, dificultan el acceso de niños, niñas y adolescentes a información vital para la prevención de infecciones. “Cuando el Estado se retira, quienes tienen menos redes de contención o recursos quedan más excluidos, y esto contribuye a vulnerabilizar más a las poblaciones que ya son vulnerables. Parte de esta respuesta la encontramos luego cuando sabemos que en Argentina casi la mitad de los diagnósticos nuevos de VIH se dan en personas con un estadio avanzado de la infección”, afirmó Fauno.
Fauno sumó: «El vaciamiento de la ESI deja un lugar que es ocupado por el miedo, la culpa, la desinformación. ¿Qué respuesta tiene un pibe que no tiene ESI y recibe un diagnóstico positivo? ¿Qué herramientas tiene para entender que una infección no lo hace indeseable o menos digno? Es obvio que hay un intento de invisibilizar, y no solo de invisibilizar, también de castigar». «Son pedagogías de la crueldad y a ellos les encanta eso, porque prefieren que mueran las personas que necesiten un apoyo y un acompañamiento del Estado, desde los jubilados hasta las personas que vivimos con situaciones de salud crónica. Sin duda volvieron los discursos patologizantes, pero tienen que ver con todo un concepto de construir un enemigo para luego, cuando nos quitan el derecho a nuestra salud, que sea justificado», añadió.
La educación sexual integral es una política pública que salva vidas, previene abusos, embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual. “La demonización de la ESI no hace sino condenar a niñas, niños y adolescentes a desinformación y al silencio. Lo que vemos es no solo abandono, sino una estrategia deliberada de desmantelamiento”, afirmaron desde Fundación Huésped. Es importante remarcar que una persona con VIH en tratamiento y carga viral indetectable no transmite el virus por vía sexual, lo que se conoce como indetectable = intransmisible, slogan de campañas que llevan a cabo distintas organizaciones, como lo son Fundación Huésped y Ciclo Positivo. Sin embargo, desde los distintos organismos del Estado, se vuelve a la estigmatización, demonización y se niega el acceso a la salud. “Se trata de vivir con esa ansiedad y con ese temor, no es justo y no debería ser legal. Lo pienso en términos de persona viviendo con una situación de salud que te hace depender del Estado. Lo escuchaba a Mario Lugones, Ministro de Salud, diciendo que nos hicieron creer que todo el mundo merece todo y que no es así. ¿Cómo no voy a merecer mi derecho legítimo a la salud?”, dijo Cahn.
Lo que está en juego
La respuesta frente al VIH no es sólo una cuestión sanitaria, sino una política de derechos humanos, de inclusión, de acceso equitativo a la salud. Argentina, que supo ser ejemplo regional en este campo, hoy se encuentra sumergida en retrocesos sociopolíticos que amenazan con volver invisibles nuevamente a las personas que viven con VIH.
Las organizaciones de la sociedad civil sostienen buena parte del entramado de cuidado, prevención y acompañamiento. Desde campañas en redes sociales hasta distribución de preservativos, pasando por espacios de escucha y apoyo emocional, son quienes contienen donde el Estado se ha retirado. Las distintas organizaciones se encargan de hacer llegar aquello que el Estado Nacional está negando: desde información y campañas hasta la realización de los test.
“Las redes comunitarias son importantes, pero no reemplazan al Estado. Esto no puede depender de la voluntad de activistas o referentes. Necesitamos políticas públicas concretas, presupuestos reales y planificación estratégica”, sostuvo Cahn.
Recortar presupuestos, disolver equipos técnicos, silenciar campañas, abandonar la educación sexual y desarticular espacios de participación no es solo achicar el Estado: es poner en riesgo miles de vidas. Frente a este escenario, la visibilización y la exigencia ciudadana se vuelven sumamente necesarias y vitales.
