Casi como un déjà vu, el gobierno nacional volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de privatizar AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), una empresa estatal clave que garantiza el acceso al agua potable en todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El anuncio fue realizado el pasado 18 de julio por el vocero presidencial Manuel Adorni en una de sus conferencias de prensa, generando una inmediata preocupación en distintos sectores de la sociedad.
Para comprender en profundidad el tema dialogamos con Juan Carlos Bertoni, ingeniero especialista en recursos hídricos y expresidente del Instituto Nacional del Agua (INA), y Aníbal Faccendini, director de la Cátedra del Agua y del Centro Interdisciplinario del Agua de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
“El agua no puede privatizarse porque la lógica del mercado es obtener ganancias y asegurar que la inversión sea rentable. Esto resulta incompatible con la garantía de un derecho humano fundamental”, advirtió Faccendini, cuestionando la idea de que una administración privada pueda proveer este recurso esencial a toda la población. Además, esta medida contradice los propios lineamientos de La Libertad Avanza, desde donde enarbolan la bandera del «libre mercado y la competencia», pero la empresa que asuma la provisión del servicio no tendría ningún competidor. Bajo este modelo de gestión, Faccendini anticipó que “los sectores vulnerables terminan siendo los más afectados, porque un privado no tendría incentivo para expandirse si no encuentra ventaja económica”.
En esta misma línea, Bertoni señaló que el agua potable es un recurso estratégico vinculado profundamente con la soberanía. Según sus palabras, un privado internacional podría usar el agua como una «herramienta de negociación o incluso extorsión contra los intereses nacionales».
Quizás uno de los argumentos más frecuentes a favor de la privatización suele ser el de la supuesta mayor eficiencia del sector privado. Pero esta experiencia, que no es para nada nueva, estaría lejos de ser beneficiosa. Lo expresado previamente con respecto a la falta de incentivo para mejorar la estructura y expandir las redes de AySA no son conjeturas abstractas, se trata de una revisión histórica. “No se hicieron las obras que habían prometido. Tampoco hubo un trabajo para extender las redes”, declaró Faccendini al consultarse sobre la privatización bajo el gobierno de Carlos Menem.
Bertoni, por su parte, insistió en que sin un rígido control estatal, la función social del agua podría peligrar. Por ello considera incorrecto fijar un precio para el agua sin contemplar su dimensión social, que en este caso es de vital importancia puesto que es el recurso más importante para cualquier familia. “Es esencial reconocer, ante todo, el derecho fundamental de todo ser humano a tener acceso a un agua pura y al saneamiento por un precio asequible. Esto significa que el agua debe poseer un precio moderado, que permita su adquisición”, subrayó el ingeniero.
Ambos mencionaron el concepto de “bienes comunes”, idea que fue desarrollada por la Premio Nobel de Economía Elinor Ostrom. “Son aquellos bienes que tienen una multiplicidad de actores que dependen y tienen distintos intereses sobre los mismos […] En tal sentido, resulta crucial para el sistema el resguardo de esos bienes comunes en calidad y cantidad suficientes para asegurar los servicios ecosistémicos, incluidos el uso directo o indirecto de algunos de sus elementos como el agua”, enfatizó Bertoni, quien puso el foco en el cuidado del agua como recurso al servicio de la población.
El agua en Argentina está protegida por un robusto marco legal, incluyendo la Constitución Nacional, el Código Civil y Comercial, y principios internacionales. Bertoni explicó que el artículo 124 de la Constitución establece el «Dominio Originario de las Provincias» sobre los recursos naturales, como el agua. Esto significa que cada Estado Provincial administra sus recursos hídricos, y los particulares solo pueden acceder a su derecho de uso, no a su propiedad. Las leyes argentinas excluyen expresamente el agua de las reglas económicas del mercado para garantizar su uso y acceso universal, siendo un bien de dominio público destinado al beneficio común de toda la ciudadanía. Éste es el marco que debería estar presente siempre que se habla del agua como recurso.
Frente al dilema entre lo público y lo privado que se ha instalado nuevamente, ambos especialistas plantearon alternativas donde el Estado está presente. Por ejemplo, la gestión compartida en Latinoamérica, como las ciudades ecuatorianas de Guayaquil y Cuenca. Allí “el municipio es el que define las políticas”, mientras que una “empresa municipal es la que lleva adelante la regulación económica y el control técnico de la calidad del servicio y, finalmente, el servicio es prestado ya sea por un operador privado o público, que debe responder a las indicaciones económicas y técnicas de la empresa municipal”. Esto asegura que la participación privada esté bajo estricto control estatal.
Faccendini también sostuvo que el agua no puede estar enteramente en manos del mercado, debido a lo explicitado previamente: la lógica del mercado atenta contra este derecho humano básico. La experiencia de los ´90 demuestra que las privatizaciones sin ningún tipo de control resultaron en fracasos. “Fue un negocio financiero, no un negocio de cumplimiento de servicio«. Además, «los pobres e indigentes de agua fueron más pobres y más indigentes de agua».
En este contexto actual, marcado por el cambio climático, la urbanización desigual y la crisis socioeconómica, lo que se debe exigir es un rol activo por parte del Estado. Bertoni afirmó: “El cambio climático impone nuevos desafíos en materia de gestión del agua, especialmente en las ciudades de América Latina”. Ante este panorama, el Estado debe definir las políticas hídricas del país y de las acciones asociadas a las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, las cuales no necesariamente van a responder a las leyes del mercado.
Privatizar AySA es volver a lo mismo de siempre: empresas extranjeras que juegan con los intereses nacionales y disputan la soberanía argentina en nuestro propio suelo. El resultado es siempre más desigualdad, conflicto y pérdidas invaluables.
