Cada 28 de agosto se celebra en nuestro país el Día Nacional de la Ancianidad, pero hoy no hay mucho para festejar. Mientras miles de jubilados en Argentina sobreviven con haberes que no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas como comida, remedios y vivienda, la fecha se convierte menos en celebración y más en denuncia de abandono del Estado.
El Día de la Ancianidad es un homenaje a la histórica proclamación que realizó Eva Perón en 1948, cuando presentó los Derechos de la Ancianidad. Aquellas palabras, que luego fueron incorporadas a la Constitución de 1949, transformaron la forma en que la sociedad argentina entendía a la vejez, que dejó de ser considerada como una etapa desprotegida para empezar a tener derechos garantizados.
El decálogo impulsado por Evita incluyó aspectos esenciales como la asistencia y protección integral de los ancianos, ya sea por parte de la familia o -en caso de desamparo- por el propio Estado. En sus propias palabras: “En caso de desamparo, corresponde al Estado proveer dicha protección, ya sea en forma directa o por intermedio de los institutos o fundaciones creados, o que se crearen, con ese fin, sin perjuicio de subrogación del Estado o de dichos institutos para demandar a los familiares remisos y solventar los aportes correspondientes”.
Además de la asistencia, se reconocieron derechos básicos como la vivienda, la alimentación, el vestido, la salud física y moral, el esparcimiento, el trabajo y, por sobre todo, el respeto. Estos principios no solo marcaron un antes y un después en nuestra historia, sino que convirtieron a nuestro país en pionero mundial en la defensa de los derechos de las personas mayores.
Ese mismo año, en 1948, Argentina llevó esta preocupación al escenario internacional, presentando los Derechos de la Ancianidad ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que los adoptó en la Tercera Comisión por una distribución dual dada en París que decía textualmente: “Recomienda al consejo económico social de esa asamblea que sobre la base de esta declaración de derechos, realice los estudios relativos a la aplicación universal de los mismos con el propósito de proteger más ampliamente la defensa social y económica de los hombres que han llegado a la ancianidad”.
La iniciativa de Evita y el gobierno de Juan Domingo Perón fue visionaria y anticipó debates que hoy siguen vigentes. La sociedad vive un rápido proceso de envejecimiento demográfico: según datos del INDEC basados en el último Censo Nacional del año 2022, se estima que alrededor del 15,7% de la población argentina tiene 60 años o más, lo que equivale a cerca de 7,1 millones de personas. Además, se proyecta que este porcentaje aumentará al 22% en 2050, lo que representaría aproximadamente 12,5 millones de personas.
Del legado de dignidad al “genocidio silencioso”
Ana González, vicepresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y secretaria nacional de Personas Adultas Mayores, señaló que uno de los principales problemas que atraviesan las personas adultas mayores es la invisibilización. Expresó que, frente a ello, la Secretaría trabaja en distintos niveles —institucional, sindical e internacional— para que las demandas del sector dejen de ser ignoradas.
Desde agosto de 2024, las personas mayores salen a las calles cada miércoles en la Ciudad de Buenos Aires. Lo que comenzó como una protesta contra el veto presidencial ante el aumento de las jubilaciones se replicó en un encuentro de lucha con frecuencia semanal. González describió la coyuntura como desesperante: “más del 60% de las personas mayores están en situación de pobreza, sin acceso garantizado a salud, alimentación ni vivienda”.
A esa realidad se suma la quita de medicamentos gratuitos por parte de PAMI, que dejó a miles de jubilados sin la posibilidad de continuar sus tratamientos. “No tenemos estadísticas fidedignas, pero sabemos de numerosos casos que han terminado en el fallecimiento debido a la discontinuidad o a la falta de tratamiento que se venía llevando”, subrayó González. Desde la APDH no dudan en calificar lo que ocurre hoy como un genocidio silencioso. “Nosotros lo nombramos así, porque es el ataque sobre un sector de la sociedad al cual se le están quitando todos los derechos y se están produciendo situaciones tan graves como las muertes”.
A pesar de la represión, la falta de políticas públicas y la invisibilización, las personas mayores se siguen organizando. Para González, esa organización es también un acto de vida: “nos quieren quitar la alegría y el impulso vital, pero la lucha se hace con alegría, porque nos mantiene vivos y nos une con nuestros pares”. En este sentido, el Día de la Ancianidad, lejos de ser una fecha meramente conmemorativa, se transforma en un recordatorio urgente de justicia social y un espacio de lucha que busca sostener la dignidad y la esperanza.
