El gobierno nacional impulsa un ataque sistemático contra la ciencia y la educación pública. Con un modelo económico que profundiza la desigualdad social y la dependencia colonial, no pretende solo achicar el sistema universitario y científico: busca destruirlo. Un país con ciencia y universidades públicas, fortalecidas y accesibles para todos y todas no está en su horizonte político.
Bajo esta política, nuestras universidades están sufriendo un deterioro histórico, con trabajadores cuyos salarios caen mes a mes. Para tener dimensión de la pauperización salarial que venimos sufriendo los docentes universitarios, basta comprender que, para recuperar los niveles de noviembre 2023, sería necesario un incremento salarial del 41%. Aunque hubo incrementos nominales en los sueldos, el salario efectivo ha perdido valor. Para ponerlo en perspectiva, si en diciembre de 2023 un trabajador universitario tenía un salario que le permitía cierta capacidad de compra, en junio de 2025 ese mismo salario equivale a un 29% menos en términos reales. Retrocedimos de tal modo en materia salarial que nos encontramos por debajo de los niveles de 2002.
En cuanto a lo presupuestario, se trata del nivel más bajo en casi dos décadas, con una caída real del 32% desde 2023. Muchas facultades están utilizando recursos propios para gastos básicos como limpieza y mantenimiento de ascensores.
En el ámbito del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, las cosas no son para nada diferentes. Desde que Javier Milei es presidente, se han perdido más de 4 mil puestos de trabajo (esto incluye a CONICET, INTI e INTA), permanecen cerrados los ingresos a la carrera de Investigador Científico y Personal de Apoyo, además del recorte en la cantidad de becas para investigar.
Estamos ante una situación extremadamente crítica, frente a un gobierno que no llama a paritarias y ni siquiera se sienta a dialogar con nuestros sectores. De más está decir que el ajuste afecta tanto la calidad de vida personal y familiar de los trabajadores, como el funcionamiento y la calidad del sistema universitario público en general. El sostenimiento de una educación superior pública, gratuita y de calidad requiere que sus trabajadores y trabajadoras tengan salarios dignos.
No se trata únicamente de un problema salarial, sino estructural. Este gobierno busca imponer un modelo dependiente y colonial en pleno siglo XXI. No es casual que el discurso oficial repita la mitología de que existió un periodo, a finales del siglo XIX, en el que Argentina habría sido potencia —algo históricamente falso—, exaltando un orden político sin sufragio universal, controlado por una élite terrateniente, y un modelo oligárquico profundamente desigual.
El debate público y parlamentario, como el reciente tratamiento en el Congreso sobre el financiamiento universitario, es clave para avanzar en soluciones concretas. Políticas claras y efectivas son necesarias para revertir el deterioro salarial y fortalecer la educación pública universitaria en el país. Garantizar salarios que permitan cubrir las necesidades básicas y mantener el bienestar es un paso imprescindible para reconocer el trabajo fundamental de docentes y no docentes, y para sostener el desarrollo educativo y social de Argentina.
Por ello, este cuatrimestre no puede comenzar con normalidad mientras no tengamos respuesta ante una situación salarial sin precedentes, producto de las políticas que venimos señalando. Del 11 al 15 de agosto impulsamos una jornada de paros y protestas por la recuperación de nuestros salarios y por más presupuesto para las universidades nacionales, la ciencia y la tecnología.
*Por Santiago Mazzuchini. Licenciado y profesor en Ciencias de la Comunicación. Magíster en Comunicación y Cultura. Es docente universitario y delegado de FEDUBA en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).
