El auge de las relaciones sin condón: un síntoma del abandono estatal
En los últimos años, el uso del preservativo entre jóvenes en Argentina viene en caída libre, pasando de ser el eje central de las estrategias públicas de prevención a la inexistencia. Según datos del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) del Ministerio de Salud, en el año 2023 se registraron 32.293 casos de sífilis, la cifra más alta en las últimas tres décadas, lo que supone un promedio cercano a 88 contagios diarios. Este aumento representa un crecimiento de aproximadamente 42% respecto de los infectados en 2018, cuando se notificaron unas 22.734 personas con sífilis.
Información relevada por AHF AIDS Healthcare Foundation Argentina, solo el 14,5% de la población utiliza preservativo en todas sus relaciones sexuales, y se estima que en el país 139.000 personas conviven con el VIH. Esta nueva cultura del “sexo sin condón”, “a pelo” o “a peluche” tiene una consecuencia clara: los casos de infecciones de transmisión sexual (ITS) no dejan de crecer mientras se derriban las políticas públicas de prevención.
Como explica Carolina Meloni, psicóloga y sexóloga clínica acreditada por la Federación Sexológica Argentina: “lo primero que me parece importante mencionar es que el uso del preservativo no depende solo de una decisión individual, como muchas veces se nos quiere hacer creer. Mucho de lo que estamos viendo es el resultado directo de un desfinanciamiento sistemático del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Hoy tenemos hospitales, centros de salud y organizaciones sociales que no reciben preservativos de manera regular, y cuando eso falla, son les jóvenes quienes quedan a la intemperie. A eso sumale que muches no tienen dinero para comprarlos: los sueldos no alcanzan, y un paquete puede salir más de lo que alguien gasta en una comida del día. No se puede pensar la baja del uso del preservativo sin hablar de ajuste, de falta de recursos públicos, y también de la precariedad económica que atraviesa la vida privada de la mayoría”.
Estos datos expresan un fenómeno estructural que combina abandono institucional y normalización del riesgo. El problema no es nuevo, pero hoy se agrava en un contexto político hostil hacia la educación sexual. La ESI, herramienta fundamental para el cuidado y la prevención, está siendo desmantelada por el gobierno de Javier Milei. Los contenidos se están “revisando” y recortando bajo la excusa de defender la “libertad” de las familias, dejando a las y los adolescentes en la más absoluta desinformación. No es casual que quienes menos preservativo usan sean justamente los sectores más jóvenes: cuando el Estado abandona la educación y la salud, la desinformación ocupa su lugar.
Lucila Szwarc, Dra. en Ciencias Sociales, Consultora en salud sexual y reproductiva y educadora de ESI, agrega: “la Educación Sexual Integral es muy importante para promover un mayor uso del preservativo. En Argentina la ESI se da de manera muy desigual. Los últimos años fue mejorando mucho la implementación, se desarrollaron muchos materiales oficiales, pero cuando las políticas públicas no se sostienen y no hay una directiva clara a nivel nacional, lo que sucede es que se genera mucha más desigualdad. Entre provincias, entre clases sociales, entre instituciones educativas. Terminamos teniendo grupos de alumnos que tienen una conciencia y un acceso muy elevado y, por otro lado, estudiantes que no tienen ningún acceso a la Educación Sexual Integral, incluso en instituciones que reproducen ciertos estereotipos. Aspectos que se exacerban en situaciones de conflictividad social o de vulnerabilidad, porque la escuela es un actor muy importante para responder a ciertas problemáticas sociales pero no puede contenerlas si no hay un apoyo estatal, un financiamiento y una interrelación con otros actores del sistema público, como los espacios de justicia y el sistema de salud. La ESI promueve no solamente acceso a información científica y de calidad, sino también una mirada crítica en relación a las desigualdades de género y de la diversidad. Si queremos hablar del uso de preservativo, pero no hablamos de las desigualdades de género para que una chica pueda también tener preservativos y proponer ella su utilización, si no abordamos ese tipo de prejuicios, problemáticas que se suelen dar desde la realidad concreta y cotidiana, entonces no vamos a poder proponer el uso del preservativo. Por eso se insiste tanto en la integralidad de la ESI y que no se base únicamente en la biología”.
En relación a la importancia de visibilizar la problemática de género, Carolina Meloni comenta: “en términos de acceso a preservativos, lo que vemos no son tanto estadísticas claras sino tendencias culturales. En contextos heterosexuales suele ser más común que los hombres cis los compren, mientras que el retiro en centros de salud muchas veces recae en personas con vulva. Pero más allá de eso, en los últimos años se visibilizó una problemática concreta: muchas mujeres heterosexuales señalan que los varones cis se niegan a usar preservativo. Esto no es solo un asunto individual, sino que refleja un clima político más amplio: el avance de discursos conservadores y de derecha que buscan reinstalar un modelo de masculinidad basado en el poder y el control sobre el cuerpo del otro. En ese marco, el rechazo al preservativo se convierte en un síntoma de la resistencia masculina a compartir la responsabilidad del cuidado, algo que históricamente se cargó sobre cuerpos feminizados y otros géneros”.
Hoy es el Día Mundial de Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes, una fecha importante para recordar que el gobierno nacional cerró el Plan ENIA (Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia) en marzo de 2024. La iniciativa llegó a emplear a más de 600 personas que trabajaban en el territorio brindando asesoramiento a adolescentes en materia de prevención. Los resultados fueron contundentes: en apenas cinco años, la tasa de fecundidad adolescente se redujo a la mitad.
Lucila Szwarc plantea que “en Argentina hoy tenemos un retraimiento fuertísimo del Estado en materia de políticas públicas en paralelo a un aumento muy fuerte de la vulneración de los derechos y la vulnerabilidad de los sectores populares. Por ejemplo, hasta inicios de 2024 teníamos un programa que se denominaba Plan ENIA, orientado específicamente a prevenir el embarazo no intencional en la adolescencia. Un programa que demostraba ser efectivo, tenía reportes e informes. Una política reconocida como integral, ya que acordaba aspectos tanto de ESI, junto con acceso al sistema de salud y a los métodos anticonceptivos, a partir de comunidades prioritarias, sobre todo del norte de Argentina”.
El cierre del Plan ENIA no sólo deja un vacío institucional: significa la pérdida de herramientas que demostraron eficacia especialmente para quienes más lo necesitan. No basta con decir que las adolescentes deben cuidarse: es obligación del Estado garantizar los medios para hacerlo. Sin políticas con continuidad, toda frase sobre «responsabilidad individual» se convierte en un eco vacío. Si Argentina pretende detener esta curva ascendente de ITS, debe recuperar esos programas que caen bajo la lógica del ajuste, reestructurar el financiamiento, y colocar la salud como prioridad de Estado.
El PrEP no es un sustituto
El fenómeno no se limita a la heterosexualidad ni a la juventud. Dentro de comunidades homosexuales se consolidó una práctica que divide aguas: tener relaciones sexuales sin condón, pero bajo tratamiento con PrEP (profilaxis pre-exposición). Una medicación que reduce significativamente el riesgo de contraer VIH. El PrEP es una herramienta eficaz cuando se utiliza correctamente, pero usarla como reemplazo del condón implica abrir otra puerta: el aumento de otras ITS, un riesgo latente.
Carolina Meloni remarca esta problemática: “sí, existe ese riesgo, y aquí sí tiene mucho que ver la falta de una Educación Sexual Integral sostenida y la información incompleta que muchas veces se brinda desde el sistema de salud. Mucha gente no sabe que el PrEP solo previene el VIH y no otras ITS, ni tampoco conoce bien cuál es la forma de administración correcta. Tampoco se difunde suficiente la existencia (y condiciones) de estrategias como la doxiPrEP, que puede complementar la prevención frente a otras infecciones. En ese contexto, es posible que muchas personas usen el PrEP creyendo que les ‘protege de todo’ y dejen de hacerse chequeos serológicos, de informar a sus vínculos sexuales o de tomar decisiones realmente informadas». «Entonces el problema no es el PrEP en sí, sino que no tengamos garantizada información clara, recursos materiales y acceso a controles de salud. Ahí es donde se juega la diferencia entre un uso emancipador y autónomo del PrEP, y uno que termine reproduciendo riesgos por la carencia de recursos y condiciones», añade la sexóloga.
Esta tendencia se inserta en un debate global: ¿por qué algunas personas prefieren abandonar el preservativo si existen riesgos claros? Para ciertos grupos, dejar el condón y apoyarse en el PrEP significó reducir la ansiedad, mejorar el disfrute sexual y, en muchos casos, fortalecer la salud mental al quitar el miedo constante al VIH. Este giro no es trivial: el miedo al VIH fue uno de los motores de las campañas de prevención tradicional; con el PrEP se abre una nueva subjetividad sexual, donde el riesgo viral deja de ser el eje único del deseo.
Carolina también señala: “el uso de PrEP puede tener beneficios psicológicos y emocionales muy concretos. Para muchas personas, la barrera física del preservativo representa una limitante sensorial, que disrumpe lo táctil. A otras se les dificulta la carga cognitiva de tener que acordarse de comprarlo, llevarlo encima y usarlo. También en contextos como una fiesta o un encuentro grupal donde debe usarse uno distinto por cada práctica y por cada persona, muchas veces esa logística no sucede, porque los recursos pueden ser insuficientes. En esos casos, el PrEP aparece como una herramienta que libera ansiedad: evita tener que lidiar con pérdidas de erección, con la caída de la excitación en el momento, y brinda seguridad frente al VIH. Eso tiene un impacto emocional fuerte, porque reduce miedos y permite que la persona se entregue con más tranquilidad al encuentro sexual. Claro que el PrEP no previene embarazos ni otras ITS, pero para quienes lo usan es una manera de sentirse más en control de su salud sexual y de vivir su sexualidad con menos angustia y más disfrute”.
Pero esas decisiones, por más legítimas que sean en lo íntimo, no pueden quedar al albur de la subjetividad si el Estado renuncia a diseñar marcos colectivos de prevención, acompañamiento y cuidado. Los beneficios emocionales no pueden hacernos olvidar el costo sanitario colectivo cuando las ITS avanzan y sin compensar con testeo frecuente. En esas tensiones —entre protección parcial, deseo, riesgo y emociones— se juega un nuevo escenario que la política sanitaria todavía no ha sabido acompañar con responsabilidad.
“Lo urgente es claro: refinanciar el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, garantizar el acceso gratuito y universal a preservativos y PrEP en todo el país, y fortalecer la ESI con perspectiva de derechos y diversidad. Esas son políticas básicas que hoy están debilitadas por la falta de presupuesto y de voluntad política. Pero también es importante entender que la salud sexual no puede depender únicamente del Estado. Necesitamos que la información circule en escuelas, en redes, en organizaciones sociales y comunitarias, y que se fortalezcan redes de autogestión del cuidado. Garantizar información clara, recursos materiales y espacios de salud sexual accesibles y seguros para todes. El foco no debería estar en quién ‘falla’, sino en cómo construimos colectivamente prácticas de cuidado más libres, equitativas y emancipadoras”, concluye Meloni.
Un escenario desigual: jóvenes, comunidades LGBT+ y falta de redes de protección
Dentro de las comunidades de hombres que tienen sexo con hombres (HSH), bisexuales y personas trans, el uso de PrEP y la elección de no usar condón ha encontrado particular adhesión, bajo discursos de autonomía y empoderamiento sexual. En ciertos grupos, la lógica del “condón solo con riesgo” va ganando terreno. Sin embargo, los datos epidemiológicos nacionales muestran que la coinfección entre VIH y sífilis es significativa: de los 32.293 casos de sífilis en 2023, 2.171 casos (6,7 %) corresponden a personas coinfectadas con VIH. Este cruce no es anecdótico: señala que quienes optan por estrategias biomédicas de prevención (como PrEP) no son inmunes a la circulación de otras ITS y que la falta de una estrategia integral tiene consecuencias concretas en quienes se confían.
Además, es crucial recordar que muchos jóvenes simplemente no acceden a recursos de prevención: muchas escuelas no aplican la Educación Sexual Integral (ESI), los preservativos gratuitos son escasos y las campañas estatales brillan por su ausencia. La ESI, ley vigente desde 2006, sigue siendo resistida por sectores conservadores o directamente desfinanciada en muchas provincias. Este vacío vuelve letal el desconocimiento: la adolescencia sexual sin acompañamiento educativo es terreno fértil para mitos, riesgos y comportamientos normalizados de baja protección.
En el contexto argentino actual, el panorama es aterrador. Los recortes del gobierno de Javier Milei ponen en riesgo el abastecimiento de medicamentos antirretrovirales gratuitos y la continuidad de programas de VIH/SIDA. La austeridad amenaza con desmantelar justamente los mecanismos de salud pública que sostienen la prevención y el tratamiento. Cuando un Estado recorta presupuesto en salud sexual, se cierra una brecha que otros sectores del modelo neoliberal jamás cubrirán: la prevención, la educación científicamente basada, el acceso universal. Y las generaciones más jóvenes y vulneradas pagan ese precio con su salud. Hablar de sexo sin condón no es sólo hablar de libertades individuales, es hablar de la capacidad del Estado para garantizar derechos.
Mientras el Gobierno se encierra en su cruzada ideológica contra la ESI, lo que se reproduce es la ignorancia. Hoy, el dominio del discurso conservador puede buscar borrar la ESI, minimizar la inversión en salud sexual o demonizar prácticas emancipatorias. Pero ese borroneo del Estado tiene un costo directo: más diagnósticos tardíos y más enfermedades. La política antisocial que subestima el derecho a la salud, la educación y la prevención sexual no es solo una opción conservadora: es una sentencia para los cuerpos que no cuentan.
En vez de ampliar el acceso al preservativo y garantizar información clara, se promueve un discurso moralizante que abandona a los jóvenes a la suerte de sus decisiones individuales. Hace falta una política del deseo: plural, radical, que enseñe a pensar el sexo como ámbito de derechos, no como zona de miedo. Hace falta financiar organismos de salud comunitaria, fortalecer redes de atención con perspectiva de género y diversidad, y sostener campañas masivas que confronten el mensaje de la cultura “a pelo”.
