Por 4 votos contra 1, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil sentenció el jueves 11 de septiembre al ex presidente Jair Bolsonaro y a sus allegados más cercanos a una primera pena de 27 años y 3 meses de prisión, tras hallarlo culpable de intento de golpe de Estado y otros delitos. La maniobra buscaba desconocer los resultados de las elecciones de octubre de 2022, en las que fue derrotado por Lula da Silva. Entre las otras figuras condenadas se encuentra el exministro de Defensa Walter Braga Netto, su compañero de fórmula vicepresidencial en 2022 y actualmente detenido.
¿Cómo se inició el caso?
La causa se remonta a los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes bolsonaristas invadieron y vandalizaron las sedes de los tres poderes en Brasilia, apenas una semana después de la asunción de Lula. El Supremo Tribunal Federal (STF) sostuvo desde el comienzo que aquellos actos no fueron espontáneos, sino el desenlace de un plan articulado desde el propio entorno presidencial.
El 11 de abril de 2025, el STF abrió una acción penal formal contra Bolsonaro y otros siete acusados, a partir de la denuncia de la Procuraduría General de la República (PGR). Los cargos incluyeron desde: organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daño calificado por violencia y grave amenaza, y deterioro del patrimonio protegido.
Amílcar Salas Oroño, Doctor en Ciencias Sociales (UBA) y Magister en Ciencia Política por la Universidad de Sao Paulo (USP), señaló a El Grito del Sur que la inhabilitación de Bolsonaro no implica la desaparición de su influencia. “Aunque no pueda competir hasta 2030, todavía conserva un capital político nada menor. Los candidatos de derecha deberán hacer campaña sin su presencia directa, pero su figura seguirá marcando la agenda”.
Sobre la estabilidad política, consideró que el fallo del STF no debería alterar la institucionalidad: “La Corte es un órgano colegiado y actúa con fuerte respaldo. Puede haber tensión y movimientos en el Congreso, incluso intentos de impulsar una amnistía por parte del legislativo, pero no parece haber riesgo de conmoción. El tránsito político seguirá, aunque con nuevos realineamientos”.
La causa se apoya en diversas evidencias
La denuncia se apoya en un conjunto de pruebas que incluye mensajes, documentos oficiales y borradores de decretos que delineaban un plan de intervención militar para anular los resultados electorales. Entre los elementos más resonantes aparece el plan denominado “Puñal Verde y Amarillo”, un documento elaborado por militares retirados que proponía incluso el asesinato de Lula da Silva, su vicepresidente Geraldo Alckmin y un juez del STF.
Fase final del juicio
La defensa de Bolsonaro sostuvo que no hay pruebas directas contra él, denunció que el proceso está lleno de irregularidades y afirmó que se trata de una “persecución política”. El propio expresidente declaró que “no existe ningún golpe, sino una narrativa fabricada para destruirlo políticamente”. A pesar de esos argumentos, la causa avanzó con rapidez en el STF. El juez relator, Alexandre de Moraes, calificó a Bolsonaro como el “líder del intento de golpe».
«En este caso, el tipo de proceso donde hay relevamiento de pruebas, por parte de la policía federal, el armado de la pieza acusatoria por parte de la Procuraduría General de la República, no faltó tiempo ni detalles para ambas tareas. En ese sentido, me parece que no cabe la idea de que éste no ha sido un proceso judicial politizado o se trata de una politización por parte de la Justicia. Todo ha sido comentado y expuesto a la ciudadanía, con lo cual también han mostrado un papel diferente del Poder Judicial ante estas circunstancias», agregó Salas Oroño.
El juicio también colocó al Poder Judicial en un lugar clave: “Es un proceso muy excepcional, porque juzga a militares que ocuparon cargos de gestión. El STF, que en el pasado estuvo muy cuestionado, sentenció por ejemplo al mismísimo Lula a prisión, también convalidó el golpe parlamentario a Dilma Rousseff. Hoy en día, se muestra como garante de la democracia Brasileña”, planteó el Doctor en Ciencias Sociales.
Por último, Salas Oroño destacó el carácter histórico del caso: “No son comunes los juicios por intentos de golpe de Estado. La extensión de las pruebas y la transparencia del proceso lo convierten en un ejemplo regional. Habrá que ver si el Congreso busca revertirlo con una amnistía, pero hoy el Poder Judicial marca un punto de inflexión en Brasil”.
El veredicto del STF no solo definió el futuro judicial de Bolsonaro, sino también el rumbo político de la derecha brasileña y la fortaleza de las instituciones democráticas en la región.
