El miércoles 10 de septiembre, una alumna de 14 años llevó un arma a la escuela, disparó al menos tres veces y apuntó contra compañeros y docentes, sin causar víctimas. Esto ocurrió en la escuela Marcelino Blanco de la provincia de Mendoza y reabrió el debate sobre los riesgos de la portación irrestricta de armas en nuestro país.
Desde la asunción del gobierno de Javier Milei se avanzó en una serie de decretos que flexibilizan la regulación donde se bajó la edad mínima para obtener el CLU (Credencial de Legítimo Usuario de Armas de Fuego) de 21 a 18 años, se habilitó la compra civil de armas semiautomáticas de alto calibre y se implementaron trámites exprés digitales sin controles efectivos. “El impulso pro-armas proviene principalmente del oficialismo nacional, La Libertad Avanza, y de sectores de la derecha liberal-conservadora como el PRO”, explicó a El Grito del Sur Natasa Loizou, ex directora de la Agencia Nacional de Armas (ANMaC) e investigadora en seguridad internacional. “Su narrativa es clara, ya que sostienen que tener y portar armas es un derecho individual y buscan que el Estado flexibilice la regulación, favoreciendo un mercado de armas sin límites. Esto responde a un proyecto más amplio: privatizar la seguridad y naturalizar la violencia como forma de resolver conflictos”.
“El acceso legal a las armas es cada vez más restrictivo, ya que desde 2015 se endurecieron los requisitos y hoy basta con tener una causa abierta, aunque no haya condena, para que se te niegue la autorización”, señaló por su parte a este medio el abogado y licenciado en seguridad Luis Vicat, quien expresó que “no hay ningún sector político impulsando la portación en Argentina”. Actualmente, para acceder a una condición de legítimo usuario es necesario superar controles psicofísicos, rendir exámenes teórico-prácticos y no tener antecedentes penales ni causas abiertas. Vicat advirtió que “el camino para llegar a una portación es sinuoso y lleno de obstáculos”.
Más allá de los discursos públicos, el principal riesgo hoy no proviene del circuito legal de armas sino del mercado negro, el contrabando, el robo de armamento y la fabricación casera sostienen un flujo constante de armas sin control estatal. A esto se suma la naturalización de la violencia armada en medios de comunicación y productos culturales, que bombardean a las infancias con imágenes de tiroteos y escenas de acción, instalando un imaginario donde las armas aparecen como parte de lo cotidiano.
En este escenario, empresas como Bersa ocupan un lugar central. Dicha compañía fabrica cerca de 90.000 pistolas al año y exporta a 36 países, mientras amplía su mercado interno con estrategias de marketing dirigidas a jóvenes. “El interés de la empresa es expandir ventas, mientras que el interés público debe ser proteger vidas y reducir riesgos. Allí es donde el Estado debe poner un límite claro”, sostuvo Loizou.
En los últimos años, los discursos pro-armas comenzaron a filtrarse en el país como parte de un paquete ideológico importado desde Estados Unidos, donde el lobby armamentista financia campañas políticas y alimenta narrativas de autodefensa individual. Aunque en Argentina esos sectores no logran instalarse como fuerza legislativa, figuras del actual oficialismo han replicado ese sentido común, exaltando el uso de la fuerza y promoviendo una cultura de la confrontación permanente.
Las consecuencias sociales de normalizar el acceso a las armas en un contexto de crisis económica y social son múltiples. “La evidencia demuestra que más armas en circulación equivalen a más muertes, lesiones y desvíos al mercado ilegal”, expresó Loizou. En Argentina, más del 50% de los homicidios dolosos se cometen con armas de fuego y cada año cerca de 400 personas mueren por accidentes domésticos, muchas de ellas niños y adolescentes. Vivir en un hogar con un arma, además, aumenta hasta cuatro veces el riesgo de suicidio adolescente, dato alarmante en un país donde los intentos de suicidio en jóvenes crecieron un 30% en la última década.
Sobre el caso de Mendoza, Vicat señaló que se trató de un “acto de negligencia del progenitor, que además es policía y no cumplió las normas de guarda del RENAR”, y recordó que las armas deben guardarse descargadas en cajas fuertes. Loizou, en cambio, lo interpretó como parte de un fenómeno estructural diciendo que “no es un hecho aislado, sino la consecuencia de un Estado detonado que retrocede en políticas preventivas y de acompañamiento, de una sociedad desarticulada y de un discurso público violento que legitima el armamento como salida a los conflictos”.
Mientras el gobierno nacional fomenta un clima de odio y violencia social, el riesgo de las armas no pasa hoy por el Congreso sino por el abandono estatal en los territorios, donde el mercado negro crece, los controles se relajan y la cultura de la violencia gana lugar entre las infancias. Lejos de ser un problema aislado, la violencia armada que hoy alcanza a los niños y a las niñas es consecuencia directa de un Estado que se retira de los barrios y entrega su lugar a lógicas de mercado como, por ejemplo, armas que circulan sin control, pibes expuestos a discursos violentos y gobiernos que en vez de garantizar derechos siembran miedo. Frente a ese escenario, reforzar políticas de cuidado es una urgencia impostergable.
