El juez Patricio Maraniello, titular del Juzgado Civil y Comercial Federal Nº 5 de la Ciudad de Buenos Aires, quedó en el centro de la polémica tras dictar una resolución que benefició a Karina Milei, secretaria general de la presidencia y hermana del presidente Javier Milei, en el marco de la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Con una extensa trayectoria judicial, Maraniello es acusado en el Consejo de la Magistratura por acoso, maltrato laboral y hasta abuso sexual.
El magistrado es señalado por sus aspiraciones de ascenso dentro del fuero, donde incluso fue postulado para integrar la Cámara Civil y Comercial Federal. En estos días se prestó para frenar la difusión de los audios que involucran a la secretaria general de la Presidencia.
La denuncias contra Maraniello en el Consejo de la Magistratura
En un informe interno del Consejo de la Magistratura al que tuvo acceso este medio, se detallan seis denuncias contra el juez Patricio Maraniello, titular del Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal Nº 5.
La primera denuncia, elevada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, fue presentada por una ex del juzgado, quien denunció irregularidades en las contrataciones y acusó al magistrado de favorecer a personas vinculadas con la asociación académica que preside.
En la segunda denuncia, una ex empleada con identidad reservada lo acusa de acoso sexual, violencia de género, acoso laboral y abuso de poder, señalando que Maraniello se aprovechó de su situación de vulnerabilidad económica, le envió mensajes inapropiados y la amenazó.
La tercera denuncia fue radicada por un hombre ex empleado del juzgado, quien relató situaciones de maltrato laboral, presiones durante la pandemia, exigencias para realizar tareas ajenas a sus funciones e incluso amenazas veladas.
La cuarta denuncia -la más grave hasta ahora conocida-, también remitida por la Cámara Civil y Comercial, detalla un caso de abuso sexual y acoso laboral. La denunciante, que pidió reserva de identidad, narró que tras una cena con el juez fue forzada a mantener relaciones sexuales, y luego sufrió acoso, maltrato y asignación de tareas fuera de sus funciones, lo que la llevó a renunciar. Testimonios de otros empleados confirmaron varios aspectos de su relato.
En la quinta denuncia, un grupo de empleados y ex empleados con identidad reservada describieron un ambiente laboral hostil, con situaciones de acoso laboral y sexual, uso indebido de fondos del juzgado y un deterioro físico y psicológico derivado del trato recibido.
El informe concluye que las investigaciones continúan en diferentes etapas, algunas con pedidos de pruebas documentales y otras con testimonios tomados bajo confidencialidad.
Los antecedentes de la Justicia limitando la libertad de expresión
En los 42 años de democracia existen fallos judiciales en Argentina donde se enfrentaron derechos fundamentales como libertad de expresión, derecho al honor, derecho a la intimidad, libertad de prensa y derechos religiosos. Cada caso expone cómo los tribunales resolvieron conflictos entre estos derechos, marcando precedentes en materia de comunicación, libertad de prensa y censura.
Caso Verbitsky (1986): Una solicitada que reivindicaba a Videla iba a publicarse durante el juicio a las Juntas Militares. La Cámara revocó la censura inicial al entender que la apología del crimen no admite tentativa, permitiendo la publicación pero con responsabilidad posterior.
Caso Servini de Cubría vs. Tato Bores (1992): La jueza pidió censurar un sketch televisivo que la mencionaba. La Corte consideró que la Cámara vulneró el debido proceso al prohibir el contenido sin evaluarlo, marcando un límite a la censura previa.
Caso León Ferrari (2004-2005): Una muestra artística que cuestionaba símbolos religiosos fue atacada y luego judicializada. La Justicia permitió su continuidad con advertencias al público, priorizando la libertad de expresión artística con restricciones mínimas.
Caso Asociación de Teleradiodifusoras (1999): Medios de comunicación cuestionaron la prohibición de difundir encuestas en boca de urna. La Corte validó la normativa porteña, priorizando la integridad del proceso electoral por sobre la libertad de expresión irrestricta.
Caso Ekmekdjian vs. Neustadt (1988): El abogado pidió derecho a réplica por declaraciones de Frondizi en TV. La Corte rechazó el amparo por falta de reglamentación legal del derecho de respuesta en ese momento.
Caso Ekmekdjian vs. Sofovich (1988-1992): Tras comentarios ofensivos sobre la religión en un programa de TV, la Corte obligó al conductor a leer el descargo del abogado Ekmekdjian, reconociendo el derecho a réplica frente a expresiones que afecten convicciones religiosas.
Caso Petric vs. Página/12 (1993): Un artículo acusaba falsamente a Petric de reclutar personas para la guerra en Croacia. La Corte falló a su favor, al probarse que la información era inexacta, reforzando el derecho a réplica en casos de datos falsos.
Caso Morales Solá vs. Giadone (1990): El periodista fue denunciado por injurias tras publicar una anécdota. La Corte lo absolvió aplicando la doctrina de la real malicia, priorizando la libertad de expresión cuando el periodista actúa con diligencia.
Caso Kimel (1990-2008): El periodista Eduardo Kimel fue condenado por injurias tras criticar la actuación judicial en un caso de la dictadura. La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló contra el Estado argentino, reforzando que el derecho al honor no puede limitar desproporcionadamente la libertad de expresión.
Caso Campillay (1980): Un diario publicó acusaciones policiales erróneas. La Corte estableció que los medios deben citar la fuente para evitar responsabilidad, equilibrando el derecho a informar con la protección al honor.
Caso Patitó vs. La Nación (2000): Médicos denunciaron al diario por notas críticas. La Corte aplicó la doctrina de la real malicia, absolviendo al medio y defendiendo la libertad de prensa frente a críticas sobre asuntos de interés público.
Caso Ponzetti de Balbín vs. Editorial Atlántida (1981): La revista Gente publicó fotos del dirigente Ricardo Balbín en terapia intensiva sin consentimiento. La Corte prioriza el derecho a la intimidad de la familia por sobre la libertad de prensa, condenando a la editorial.
Encontraron a uno, el más sucio de todos
En su afán por salvar para salvar a Karina Milei de la exposición mediática y el impacto político que puede provocar el caso de corrupción de la ANDIS, el gobierno de Javier Milei peca una vez más de inexperiencia y elige a un juez violador, acosador y maltratador para que ejerza la “censura previa”, un hecho que no sucede hace 32 años en nuestro país.
La Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura sigue analizando pruebas y testimonios en el proceso contra el juez, que podría derivar en sanciones o incluso en un pedido de remoción si los expedientes avanzan a la Comisión de Acusación. Actualmente hay ocho expedientes en su contra, seis de ellos explicados en esta nota, varios de los cuales están interrelacionados por provenir de la Cámara Contencioso Administrativo y de la Oficina de Bienestar.
