Desde Javier Milei para abajo, pasando por la vicepresidenta Victoria Villarruel y el ministro de Defensa Luis Petri, se proclamó a los cuatro vientos una mentada «revalorización» de las Fuerzas Armadas. Fue un estandarte retórico que utilizaron para atacar a las gestiones anteriores y para simular un compromiso que, en los hechos, brilla por su ausencia. La realidad, terca e incontestable, desnuda un abandono calculado y una política de destrucción silenciosa hacia la institución que, paradójicamente, dicen defender.
El reciente informe que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, expuso ante el Congreso determinó que al menos 647 oficiales, 2450 suboficiales y 12318 voluntarios, es decir 15.415 efectivos de la Armada, Ejército y Fuerza Aérea Argentina, solicitaron la baja voluntaria entre el 10 de diciembre de 2023 y agosto de 2025. Si tenemos en cuenta que el número de militares en actividad es de 87.500 efectivos, nos damos cuenta que la sangría que las FF.AA. sufrieron desde que asumió Milei equivale al 17,6% del total. Un número que asusta y preocupa.
La contradicción entre el relato oficial y la práctica concreta no podría ser más obscena. Mientras los funcionarios de LLA hablan de orgullo y valor, las acciones concretas pintan un panorama de miseria y desesperanza para los hombres y mujeres que todavía usan el uniforme. La precariedad en las Fuerzas Armadas no es nueva, pero sí lo es el abandono en el que se encuentran actualmente.
Con el retorno de la democracia en 1983, una parte de la sociedad y gran parte del campo intelectual, especialmente el progresista, se planteó la necesidad de desarmar y reducir al mínimo nuestras Fuerzas Armadas (FF. AA.). Después de la enorme catástrofe que significó la dictadura cívico-militar para nuestro país, era entendible y lógica la fractura entre la institución militar y la sociedad argentina.
Esta concepción se vio reflejada en la desmalvinización y en el drástico descenso del porcentaje del PBI destinado a Defensa en los primeros años de democracia, que cayó del 3,5% del PBI en 1983 al 1,8% en 1989. Durante la década de 1990, dicho presupuesto siguió disminuyendo hasta cerrar el decenio en el 1,1%. A esto hubo que sumarle el cierre y/o privatización del 90% de las empresas relacionadas con el sector.
El informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), publicado a finales de abril, confirmó un aumento interanual en el mundo del 9,4%, el más alto desde el fin de la Guerra Fría. En contraste con esta tendencia de rearme generalizado, Argentina continúa profundizando su deterioro presupuestario en materia de Defensa, con una inversión equivalente al 0,62 % de su PBI, marcando una tendencia decreciente y generando un obvio impacto negativo en las FF.AA.
Esta cifra nos sitúa como el país sudamericano con menor esfuerzo relativo en la materia, incluso por debajo de economías de mucha menor escala como Guyana o Bolivia.
La falta de inversión por parte del gobierno de Milei generó que este año no solo se mantuvieran los mismos problemas operativos de años anteriores, sino que se profundizaran la falta de insumos básicos, el racionamiento logístico, los problemas edilicios y estructurales, y un estancamiento en la recomposición salarial del personal militar. Además, varios programas de modernización y adquisiciones clave se encuentran paralizados o con ejecución mínima, situación que compromete tanto el sostenimiento de capacidades actuales como la planificación futura.
Sin embargo, ¿es esta política correcta? ¿Puede sobrevivir un Estado en la actualidad sin poder de disuasión? Es decir, sin unas FF.AA. modernas, bien equipadas y entrenadas. La respuesta es un rotundo no. El no poder utilizar a las Fuerzas Armadas para sus misiones principales, especialmente con respecto a la seguridad internacional, debilita no solamente la capacidad nacional sino también la estructura democrática.
Debemos comprender que la principal función de las FF.AA. no es la de defender al país ante un ataque, sino brindar una capacidad disuasiva suficiente para que ese ataque jamás ocurra.
La capacidad militar de una nación desempeña un papel esencial en sus relaciones internacionales, ya que la capacidad de ejercer coerción es uno de los elementos fundamentales en la influencia que unas naciones ejercen sobre otras. La habilidad de un país no solo para protegerse a sí mismo, sino también para respaldar a otros en la defensa de intereses compartidos, es un factor que todos los Estados tienen en cuenta al establecer alianzas.
Jorge Taiana, hoy candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, había afirmado durante su período como ministro de Defensa: “Es necesario contar con un instrumento militar equipado para tener una capacidad disuasiva eficaz, que impida que cualquier Estado intente agredirnos o imponernos algo contrario al interés nacional”.
Es verdad que las penurias y falencias respecto a salarios, equipamiento y adiestramiento sufridas por las FF.AA. fueron una constante durante todos los gobiernos desde el regreso de la democracia sin excepción. Paradójicamente, el gobierno de Alberto Fernández avanzó mucho en Defensa con la gestión de Taiana a la cabeza. La creación del FONDEF, la puesta en valor de las industrias militares, la igualdad de oportunidades para los integrantes de las Fuerzas Armadas, la recuperación de capacidades, la solidificación de la conjuntez, el aumento del adiestramiento y el alistamiento, y sobre todo la tan pedida equiparación salarial (se la dividió en 5 cuotas, de las cuales la gestión Taiana alcanzó a pagar 3) con las Fuerzas de Seguridad habían insuflado nuevos aires a la familia militar. Sin embargo, la llegada de los libertarios al poder cortó abruptamente estas mejoras. El FONDEF está virtualmente desaparecido y la equiparación salarial quedó trunca cuando Milei le instruyó a Petri que no la siguiera pagando porque “no había plata”.
El gobierno libertario desprecia a nuestros militares
El primer y más claro indicador de este desprecio es la condena a la indigencia económica. Los salarios de los militares son, literalmente, de miseria. Si tenemos en cuenta la escala salarial de septiembre de 2025, deducimos que aproximadamente el 80% del personal (todo el personal subalterno y un porcentaje importante de suboficiales y oficiales) cobra menos de 1 millón de pesos. Estos salarios no alcanzan para cubrir la canasta básica de una familia tipo y se ubican por debajo de la línea de pobreza. Grotesca recompensa por una vocación de servicio que implica disponibilidad las 24 horas, riesgos físicos y enormes sacrificios personales y familiares. Se exige patriotismo mientras se les niega la posibilidad de vivir con dignidad. Es un maltrato sistemático e institucionalizado.
Pero el ataque más visceral, el que evidencia una crueldad premeditada, es el desmantelamiento de la obra social (IOSFA). Atacar la salud de los militares, sus jubilados y sus familias es dinamitar el núcleo de su bienestar. La desfinanciación y el caos implantado en el sistema de salud castrense no es un error de gestión; es una política deliberada de desprotección que rompe un pacto histórico de cuidado hacia quienes dedicaron su vida a la Nación. Es, sencillamente, una traición. Y esto sí es nuevo. La gestión de Taiana entregó una IOSFA sin deudas, e increíblemente la gestión de Petri la llevó a tener en la actualidad un pasivo de casi 200.000 millones de pesos. Este pasivo aumenta 19.000 millones por mes, Petri pidió un crédito de 40.000 millones para equipamiento médico pero lo usó para pagar deudas, y ahora quiere pedir otro crédito de 80.000 millones. En lo que va del año se dieron de baja más de 200 prestadores y hace 3 meses que no entregan medicación oncológica. El panorama es muy oscuro.
Este desguace programático tuvo y tiene una consecuencia lógica e inevitable: la pérdida masiva de capital humano. Muchos de los que se fueron son personal calificado, experimentado y esencial, sufrieron una sangría de la que la institución no podrá recuperarse en años. No se trata de deserciones por falta de vocación, sino de bajas forzadas por la falta absoluta de horizontes, el desprecio económico y la destrucción de los beneficios que hacían sostenible la carrera.
Cada militar que se va a una fuerza de seguridad o al ámbito privado es un voto de desconfianza contra un gobierno que los menosprecia. Se les pide que defiendan la Patria, pero se les niega la posibilidad de mantener a su familia, de tener salud y de proyectar un futuro. Se está provocando una fuga de cuadros profesionales y técnicos que dejará a las Fuerzas Armadas en un estado de vulnerabilidad crítica.
La conclusión es inexorable: el discurso oficial de «valoración» es pura hipocresía. Las verdaderas intenciones se leen en los presupuestos raquíticos, en el recorte de beneficios esenciales y en el éxodo masivo de personal. Se llenan la boca hablando de las Fuerzas Armadas mientras, con las manos, las destruyen desde sus cimientos. El gobierno nacional debe ser juzgado por sus actos, no por sus palabras. Y los actos demuestran, sin lugar a dudas, un abandono histórico y un maltrato indignante hacia quienes merecen todo nuestro respeto y apoyo.
