Nordelta siempre fue vendido como el paraíso de los ricos: barrios cerrados con lagunas artificiales, seguridad privada y mansiones de millones de dólares. Pero detrás de esa postal aspiracional se esconde una verdad cada vez más evidente: el country más famoso de la Argentina se transformó en refugio de narcos, evasores y corruptos de guante blanco. Y lo más grave es que este entramado no funciona a espaldas del poder político: convive y se alimenta de él.
Los últimos allanamientos en los barrios La Isla y El Golf destaparon un nuevo capítulo de esta trama. Allí viven los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, ligados a la droguería Suizo Argentina, señalada en la causa de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Los audios filtrados del extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo, revelan que cobraban retornos por sobreprecios en medicamentos —“subí del 5% al 8% y lo llevás a Presidencia”— y se mencionan como receptores a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem. La escena resulta paradigmática: mientras el Gobierno despliega un discurso de mano dura contra los sectores populares, los negociados de sus propios aliados encuentran un cómodo resguardo tras los muros de Nordelta.
Jonathan fue buscado por la Justicia tras ser citado a indagatoria: entregó su celular sin clave y desapareció. Emmanuel fue detenido mientras intentaba huir del country cargando sobres con 266 mil dólares y siete millones de pesos. La impunidad es tal que cuando la Justicia intentó allanar sus propiedades, la seguridad del country demoró el ingreso y facilitó la fuga de los empresarios durante varios días.
La lista de escándalos no termina ahí. Dentro del country El Yacht, en Nordelta, fue detenido Elías Piccirillo, exmarido de Jesica Cirio, acusado por estafas y por haber plantado cocaína y un arma para perjudicar a un acreedor con una deuda de USD 6 millones. En el operativo fueron arrestados también agentes de la Policía de la Ciudad, señalados como cómplices. Las imágenes de su escape frustrado, captadas por las cámaras internas del country, revelaron cómo en estas urbanizaciones el delito circula sin disimulo.
En otros expedientes aparece el nombre del narcotraficante colombiano Henry de Jesús López Londoño, alias “Mi Sangre”, detenido en Argentina y posteriormente extraditado a Estados Unidos. Antes de caer, había hecho de Nordelta su base de operaciones, rodeado de autos de alta gama y propiedades valuadas en cientos de miles de dólares. Algo similar sucedió con la banda de “Los Reyes del Norte”, desarticulada en 2019 tras 30 allanamientos: un grupo que coordinaba envíos de cocaína desde sus mansiones con yates, autos de lujo y financieras radicadas dentro del propio complejo.
El mensaje es claro: el narco no vive donde la derecha quiere señalar. No está en las villas ni en los barrios humildes. Está en Nordelta, blindado por seguridad privada y protegido por la connivencia entre jueces, empresarios y políticos.
Baldíos de lujo: evasión y especulación con sello premium
La trama de Nordelta no puede entenderse sin mirar de cerca a las desarrolladoras que lo hicieron posible. El complejo nació de la mano de Consultatio S.A., la empresa del magnate Eduardo Costantini, uno de los empresarios más influyentes del país y referente de la especulación inmobiliaria. Costantini construyó su fortuna en base a un modelo de “ciudades privadas” que expulsa población local, destruye humedales y genera una desigualdad territorial feroz. Nordelta es su emblema y, a la vez, su mayor caja.
A su lado aparece EIDICO, la desarrolladora que controla barrios enteros dentro del complejo. Su modelo de negocios consiste en captar pequeños inversores para financiar urbanizaciones, pero detrás de ese esquema “democrático” se esconden operaciones de blanqueo de capitales y triangulación a través de fideicomisos opacos. En muchos de esos fideicomisos figuran lotes como “baldíos”, aun cuando ya cuentan con construcciones finalizadas.
A esta trama estructural de evasión se suma un caso puntual. En un operativo de fiscalización, ARBA detectó dentro de Nordelta un edificio corporativo de 14.500 m², con cinco pisos y cocheras subterráneas, que estaba declarado como terreno baldío. En los registros provinciales no figuraba ni un solo metro cuadrado construido, pese a que el inmueble llevaba más de un año en funcionamiento. No trascendieron públicamente los nombres de los constructores o sociedades responsables, lo que sí quedó en evidencia es el patrón repetido: evasión millonaria en un enclave de privilegio, protegida por un sistema que rara vez alcanza a sus verdaderos beneficiarios.
Como señaló el titular de ARBA, Cristian Girard, “se trata de contribuyentes con alta capacidad económica que intentan eludir sus obligaciones tributarias, en un contexto donde los sectores populares no tienen esa opción”. La postal es clara: mientras al vecino común se le persigue, en Nordelta se pueden esconder edificios completos como si fueran baldíos.
El blindaje burgués
Nordelta funciona como metáfora de la desigualdad: mientras miles de familias no acceden a un techo digno, los narcos y evasores disfrutan de mansiones en barrios diseñados para excluir apoyados por un sistema político-judicial que les garantiza impunidad. Sus muros no solo separan ricos de pobres, también separan a quienes pueden delinquir con total impunidad de quienes son perseguidos por sobrevivir.
Mientras el Gobierno ajusta a los jubilados, despide trabajadores y reprime a quienes protestan por sus derechos, los amigos del poder viven rodeados de lagunas artificiales y negocian contratos millonarios con el Estado. Nordelta es un refugio dorado donde la burguesía criminal hace negocios, mientras los sectores populares pagan la crisis.
