El fundador del MALBA y de Nordelta, Eduardo Costantini, se quedó con un predio ubicado entre Av. Bullrich y Cerviño, por el cual desembolsó 127 millones de dólares en un remate estatal y planea levantar un desarrollo urbano de «alta gama». La operación se concretó mediante una subasta pública organizada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). El precio final, de 127 millones de dólares, superó ampliamente el valor base de 81 millones fijado por el Estado. La empresa de Costantini compitió con Simali S.A. y Gepal S.A., y se impuso sobre ambas, asegurando los 42.044 metros cuadrados del predio.
La concesión actual del complejo comercial vence en 2026, y recién entonces podrían comenzar las obras, cuya inversión total se estima en más de 350 millones de dólares.
¿Cuál es el interés de este remate de tierras?
Eduardo Costantini, economista y coleccionista de arte, es reconocido por haber fundado el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), además de ser el creador de desarrollos urbanísticos de gran escala como Nordelta y Puertos (Escobar). Con este proyecto en Palermo, apunta a desarrollar un distrito de usos mixtos, con viviendas, oficinas, locales comerciales y espacios públicos que integren arte y diseño.
Se trata de uno de los últimos grandes lotes disponibles en una zona de altísimo valor inmobiliario, rodeada por parques, el Hipódromo, el campo de polo, la Mezquita de Palermo y el Sanatorio de la Trinidad.
El terreno adquirido por Costantini pertenecía históricamente al Regimiento de Infantería 1 “Patricios”, una unidad con más de dos siglos de historia, símbolo del nacimiento del Ejército Argentino. En los últimos años, parte de sus tierras fueron concesionadas para uso comercial, y el área donde hoy funciona Portal Palermo pasó a formar parte de las propiedades administradas por la AABE.
El remate del terreno militar no estuvo exento de controversias. Diversos sectores políticos habían impulsado en el Senado de la Nación un proyecto para declarar el predio “Lugar Histórico Nacional y no enajenable”, en defensa del patrimonio estatal. La iniciativa, presentada por el senador Pablo Blanco (UCR, Tierra del Fuego), obtuvo media sanción con 56 votos afirmativos y 4 negativos, y contó con el respaldo de legisladores de la UCR, el peronismo y el PRO.
Aunque la propuesta no llegó a convertirse en ley, evidenció el desacuerdo existente en torno al destino del terreno, especialmente por su ubicación estratégica y valor patrimonial. La venta fue finalmente aprobada por el gobierno nacional bajo el argumento de “promover la inversión privada y la reactivación económica».
Debate legal y ambiental
El abogado Jonatan Baldiviezo, especializado en derechos urbanos y ambientales, advirtió que la operación podría ser inconstitucional: “La venta del terreno de Palermo no cuenta con autorización del Congreso y se basa en un decreto de la época de Mauricio Macri que viola la Constitución. No se realizó un dictamen previo que evaluara si el mejor uso del predio era su traspaso a manos privadas para la especulación inmobiliaria”, explicó a El Grito del Sur.
Una vez efectuada la venta, la responsabilidad sobre los permisos de obra y las evaluaciones ambientales recaen sobre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Baldiviezo señaló que en CABA se han flexibilizado los requisitos ambientales, las evaluaciones y lo que se generado para el Gobierno de la Ciudad es que todo edificio multifamiliar o los edificios de vivienda -ya sea de la envergadura que sea, desde una casa de dos pisos o una torre de 100 metros de altura- son categorizados como de “impacto ambiental sin relevante efecto”. Esto implica aprobarlos mediante una simple declaración jurada, sin necesidad de audiencia pública.
“En el caso del proyecto de Costantini, por su magnitud y su impacto urbano, debería categorizarse como de “impacto ambiental con relevante efecto”, lo que obligaría a convocar una audiencia pública y a presentar un estudio técnico exhaustivo antes de iniciar la construcción”, sentenció Baldiviezo.
La compra del terreno de Palermo por parte de Eduardo Costantini no solo representa una de las operaciones inmobiliarias más importantes de los últimos años, sino también un nuevo capítulo en la disputa por el modelo de ciudad que se está construyendo en Buenos Aires.
Mientras el gobierno nacional justifica la venta bajo el discurso de la “reactivación económica” y la atracción de capitales, diversos sectores advierten que este tipo de iniciativas consolidan un patrón de desarrollo urbano centrado en la especulación y la exclusión social. En ese sentido, el proyecto de Costantini reabre la discusión sobre el uso del suelo público, el acceso a los espacios verdes y el papel del Estado en la planificación urbana.
