Pablo Laurta, un masculinista, cruza la frontera armado, mata dos mujeres, descuartiza al chofer del auto que lo llevó y, según se sospecha, prende fuego una iglesia en la que mueren dos nenas. En cualquier país se trataría de un atentado terrorista de un extremista de derecha. En Argentina volvemos a discutir si es un monstruo o un enfermo.
Los feminismos han hecho importantes avances en los últimos años para explicar la dimensión política de los femicidios. En una sociedad estructuralmente desigual donde median relaciones de poder asimétricas entre varones y mujeres, toda violencia por motivos de género es, en definitiva, política. Es política porque hace al sostenimiento de un orden jerárquico que habilita a los varones a violentar en caso de que ese orden se desestabilice. Es política porque busca restituir la dominación patriarcal en cada espacio de la organización social: los hogares, los barrios, las comunidades.
Todo femicidio es político. Pero es inédito que ocurra en Argentina una masacre con este nivel de premeditación y motivación política. Todo lo que dejó Pablo Laurta en internet da cuenta de su ideología supremacista, sus vínculos políticos y la persistencia en la impunidad de los varones. “Varones Unidos” es un grupo promotor de los llamados “derechos humanos del hombre” que trabajaba para la “igualdad ante la ley”, eufemismo para decir que los varones que ejercen violencia contra una mujer deben ser juzgados de la misma manera que una mujer que ejerce violencia con un hombre. En una sociedad como la nuestra donde existen desigualdades estructurales que ellos, desde luego, niegan.
Que grupos antifeministas como “Varones Unidos” pasen a la acción directa cambia el panorama. Tiene que ser un punto de inflexión, una señal de alerta, un hasta acá. Mucho se dice sobre la distancia entre lo virtual y lo real, sobre la violencia verbal de los trolls en Twitter que difícilmente se traduce en violencia física, sobre esos libertarios que terminan, siempre, corriendo ellos. Este caso demuestra lo contrario. Hay que ubicar en el lugar que corresponde a estas organizaciones antiderechos, promotoras de la misoginia y el odio en internet.
El gobierno nacional eliminó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, desmanteló la línea 144, desfinanció mecanismos provinciales de erradicación de violencias y el programa Acompañar de asistencia económica a mujeres en situación de violencia. Pero, además, como parte de su batalla cultural promovió la eliminación de la figura “femicidio” y desató una campaña contra las denuncias falsas, poniendo en tela de juicio las violencias que atraviesan las mujeres y dando lugar a proyectos legislativos como el de Carolina Losada que propone aumentar las penas a quienes denuncian.
Al mismo tiempo, referentes de la batalla cultural cercanos a Javier Milei, como Agustín Laje o Nicolás Marquez, establecieron articulaciones políticas y aumentaron la visibilidad de organizaciones como “Varones Unidos” y otras tantas que están en todo Discord, Reddit y hasta en Twitter (Devox) y toda esa basura odiante que es la manósfera online y sigue absolutamente subestimada por gran parte de la dirigencia política argentina.
Patricia Bullrich no demora en declarar como terroristas a organizaciones por pedido de EE.UU., encarcela militantes opositores y persigue a quienes sostienen los comedores comunitarios, pero no mueve un dedo en investigar a los supremacistas que, en internet, han encontrado lugares bajo el radar para organizarse y crecer.
En dos semanas fuimos testigos de cómo se escaparon por el norte dos narcofemicidas vinculados al triple crimen de Florencio Varela y cómo entró por Entre Ríos este supremacista con denuncias por violencia, como si las fronteras fuesen la puerta giratoria para la impunidad de los violentos.
Son inescindibles estos crímenes de la promoción de un antifeminismo de Estado que busca despolitizar los femicidios para volverlos «asuntos privados» y separar las discusiones de género de las discusiones políticas. Posterior al triple femicidio de Varela, la Ministra de Seguridad salió rápidamente a declarar que ese “no era un tema de género”. ¿Por qué? Porque el género politiza, se pregunta por el funcionamiento del orden social en el que circulan esas violencias y echa luz sobre aquello que naturalizamos.
Que “Varones Unidos” haya sido parte de actividades públicas en la Cámara de Diputados de Uruguay, que su fundador tenga vínculos y haya declarado que estaba asesorando a varios diputados y que el proyecto de la Ley de Corresponsabilidad haya sido aprobado con dos artículos polémicos que establecen la revinculación forzada de hijos y padres aunque estos últimos tengan denuncias por violencia, son muestras de que se naturalizó la presencia de organizaciones antiderechos, extremistas por los derechos del hombre, en el debate público.
La batalla cultural no puede ser a costa de la misoginia, de la promoción de violencias, del ciberacoso. La batalla cultural puede ser discusión de ideas, intercambio y construcción de propuestas superadoras, pero nunca odio hacia poblaciones específicas. Porque el odio mata. Nuestras democracias necesitan generar anticuerpos contra estos agentes del caos que buscan destruir las reglas de convivencia que hemos construido.
Insisto: es necesario caracterizar a estas organizaciones como grupos que buscan garantizar la impunidad patriarcal de quienes ejercen violencias. “Varones Unidos” no promueve los derechos de nadie: no hay derecho posible cuando un niño acaba de perder a su madre, a su abuela y es sustraído por el femicida de estas dos. No hay derecho tampoco cuando se obliga a un niño a revincularse con su padre que ejerció violencias contra su madre. Promover derechos tiene más que ver con pagar la cuota alimentaria, asistir a terapia cuando uno está roto y no puede solo o, simplemente, cuidar y criar a las infancias de nuestra patria para que puedan vivir con dignidad.
Si los varones queremos defender nuestros derechos podemos juntarnos para reclamar más días de licencias parentales, regímenes especiales para participar en reuniones de padres o actos escolares, mejores y más accesibles servicios de salud mental, capacitación laboral o cursos que nos permitan tener trabajos más estables, una educación sexual integral que nos enseñe a identificar y atravesar mejor nuestras emociones; en fin, políticas que recompongan nuestra relación con la comunidad.
