La Ciudad de Buenos Aires comenzó finalmente a implementar el boleto educativo universitario para estudiantes de la UBA y de los profesorados porteños. Lo que, sobre el papel, aparece como una conquista largamente reclamada llega envuelta en polémica: requisitos socioeconómicos restrictivos, residencia obligatoria en CABA, topes de viajes, exclusión de líneas de transporte muy utilizadas y una implementación que se pone en marcha cuando el cuatrimestre ya está terminando. Tres dirigentas estudiantiles de la UBA analizan el alcance real de la medida y coinciden con una idea: el derecho quedó reducido a un beneficio recortado.
Tatiana Fernández Martí, referente política del movimiento estudiantil y militante del Partido Obrero, señaló que “la reglamentación del boleto educativo es muy discriminatoria y restrictiva”. Además agregó: “Deja afuera al 50% de la población estudiantil que cursa en las facultades y los profesorados de la Ciudad, porque no aplica para aquellos estudiantes que viajan desde el conurbano y que paradójicamente son los que más invierten en transporte, haciendo distintas combinaciones para poder llegar a cursar”. Para ella, el problema no es solo de diseño técnico, sino de decisión política: “Ninguno de los dos gobiernos, tanto el de la Ciudad como el de la Provincia de Buenos Aires, que tienen instrumentados boletos educativos, quieren dar respuesta a este universo que componen miles y miles de estudiantes. Lo que desde ya creemos que es un problema grande”.
Requisitos, meritocracia y exclusiones
A esa primera exclusión territorial se suma otra, más silenciosa: la que se construye por medio de requisitos académicos y socioeconómicos. Tatiana cuestionó que el gobierno porteño introduzca criterios de regularidad propios, más exigentes que los de la propia universidad: “El Gobierno de la Ciudad pone más requisitos. Instrumenta unos criterios de regularidad exclusivos para poder acceder, que implican que un estudiante de la universidad tiene que promocionar por lo menos tres materias y un estudiante avanzado del profesorado tiene que haber cursado todas las materias del año académico anterior”. Y subrayó que, al estar dirigido a quienes tienen ingresos vulnerables, el sistema termina castigando justamente a quienes más apoyo necesitan: “Si esta reglamentación es dirigida hacia aquellos que perciben un ingreso vulnerable económicamente, ya de por sí los vuelve a atacar porque les está exigiendo un concepto de meritocracia para aquellos que realmente se les hace más difícil hacer compatible la jornada laboral con la cursada dentro de la facultad”.
Desde la Facultad de Ciencias Exactas, Julia Benito, presidenta del centro de estudiantes, coincidió en el diagnóstico y puso el foco en la lógica de “sobrerreglamentación”. Al imponer un filtro socioeconómico, el gobierno porteño “no solo traiciona el principio de universalidad, sino que ignora la realidad del ajuste. El costo del transporte es hoy una barrera para la gran mayoría de los estudiantes universitarios, que se ven obligados a elegir entre estudiar o pagar el boleto”. De ese diagnóstico se desprende una definición política clara: “El boleto educativo debe ser universal porque, en este contexto, todos los estudiantes somos vulnerables con los altos costos de vida y necesitamos que se elimine esta barrera estructural”.
Julia también recuerda que el boleto se aprobó hace un año en la Legislatura, pero recién ahora se intenta ponerlo en funcionamiento: «Desde hace meses venimos recolectando los reclamos que surgen a partir de la frustración de que nos digan que se aprobó el boleto educativo, pero casi termina el segundo cuatrimestre y todavía no lo podemos usar. Por eso presentamos un amparo a la Justicia”.
En ese trabajo cotidiano de relevamiento, los centros estudiantiles identificaron dos trabas centrales. Julia Benito lo sintetiza así: “Por un lado, aparecen requisitos extras: el GCBA exige certificaciones de regularidad que las propias universidades no emiten, o requisitos distintos a los que la propia ley pide. Esto resulta en el rechazo automático de miles de trámites, aunque los estudiantes sean alumnos regulares”. El segundo punto clave es la restricción en el tipo de transporte alcanzado: “La ley es clara e incluye los colectivos de jurisdicción nacional que circulan en la Ciudad. Sin embargo, el GCBA ha restringido arbitrariamente el beneficio solo a unas pocas líneas de jurisdicción local, dejando afuera a la inmensa mayoría de los estudiantes. Por ejemplo: de las ya pocas líneas que llegan a Ciudad Universitaria, sólo tres estarían contempladas. Es terrible”.
Sobre el espíritu original del boleto educativo, Julia fue tajante: “El boleto educativo, como lo concebimos nosotres, es una política de acceso a la educación. Recortarlo, como si fuera una cuestión de contarnos las costillas, atenta contra el espíritu de esta ampliación de derechos”. Y agregó una lectura política más general: “Lo que estamos presenciando es una gestión de la exclusión. El Gobierno de la Ciudad anuncia grandes políticas y beneficios en los medios, pero -en la implementación real- inventa requisitos para que la política pública beneficie a la menor cantidad de personas posible”. Frente a eso, propuso revertir la lógica de recorte: “La educación pública es un pilar fundamental para la construcción del país que soñamos. Y se defiende con inversión, con más universidades, más becas, más derechos, no con restricciones”.
Batalla cultural, organización estudiantil y futuro del boleto
Agostina Olivera, presidenta del centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), enmarcó la discusión en una disputa más amplia sobre el rol del Estado en la educación superior. “Básicamente la situación del boleto universitario en CABA es un nuevo ejemplo del abandono y la desidia del gobierno de Jorge Macri, que viene siendo un ayudante directo de las políticas de crueldad que el gobierno nacional viene instalando sobre el conjunto del pueblo argentino, pero particularmente de las universidades nacionales”, afirmó. Para Agustina, el conflicto no se reduce al número de pesos destinados al beneficio: “Para nosotros hay una disputa que no tiene que ver con el presupuesto o con la cantidad de plata que se destina al boleto y a la universidad pública y al salario de sus trabajadores, sino que particularmente tiene que ver con una batalla cultural. Son dos gobiernos, el Nacional y el de la Ciudad, que por lo visto no creen que el Estado tenga que ser el garante de la educación superior”.
Agustina reconoció que la aprobación del boleto fue, en sí misma, una victoria largamente esperada, aunque parcial: “Desde la Universidad de Buenos Aires y particularmente desde los centros de estudiantes, venimos denunciando la situación de la reglamentación. Para nosotros fue una victoria, una victoria parcial después de años de deuda de la Ciudad de Buenos Aires con los estudiantes universitarios”. Sin embargo, remarcó que el proyecto ya nacía acotado y que la reglamentación profundizó los recortes: “De todas maneras, también entendemos que de por sí el proyecto ya era en cierto punto recortado a las dimensiones de quienes cursamos y estudiamos en esta ciudad y que lo que hace el gobierno porteño con su reglamentación es profundizar eso”.
En esa profundización, Agustina señaló la combinación de filtros socioeconómicos y académicos: “Sin ir más lejos, hay muchos estudiantes o carreras que tienen finales obligatorios y, por lo tanto, que no les aparezca que tengan materias cursadas o rendidas en el último año no significa que no lo hayan hecho, sino que significa que todavía quizás no rindieron esos finales”. Así, la reglamentación “necesariamente está yendo contra una victoria concreta que ganamos, pero también intentando reducirla al máximo posible, lo cual resulta irrisorio si estamos hablando de la ciudad más rica del país”.
La reacción del movimiento estudiantil no se limita a la denuncia pública. Tatiana Martí contó que “a través de los centros de estudiantes estamos organizando relevamientos para atender a aquellos que tienen problemas para anotarse en el boleto”. Explicó que, como la medida “se acaba de instrumentar, todavía no hay información precisa, pero en las próximas semanas vamos a estar dando una pelea para garantizar que esto sea una realidad”.
Desde Sociales, Agostina detalló que están sumando rechazos y consultas para llevar a la Justicia. Las tres dirigentas coincidieron en que el boleto, tal como se reglamentó, se parece más a un subsidio limitado que a un derecho universal. Por eso, no se quedan solo en la crítica y trazan un horizonte común de cambio. Julia sintetizó las demandas: que el boleto sea universal para todos los estudiantes universitarios y terciarios, que incluya todas las líneas de transporte que usan para ir a cursar (locales y nacionales) y que se eliminen las trabas burocráticas que duplican o contradicen los requisitos de las universidades. “Lo que falta es voluntad política para priorizar el derecho a la educación. Exigimos la plena implementación ya”, resumió.
Tatiana, por su parte, inscribió la pelea en una historia larga: “Nos parece que es muy importante esta conquista del boleto porque responde a una lucha histórica, que se remonta desde los compañeros desaparecidos en la Noche de los Lápices del 16 de septiembre del 76, hasta las últimas grandes peleas que estamos dando para defender el presupuesto y el salario de los trabajadores de la universidad pública y de los profesorados de la Ciudad”. Y proyectó el conflicto hacia delante: “Esta conquista tiene que ser un puntapié para dar una pelea a nivel general para defender la universidad, para retomar esa lucha a partir de que el gobierno está en la ilegalidad, no aplicando la ley del financiamiento universitario. Sin embargo, ya tenemos el precedente reciente de conquistas que nos invitan a pensar un futuro de lucha para defender la universidad pública”.
Entre reglamentaciones restrictivas, amparos judiciales y relevamientos de casos de exclusión, el boleto universitario se convierte así en un escenario concreto donde se juega una discusión más profunda: si el acceso a la universidad será un derecho efectivamente garantizado o un beneficio condicionado a filtros socioeconómicos y académicos cada vez más estrechos.
