El reciente anuncio de un «Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos» entre el gobierno de Javier Milei y los EE.UU. no es otra cosa que un nuevo capítulo, y quizás uno de los más regresivos, en la historia de la subordinación política y económica de nuestro país. Lejos de ser un pacto entre iguales, la letra chica que se esconde detrás de la retórica oficialista huele a la apertura indiscriminada de nuestro mercado y a la cesión de soberanía regulatoria, poniendo en jaque a sectores productivos clave que, con esfuerzo y políticas de promoción de los últimos años, habían logrado cimentar una mayor autonomía.
La matriz del acuerdo es la asimetría: se consolida la primarización de nuestra economía. Los rubros más expuestos son aquellos donde la competencia desigual y el desmantelamiento regulatorio serán más crudos.
“Todo esto se enmarca en una situación geopolítica más general en donde hay una guerra por la hegemonía global entre EE.UU. y China, donde EE.UU. busca recuperar la región latinoamericana como un espacio vital propio. Argentina sería un aliado clave políticamente. Podría haber nuevos, lamentablemente, como son el caso de Chile o Colombia el año próximo. Este memorándum de entendimiento es similar al firmado con Ecuador, Guatemala y El Salvador. Tres países que no tienen una estructura productiva que proteger. Al mismo tiempo se está negociando con Brasil. El Gobierno lo quiere presentar como un éxito de la relación privilegiada entre Milei y Trump, pero el objetivo de EE.UU. es recuperar el espacio que ellos consideran tener en la región. Argentina está en pésimas condiciones de negociar y es una forma de pagar el rescate que hizo el Tesoro”, señaló Juan Pablo Costa, economista del Centro de Economía Política (CEPA).
Industria farmacéutica: la batalla de las patentes y el acceso a la salud
La industria farmacéutica argentina, históricamente reconocida por su capacidad de producir medicamentos complejos y por el desarrollo de laboratorios nacionales competitivos, es una de las áreas donde el impacto del acuerdo con EE.UU. resulta más evidente y preocupante. Durante el período reciente (2019-2023), la regulación había avanzado hacia un esquema que combinaba soberanía técnica, producción local y defensa del acceso a los tratamientos. Ese enfoque se sostenía en dos pilares fundamentales: la aplicación estricta de la Ley de Patentes 24.481 —cuya interpretación evitaba abusos como las patentes triviales o las extensiones artificiales— y el rol robustecido de la ANMAT como autoridad sanitaria nacional.
Este marco permitía garantizar que la innovación fuera compatible con el derecho a la salud, que los genéricos y biosimilares pudieran desarrollarse en tiempos razonables y que la Argentina mantuviera capacidad para formular medicamentos de alta complejidad sin depender enteramente de laboratorios extranjeros. De ese modo, se sostenía un equilibrio entre regulación estatal, protección industrial y cuidado del bolsillo de los pacientes, especialmente en patologías donde los tratamientos pueden volverse prohibitivamente caros si sólo quedan disponibles las versiones patentadas.
La intención de “alinear” el régimen de propiedad intelectual argentino con los estándares estadounidenses implica, en la práctica, la posibilidad de endurecer las condiciones para otorgar licencias, extender la vida útil de patentes existentes y obstaculizar la entrada de genéricos al mercado. Esta modificación no es neutra: volvería a concentrar el poder de mercado en manos de laboratorios multinacionales, limitaría la producción local, encarecería tratamientos para el Estado y para las obras sociales, y profundizaría la dependencia tecnológica en un sector que, por definición, es estratégico.
A esto se suma la aceptación de certificados y autorizaciones emitidos por la FDA como criterio suficiente para el ingreso de medicamentos y dispositivos médicos al país. Lejos de tratarse de una simplificación inocua, esta medida supone un debilitamiento directo del rol de la ANMAT, que deja de ser el organismo central para definir la seguridad, la calidad y la eficacia de los productos que ingresan al mercado argentino. Significa renunciar a parámetros sanitarios propios, construidos durante décadas con experiencia local, ensayos clínicos, investigación universitaria y conocimiento acumulado. La aceptación automática de certificaciones extranjeras deshace ese avance y coloca a Argentina en una posición de dependencia técnica, jurídica y económica frente a la regulación estadounidense.
Guido Agostinelli, licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y autor de Experimento Libertario, lo describe con claridad: “el uso de patentes refuerza la dependencia siempre de la periferia con el centro. Esto lo que hace es encarecer el uso de ciertos productos que tengan vínculo con patentes y generalmente las patentes se registran en los países centrales y hay un mayor registro de patentes en los países en los cuales hay más incentivo estatal para ese registro. Lo que terminaría ocurriendo es que si Argentina mantiene un Estado desfinanciado en ciencia y tecnología, lógicamente a nivel patentamientos va a tener un flujo menor de cara al futuro. Tanto EE.UU. como China vienen liderando en esas cuestiones; por lo tanto vamos a tener una mayor dependencia de las patentes norteamericanas”.
El escenario que plantea Agostinelli no resulta hipotético: es la consecuencia esperable de un país que renuncia a su política de innovación, reduce financiamiento científico y se alinea con un sistema de propiedad intelectual diseñado para maximizar las ganancias de quienes ya dominan la frontera tecnológica. Argentina pasaría de tener una industria farmacéutica robusta, capaz de fabricar inmunosupresores, oncología, biológicos y medicamentos de alto costo, a depender crecientemente de importaciones con precios fijados afuera.
Ganadería y lácteos: el campo nacional bajo amenaza y la competencia desleal
El sector agropecuario, especialmente la ganadería bovina, aviar, porcina y láctea, es uno de los más expuestos a una competencia desigual que podría desarticular cadenas de valor regionales.
Años anteriores la política agropecuaria, aunque con tensiones, buscó el sostenimiento de barreras sanitarias y técnicas, junto con una gestión de mercados y cuotas de exportación (como la Cuota Hilton) que intentaba equilibrar el mercado interno y externo. Se logró un crecimiento en la ganadería porcina y la producción láctea enfocado en el mercado local y las exportaciones regionales, además de mantener una marca de calidad mundial para la carne bovina.
El «Pacto» con el Tío Sam es una declaración de guerra contra esta protección. Se habilita la entrada de ganado bovino vivo, carne aviar, productos porcinos y lácteos estadounidenses, subsidiados y producidos en escalas que la pequeña y mediana producción argentina difícilmente puede igualar. Esta competencia desigual podría llevar al cierre de PYMEs rurales y tambos, consolidando un patrón de exportación de materia prima a cambio de la importación de productos manufacturados de menor valor.
Se simplifican trámites para la entrada de estos productos, eliminando la obligación de registrar plantas de EE.UU. y facilitando la homologación automática de productos que cumplan las normas estadounidenses. Esto, además de la competencia desleal, pone en riesgo la sanidad animal y vegetal (SENASA), al relajar los controles y aumentar la posibilidad de importar enfermedades o plagas que amenacen todo el stock ganadero nacional.
Juan Pablo Costa lo sintetiza: “incluso si hubiera un acuerdo que implicara la apertura de ambos mercados con reciprocidad sería bastante discutible por una cuestión de productividad. Las empresas norteamericanas estarían en mejores condiciones de desembarcar en el mercado argentino. Pero es importante remarcar que no hay reciprocidad. Puede afectar entonces a sectores como la ganadería, porque habilita la importación, y también la industria láctea ya que no solo habilita la importación sino que desestima cualquier tipo de reclamo en términos de denominación de origen de los productos lácteos. La entrada de estos productos norteamericanos generaría una baja de precios local y, por lo tanto, la insostenibilidad del sector PYME rural. Ahí está el problema de siempre, la apertura importadora que por un lado contiene precios y por el otro lado destruye el entramado productivo, al mismo tiempo que implica una pérdida de reservas. Con respecto a este punto es importante señalar que este acuerdo tiene implícito sostener un tipo de cambio relativamente apreciado, porque sino EE.UU. no podría colocar nada. Esto va un poco en contradicción con lo que pide el Fondo Monetario que insiste en la recomposición de reserva. En ese marco, el gobierno nacional resta importancia a recomponer ya que se podría renovar la deuda si se accede al mercado internacional. En ese sentido es probable que exista alguna discusión entre EE.UU. y el Fondo”.
Economía del conocimiento: de exportadores de valor a prestadores de servicios
Incluso el sector de servicios de alta tecnología, que en los últimos años había mostrado gran dinamismo, corre peligro de convertirse en una mera plataforma para el gran capital extranjero, sin desarrollar propiedad intelectual propia.
El período anterior, mediante la Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento (PEC), impulsó un régimen de beneficios fiscales para fomentar la inversión, la generación de empleo calificado y la exportación de servicios de alto valor agregado. Esto permitió que Argentina se posicionara como un importante exportador de software y servicios de conocimiento, desarrollando una base de profesionales y empresas de calidad reconocida.
El nuevo acuerdo se centra en el Comercio Digital y la Transferencia de Datos, donde Argentina se compromete a reconocer a EE.UU. como jurisdicción adecuada y a no discriminar productos o servicios digitales. Esta cláusula facilita el dominio de las grandes plataformas (Big Tech) de EE.UU. sobre el mercado digital argentino. El riesgo es triple: desalentar la transferencia de tecnología, convertir a los profesionales argentinos en meros proveedores de staff y mano de obra barata para proyectos estadounidenses, y privar al país de la capacidad de generar propiedad intelectual de peso. En esencia, se consolida la dependencia tecnológica y se frena la posibilidad de escalar en la cadena de valor digital.
Industria automotriz: la desarticulación de una cadena estratégica
Durante los últimos años, el sector había logrado sostener un esquema de protección razonable combinado con acuerdos de integración regional que permitían mantener volúmenes de producción estables, inversiones en plantas locales y una cadena autopartista compleja y diversificada. La homologación técnica común con Brasil, las exigencias de seguridad y emisiones propias, y el equilibrio entre mercado interno y exportaciones habían sido parte de un andamiaje que, con todas sus tensiones, garantizaba previsibilidad industrial.
El compromiso de aceptar vehículos fabricados bajo normas estadounidenses —sin necesidad de pasar por los procesos de homologación locales ni ajustarse a los estándares Mercosur— introduce una competencia estructuralmente desigual. Los autos producidos en EE.UU. ingresarán al país con certificaciones externas como único requisito, lo que implica desplazar la regulación nacional y romper la lógica de integración técnica y productiva que sostuvo al sector durante décadas.
Este cambio abre la puerta al ingreso masivo de modelos estadounidenses que no requieren adaptación ni inversión previa en el país, desincentivando la radicación local de proyectos industriales. El impacto sobre la balanza comercial es previsible: la apertura indiscriminada a vehículos importados sin mecanismos de regulación propios reintroduce la fragilidad externa que caracterizó a la economía argentina en períodos de liberalización previa. La importación automotriz, históricamente asociada a ampliación del déficit comercial y volatilidad cambiaria, volvería a ocupar un rol desestabilizador.
Mientras el Mercosur había sido la plataforma desde la cual Argentina lograba sostener empleos industriales, acuerdos tecnológicos y escalas competitivas, el nuevo acuerdo con Estados Unidos sustituye esa lógica por una apertura unilateral que beneficia a un país con una industria fuertemente subsidiada, mayor desarrollo tecnológico y una escala inalcanzable para cualquier fábrica local. Del esfuerzo por consolidar un entramado regional productivo, se pasaría a un esquema donde Argentina se convierte en mercado final de vehículos importados, perdiendo capacidad regulatoria, empleo, soberanía tecnológica y peso.
Recursos estratégicos y otras industrias: la entrega de la soberanía
Dos rubros adicionales concentran gran parte de la amenaza.
Recursos estratégicos: la facilitación de inversiones y comercio en minerales críticos (como el litio) bajo las condiciones de EE.UU. implica una entrega de la soberanía sobre recursos vitales sin asegurar una industrialización o un beneficio real. Argentina se convertirá en un mero exportador de materia prima sin generar valor agregado local frenando los incipientes avances en la cadena de valor del litio.
Industria pesada y manufacturera: la amenaza de la reducción de aranceles para vehículos, productos químicos y maquinaria estadounidenses golpea directamente a la industria nacional y los bienes de capital. Si bien este sector había mantenido una base productiva importante bajo el paraguas del Mercosur, el acuerdo amenaza con horadar esa protección, llevando a la competencia desigual con productos altamente subsidiados y abriendo la puerta a la desarticulación de las cadenas de valor metalúrgicas y automotrices.
Como nos resume Guido Agostinelli: “el acuerdo lo que hace es atarse a los conceptos de David Ricardo de la ventajas comparativas. Esto quiere decir que cada país se tiene que especializar en los recursos que tiene o lo que puede producir de forma más económica. Dividiendo al mundo de esa forma, Argentina queda sencillamente como un exportador del sector agropecuario, sumado ahora con los minerales en los que esta interesado EE.UU. (litio y cobre). Esto nos posiciona en desventaja porque a EE.UU. en estos roles a nivel mundial se le asigna la industria frente a una Argentina más extrativista. Es una forma de condenar a las actividades industriales argentinas con una competencia nueva. Esta competencia tiene un Estado detrás que es EE.UU., que tiene subvenciones, créditos a baja tasa y sobre todo escala. La periferia muchas veces no tiene una escala para producir que llegue a abaratar costos, que pueda ser competitivo contra otros grandes países productores”.
La consolidación de un modelo dependiente
Este acuerdo, envuelto en el lenguaje de la «modernización» y la «integración al mundo», parece ser un mecanismo para desmantelar las barreras de protección que aún le quedan a la producción nacional, priorizando los intereses de Washington y del gran capital concentrado, a expensas de la clase trabajadora y la soberanía económica argentina.
Concluye Guido Agostinelli: “el acuerdo va a ser vendido como un modo de tener insumos más económicos. La excusa de la apertura comercial siempre es que los precios internos son altos y una forma de abaratar los precios al consumidor es abriendo la importación. Esto es bastante interesante, es algo que se toma de la corriente neoclásica, que los individuos son productores o consumidores a secas. No se lo contempla como un trabajador que puede perder el trabajo debido a que la industria se achica o porque cierra la empresa como consecuencia de la competencia estadounidense. En consecuencia lo haría un consumidor más pobre, un consumidor con menos recursos. Siempre el planteo de la escuela neoclásica que están tomando ahora los libertarios es pensar al consumidor como algo caído del cielo y que el consumir a partir de que tiene precios más económicos con bienes importados va a poder consumir más u optimizar mejor sus ingresos. No termina pasando eso o termina pasando para un segmento consumidor bien acomodado”.
En definitiva, consolida un modelo dependiente, primarizado y vulnerable. Más que un acuerdo entre socios, se asemeja a un esquema de integración subordinada donde Argentina cede herramientas clave -normativas, sanitarias, industriales, tecnológicas- sin obtener contrapartidas equivalentes. Su aprobación no solo tendrá impacto económico: marcará el rumbo del país en la guerra geopolítica que atraviesa al mundo y definirá qué lugar ocupará Argentina en la economía del siglo XXI.
