“Huellas en el pavimento: asfalto, compinches y lobby en la Guyana de la Exxon” es la nueva investigación exclusiva de la Unidad de Investigación de Venezuela News, La Revista.
La captura corporativa, o la entrega de Guyana, dependiendo si se mira desde la ExxonMobil o desde la sucesión de gobernantes guayaneses de la última década ha sido de todo menos transparente.
Una compleja, vasta y enrevesada trama de tráfico de influencia, nepotismo y cabildeo gangsteril comienza a emerger alrededor del supuesto “boom” energético de la República Cooperativa, donde comienzan a hacerse evidentes los esfuerzos de control por una camarilla transnacional que se mueve entre Georgetown, el sur de la Florida y Colombia, donde altos funcionarios del gobierno de Iván Duque, incluyendo al propio expresidente, han venido anunciando la nueva fase del uribismo, ahora situándose en la bisagra entre lo público y lo privado. De eso va esta primera entrega.
Un 28 de mayo
No parece que haya sido un día muy soleado ese 28 de mayo de 2025 a las afueras de Georgetown, en la capital guyanesa, cuando figuras de alto perfil inauguraron una planta procesadora de asfalto en el tramo inicial del proyecto vial Linden/Soesdyke, como parte de un declaradamente ambicioso proyecto de desarrollo que vislumbra un corredor industrial hacia el poco poblado y selvático sur del país, repleto de recursos minerales.
Al presidente Irfaan Ali, que asistió personal y entusiastamente a inaugurar la planta, lo acompañaba una comitiva encabezada por Iván Duque, el expresidente colombiano, Ángela María Orozco, su exministra de Transporte y los representantes de las empresas Dromos e Incominería, a través de su filial guyanesa, Dromos Minning and Construction INC., Drominc.
Nada explica oficialmente la presencia de la exministra. Ninguno de los diversos medios que cubrió el evento la menciona por nombre, apellido o cargo.
“En los próximos cinco años”, declaró Ali, “la transformación que se está dando a lo largo de este corredor va a ser tan inmensa que la creación de valor será increíble en términos de trabajos, en términos de valor de activos, en términos de expansión de infraestructura, en términos de productividad, en todo eso”.
A la vanguardia del Linden/Soesdyke están los uribistas. Ivan Duque es “un actor clave en el establecimiento de la Planta de Asfalto Drominc en Guyana”, según el Guyana Times. El medio también destacó que esta era la primera inversión colombiana, pero que habrá más de la misma compañía y serán “enormes” en los próximos años.
En lo que va de 2025, Duque ha estado al menos tres veces en Georgetown en calidad de expresidente que lleva su propia fundación y de activista ambientalista desde la alianza público-privada. Pero ni el Starbroek News, el Guyana Times, ni el Kaieteur News reseñaron la presencia de Orozco, cuya identidad quedó diluida en las fotos bajo el rótulo de “ejecutivos de Drominc”.
Esa mañana de mayo también habló el representante de Drominc, el joven Rafael Reyes Jaramillo, quien disparó desde el púlpito varias florituras desarrollistas en la inauguración: habló de conexiones, de sinergias y comunidades.
Como buen retrato de familia, la foto dice mucho de lo que expresa, pero sobre todo de lo que oculta.
Dromos, Incominería, Drominc: Superinco Holdings S.A.S.
Rafael Reyes Jaramillo, además de representar a Drominc en Guyana, forma parte de la junta directiva de Dromos Pavimentos y de Incominería. El organigrama de estas dos últimas también lo integran Daniel Reyes Harker, César Ramírez Agudelo y Diego Antonio García Triana.
Durante la gestión de Ángela María Orozco, Dromos se hizo con el contrato de mantenimiento de cinco años del Aeropuerto Internacional de El Dorado, en Bogotá.
Dromos es una empresa que se dedica a las mezclas asfálticas y sus derivados en Colombia. Por su parte, Incominería explota canteras y tiene una planta de producción de compuestos bituminosos para pavimentos, que “se encuentran estratégicamente ubicadas en los municipios de Mosquera y Soacha en todo el corazón de Cundinamarca”, dice su portal web.
Todas las empresas mencionadas, a su vez, integran parte de la cartera que absorbió y administra Superinco Holdings SAS, creada en noviembre de 2023, según consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio de Bogotá. Dromos fue invitado a Guyana en noviembre de 2023, en paralelo a la constitución del holding.
El certificado de existencia de Superinco detalla que Cesar Ramírez Agudelo, Daniel Reyes Harker, Diego Antonio García Triana “ejercen situación de control y grupo empresarial sobre las sociedades Dromos Pavimentos, Incomineria, S.A.S., Laboratorio Ingestrac S.A.S e Ingen Estratégica y Construcciones S.A.S. (Controladas) a través de las intermediarias sociedades extranjeras Carare 2028 SL, Kline Financial Ltda (Missouri) y las sociedades Marsili Holding S.A.S., Dalacara S.A.S., Triana S.A.S, Carare Inversiones S.A.S. y Superinco Holding SAS (subordinadas)”.
Carare 2028 y Dajuli 2018, registradas en Madrid, son las caras de Reyes Harker en España ante la empresa matriz de Dromos.
La conexión española
De acuerdo con el Registro Mercantil de Madrid, Carare 2028 y Dajuli 2018 están registradas en el mismo domicilio: Calle Marqués de La Ensenada 16 – Apartamento 317.
Dajuli 2018 fue registrada el 2 de febrero de 2018 y así se define su objeto social: “A).- la compra y venta y alquiler de toda clase de inmuebles y fincas rústicas y urbanas y su explotación en cualquier forma admitida en derecho. B).- la realización, desarrollo y gestión de toda clase de proyectos de obras, reformas de inmuebles, tanto rústicos como urbanos”.
Carare 2028, constituida el 8 de agosto de 2022, se dedica a “la gestión y administración de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español con medios personales y materiales propios”.
A la vista de sus actividades empresariales, Reyes Harker tendría entre sus talentos y vocaciones la compra, el traspaso y la remodelación de inmuebles para la venta, facilitando, además, el ingreso de capital latinoamericano dentro del sistema español con el mismo fin.
Para eso también se necesita de jugadores locales y uno de ellos sería Víctor de Aldama.
De Aldama es un empresario español, actualmente procesado por la justicia como presunto conseguidor en el ‘caso Koldo’, una investigación judicial en la que están involucrados jerarcas del gobernante PSOE, dentro de un complejo entramado de otorgamiento de contratos públicos, tráfico de influencias y otros mecanismos de enriquecimiento ilícito.
A su vez, Aldama está acusado de estar implicado en otros esquemas de lavado. Un trabajo de noviembre de 2024, publicado en The Objective, revela que habría comprado una serie de inmuebles que rondan los 1,2 millones de euros en la “milla de oro” madrileña. El lomito del lomito inmobiliario, que hoy está embargado.
Las operaciones se habrían realizado a través de la compañía Mosquito Red 23 SL, registrada en Madrid en octubre de 2023. Quien se encargó de crear la personalidad jurídica fue Luis Miguel Triguero Gómez.
Triguero Gómez es conocido como un empresario dedicado a la venta de empresas durmientes. Por tan solo mil 500 euros y en 24 horas, cualquiera puede “llevarse a casa” una sociedad jurídica. Esta puede estar recién constituida o llevar años creada, pero todas aguardan a la espera de su “adopción”. Llegan con el “pack” completo: inscritas en el registro mercantil, un NIF, un administrador único, un objeto social amplio y un capital a elegir entre los 3 mil euros y el millón. Muchas de ellas han acabado en los sumarios de las tramas de corrupción más conocidas de España: Gürtel, Nóos, Fabra, Marsans, ITV o Mercalicante.
“Enmuchas ocasiones”, escriben Enrique Morales y Fernando Tadeo en la nota de The Objective de inicios de 2024, las empresas de Triguero Gómez “terminan en manos de redes para blanquear dinero de mordidas ilegales a través de una aparente compra de activos o negocio y tejer una maraña de firmas superpuestas difícil de detectar por las autoridades”.
Triguero Gómez, el creador serial de más de 2 mil empresas de maletín, le vendió la firma a Aldama, quien pasó a ser su administrador hasta que su comisionismo serial lo condujo a su actual situación judicial. Mosquito Red 23 SL, antes de ser extinta en marzo de 2025, tuvo como administradores a Alejandro Restrepo Posada y Diego Antonio García Triana, este último integrante de las juntas directivas de Dromos, Incomería y el holding Superinco.
Junto a estos dos ciudadanos colombianos aparece otro nombre recurrente dentro de esta constelación empresarial: Lina María Jaramillo Moreno, una mujer que había trabajado en la secretaría de educación de la Alcaldía de Medellín y figuraba “como parte del staff de Mosquito”, apunta The Objective.
Pero Jaramillo Moreno también comparte administración en al menos otra empresa de Daniel Gustavo Reyes Harker: Dajuli 2018.
¿Cuánto de este sistema de interacciones opaco y con vértices bajo la lupa de la justicia española comienza a explicar el fenómeno de la notable transferencia de dinero a través de compra de inmuebles?
¿En qué medida, en qué punto se establece la relación entre la crisis de la vivienda en la capital española y la llegada de los círculos de poder conspirativo, de Venezuela y otras partes, que colonizan y convierten el norte de Madrid en un Miami de marca blanca?
Pero no nos desviemos.
¿En qué cuerda pelea ese gallo?
Según consta en el certificado de existencia de ambas empresas, Álvaro José Gallo Mejía, es gerente general de Incominería y de Superinco Holdings, y representante legal de Dromos.
El 3 de octubre de 2021, el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación publicó 11.9 millones de documentos, reunidos en 2.9 terabytes, que revelaron cuentas secretas, sociedades offshore y empresas fachada donde aparecían sin distingo gobernantes activos o retirados, figuras de la farándula o renombrados atletas, que se refugiaron a la sombra de intrincados paraísos fiscales en Panamá, Suiza y los Emiratos Árabes Unidos para ejecutar fraudes tributarios y toda clase de maniobras que caben en el calificativo de opacas.
A estas revelaciones se les bautizó como los Pandora Papers, una filtración superior en volumen a los Panama Papers de 2016.
Como consta en estas filtraciones, Gallo Mejía era el rostro legal de Global Securities Management Corporation, fundada en 2005 en las Islas Vírgenes Británicas, donde era accionista su esposa de entonces, Ángela María Orozco.
Lo que hizo más estruendoso el caso Global Securities fue que dentro de las accionistas estaba también Marta Lucía Ramírez, quien al momento de las revelaciones se desempeñaba como vicepresidenta y canciller en funciones de Colombia.
La firma administraba títulos de valores y, como se pudo ver, otros movimientos más oscuros que llegaron a alcanzar al lavado de activos, a través de su accionista principal, Gustavo Hernández Frieri.
Hernández Frieri, socio fundador, fue la principal baja pública y judicial de este caso.
Cuando se hicieron públicos los Pandora Papers en 2021, Hernández Frieri estaba en manos de la justicia estadounidense desde 2018. Había sido detenido en Italia y extraditado a Miami, implicado en una investigación del Departamento de Justicia de EE.UU. y ejecutada por la fiscalía del sur de Florida: la operación Money Flight.
A través de una compleja trama, el operador lavó dinero robado de PDVSA junto a quien fue director ejecutivo de planificación financiera de la estatal venezolana de 2012 a 2014, los años finales de Rafael Ramírez al frente de la estatal venezolana quien, como otrora Hernández Frieri, residía en Italia.
Las operaciones de lavado de activos de PDVSA se hicieron desde otras dos fachadas de Global Securities.
En 2018, la detención de Hernández Frieri había obligado a Marta Lucía Ramírez y a Orozco, ya en funciones de Estado, a distanciarse y aclarar su relación con la firma y con el controvertido empresario.
La publicación de los Pandora Papers, que ofreció más detalles sobre la sociedad a la que pertenecían, las volvió a poner en la mira.
En la lista de accionistas también aparecen Álvaro Rincón y María Alejandra Rincón, esposo e hija de Marta Lucía Ramírez, quien figura a través de Stulb Investment Corporation, otro frente creado en Panamá en 2004 con el que se realizó la adquisición de Global Securities S.A., Comisionista de Bolsa. El objetivo era una presunta diversificación de portafolios de capital latinoamericano, según afirmó en un documento escrito la exvicepresidenta y exvicecanciller (estacionemos por un momento este último dato).
En ese mismo escrito, introducido ante la justicia y el poder legislativo, Marta Lucía Ramírez aseguró que, para noviembre de 2012, tanto ella como su esposo e hija tenían liquidadas sus acciones, en una operación que, según su testimonio, habría sido debidamente notificada a las autoridades y organismos competentes.
Ángela Orozco, por su parte, con un porcentaje menor de las acciones si se compara con la familia Rincón Ramírez (entre todos suman casi el 13%), aseguró algo similar a Ramírez: que su relación con Global Securities había terminado en febrero de 2012. Sin embargo, aseguró que la debida notificación no fue procesada y que, por esa razón, aparecía como parte de la junta cuando se destapó el escándalo de los Pandora Papers.
El motivo de su liquidación, según alegó, fue la cesión de sus acciones como parte del acuerdo de repartición de bienes que firmó tras el divorcio de Álvaro José Gallo Mejía.
Para entonces, Gallo Mejía ya era el representante legal de Global Securities S.A., Comisionista de Bolsa en Colombia.
Todavía para 2015, Gallo daba declaraciones a un medio especializado en temas jurídicos sobre la necesidad de construir confianza en el mercado de valores. Irónicamente, el consejo venía en una nota que iniciaba con el caso de una pareja de comerciantes pensionados que, entusiasmados con los retornos que prometía una inversión en bolsa, descubrieron que su dinero se había ido a pique cuando la comisionista decidió realizar acciones y movimientos inconsultos con ese dinero.
Por otro lado, no deja de levantar suspicacia el hecho de que tanto Orozco como Mejía se separaron de la firma el mismo año, aunque en diferentes meses, justo antes de que se acusara a Hernández Frieri de iniciar el esquema de robo y lavado de dinero de PDVSA.
Son sinuosos, al parecer, los caminos de un abogado. Con curvas más pronunciadas si a esto se le agrega una relación que, de marital, pareciera haber pasado al menos a una dimensión táctica en materia de negocios e involucramiento en las actividades del turbio, globalizadamente muy turbio, sector privado y las mutaciones del universo del dinero.
Porque además se le debe agregar no se sabe bien si un repaso a constelaciones familiares, pero sin duda a constelaciones empresariales, con una exesposa que ha sabido situarse con bastante ductilidad en la bisagra del capital público-privado, al punto de aparecer sin un papel formalmente claro en la inauguración de un proyecto de aparente alto calibre, como parece serlo la colonización de capitales colombianos de la “bonanza”, comillas bien destacadas, “guyanesa”, comillas aún más subrayadas.
¿En qué anda Ángela María?
Tras haber sobrevivido legal y reputacionalmente en situaciones de exposición de alto voltaje, la cuenta LinkedIn de Orozco, atendida y al día, la sitúa en cuatro cargos de nivel.
Asesora senior de una famosa consultora de comunicación estratégica (KREAB); miembro de la junta directiva de la empresa canadiense especializada en exploración aurífera en Colombia (Collective Minning); miembro de la junta de una empresa gasífera privada de midstream (Transportadora de Gas Internacional S.A.), es decir, el punto intermedio de servicio, cadena logística, transporte y directora de la oficina colombiana de una administradora de valores de capital privado, como en Global Securities, especializada en energía e infraestructura (Ainda Energía e Infraestructura).
Energía, logística, transporte, comunicaciones estratégicas y fondos de capital privado, lo que en Venezuela pudiera verse como estar en la jugada. En el sector privado con el know-how, contactos y relaciones del mundo político. ¿Adoptó ella el modelo de Marta Lucía Ramírez o el “modelo” de Marta Lucía la adoptó a ella? ¿Meras afinidades de intereses y capacidades? Al final poco importa. Lo cierto es que la carrera política de Orozco está consustanciada, formalmente hasta 2022, a la de Ramírez.
Desde los tiempos de César Gaviria, donde estuviese la exvicepresidenta estaría en algún lugar próximo o clave, Orozco. Quedó claro cuando en el gobierno de Andrés Pastrana, la renuncia de Ramírez del Ministerio de Comercio Exterior condujo a que Orozco asumiera, provisionalmente, esa cartera.
Igualmente, en el ámbito privado invirtieron el lugar de la relación entre lo político y el sector privado, operando desde este último en la (cada vez más) difusa línea fronteriza de ambas actividades en lo económico y financiero, a través de la firma Ramírez & Orozco International Strategy Consultants, R&O, fundada en 2004.
Su bufete se dedicó a asesorar proactivamente en una amplia gama de temas en torno a las mismas áreas estratégicas desde el comercio exterior a la banca. Uno de sus clientes principales era el Grupo Aval de Luis Sarmiento Angulo, magnate de la banca, la construcción y el sector energético principalmente, y el hombre, se dice, más rico de Colombia.
Orozco acompañó y asesoró a Ramírez en sus sucesivas campañas políticas para el Senado y la candidatura presidencial de la derecha, en una interna que terminó perdiendo contra Iván Duque.
No obstante, ‘Martuchis’ logró colarse como compañera de fórmula de Duque para las elecciones de 2017. Orozco fue parte esencial de su cuota, controlando un ministerio escandalosamente estratégico.
Una fuente política de alto nivel, off the record, sintetiza para Pacho Escobar la sinergia entre el magnate Sarmiento Angulo, la exvicepresidenta y la exministra de Transporte: “Hay una telaraña donde se cruzan tres hilos: Luis Carlos Sarmiento Angulo, Marta Lucía Ramírez y Ángela María Orozco. Y la madeja no es muy enredada. Sarmiento Angulo fue jefe de Marta Lucía y Marta Lucía fue jefe y socia de Ángela María. Ahora Ángela María es la ministra de Transporte y una buena parte de los negocios de Sarmiento Angulo están en ese sector”.
Y las dos cosas ocurrieron bajo la gestión de Orozco. Por eso, su paso por la cartera se encargó de difuminar la línea divisoria entre el Estado y el capital privado: terminó favoreciendo, como era de esperarse, a la gente del Grupo Aval que operaba dentro del área de responsabilidad del Ministerio de Transporte, según consta en el legajo de denuncias mejor sustentadas a escala parlamentaria y judicial.
Iván Duque, en su tiempo de senador, era igualmente señalado por lo mismo. En cualquier forma, la carrera de Orozco no es ni tan prolongada, ni tan cáustica, ni tan empañada, como la de la exvicepresidenta Ramírez, donde desde el pago de una fianza a su hermano detenido en los Estados Unidos por narcotráfico, pasando por haber hecho negocios junto a su esposo con un connotado paramilitar, como por su responsabilidad en las víctimas de la “seguridad democrática”, o de la indiscreción con la que entre una boutade y otra salida inoportuna revelaba su poca sensibilidad y crueldad frente a las víctimas de la Operación Orión o los falsos positivos.
Por eso es curioso que Orozco, más discreta y con experiencia acumulada bajo la suela del zapato, apareciera aquel 28 de mayo con la comitiva inaugural de la planta de asfalto a las afueras de Georgetown, junto a Duque y el presidente guyanés.
Como se dijo al inicio de este trabajo: ninguna de las distintas coberturas de los medios guyaneses destaca su presencia o reseña cuál es su lugar dentro de Drominc, al no formar parte visible de la plana mayor.
Fue la propia Orozco la que esa mañana de poco sol tuiteó: “Aquí con el Presidente de Guyana Mohamed Irfaan Ali y el ex Presidente Iván Duque inaugurando la primera inversión industrial de Colombia en Guyana, la planta de asfalto Drominc”.
Independientemente de las interrogantes, Orozco parecía saber dónde estaba parada, y cuándo debía tomarse la selfie.
Tener un millón de amigos (y dólares)
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), el tráfico de influencias es la “promesa, ofrecimiento o concesión a un funcionario público, o solicitud o aceptación por un funcionario público, directa o indirectamente, de un beneficio indebido con el fin de que el funcionario público o la persona abuse de su influencia real o supuesta para obtener un beneficio indebido”.
Durante la inauguración de la planta, Rafael Reyes Jaramillo, el joven director de Drominc contó cómo fue la llegada del consorcio empresarial a Guyana. Fue en noviembre de 2023, de la mano de Machinery Corporation of Guyana, Macorp. Macorp, a su vez, fue fundada en 1993 por General de Equipos de Colombia S.A., Gecolsa, el único agente autorizado en la venta y distribución de Caterpillar en el país neogranadino.
Macorp “ha estado muy activa en el desarrollo del país, contribuyendo directamente con apoyo técnico y suministro de equipos para los sectores productivos más importantes: minería, agricultura, construcción de vialidad, industrias básicas, marina, forestal y generación de electricidad”, resume su tarjeta de presentación.
Por su lado, Gecolsa fue creada en 1927 de la mano de General Electric hasta evolucionar a ser la comercializadora autorizada de línea amarilla Caterpillar en Colombia, Bahamas y otros países de la región.
Caterpillar figura entre las principales corporaciones que se han enriquecido con la ocupación de Palestina y ahora del genocidio, según el informe publicado en julio de 2025 por la relatora para los territorios ocupados de la ONU, Francesca Albanese.
El colombo-rumano Germán Consuegra Jaluba es el actual presidente y CEO de Macorp, y fue a través de él que se le extendió la invitación a Dromos para entrar en Guyana.
Desde 2006, Consuegra ascendió en Gecolsa hasta ocupar cargos estratégicos, tanto en la propia empresa colombiana como gerente de proyectos y operaciones encabezando la renovación digital e implementando un conjunto de nuevas capacidades basadas en tecnologías de Microsoft, mientras era, también, gerente de transformación digital de Relianz Minning Solutions, el brazo de servicios mineros de Caterpillar bajo la administración de Gecolsa.
De agosto de 2022 a junio de 2023, la transición entre Gecolsa y su designación como jerarca de Macorp en julio de 2023, Consuegra también fue gerente de transformación del modelo de negocios de Soluciones Empresariales 360, SOE 360, “consultoría de externalización y deslocalización” según se presenta, es decir, desarrolladora de un “modelo operativo que centraliza la ejecución de tareas de soporte a nivel financiero, cadena de suministro y tecnología de la información” integrándolo como la tercera pata Macorp-Rellianz. El patrón: comunicaciones estratégicas, servicios intermedios para la extracción de recursos, suministro de maquinaria desde el sector privado bajo contratación y licencias estatales. El insider que Dromos, Orozco y Duque necesitan.
Y este estatus entre lo corporativo y lo político lo ha cristalizado a través de la actividad “gremial”: Consuegra Jaluba, por su representación, es miembro de la junta directiva de la Cámara Americana de Comercio de Guyana, Amcham. En la junta, además de Macorp y otras empresas nacionales, están Baker Hughes, Halliburton y ExxonMobil.
Amcham fue creada en 2018 y, según cuenta en su historia oficial, contó con el respaldo entusiasta de Perry Holloway, embajador estadounidense en Guayana, el mismo año en que culminó su representación diplomática ante el país. No es difícil inferir que fue más que una reacción entusiasta.
Con más de 30 años de carrera en el servicio exterior del Departamento de Estado, casi la totalidad de la misma se ha desempeñado en América Latina (Colombia, Paraguay, Guatemala y Guyana), especialmente en Bogotá llegando a ser, de 2010 a 2013, el número dos de la embajada estadounidense, escalando específicamente en temas antinarcóticos.
Antes de ser nombrado embajador ante Guyana y Caricom y después de su prolongada carrera en Bogotá fue consejero de asuntos político-militares en Kabul, Afganistán. Holloway se jacta de conocer “all things Guyana” incluyendo, según afirma, “la controversia fronteriza con Venezuela”.
2015, el mismo año en que es nombrado embajador, también lo es del reinicio y acentuación ascendente de la disputa entre Venezuela y Guyana con la llegada de Exxon y el comienzo de acuerdos entre Georgetown y el coloso petrolero para explorar y explotar las reservas petrolíferas en la fachada atlántica venezolana.
El día de la marmota corporativo: retirado de la actividad política desde el servicio exterior estadounidense, actualmente Holloway es consultor de compañías de calado en Latinoamérica y el Caribe, “incluyendo Guyana”, en asuntos gubernamentales, economía, política, seguridad, aviación, minería y apoyo corporativo.
Pero pareciera ser que el siguiente dato pudiera irse convirtiendo en las llaves del reino: de 2019 a 2025 ocupó las vicepresidencias para asuntos corporativos, responsabilidad social y estrategia de la canadiense Guyana Goldfields Inc. (de 2019 a 2021), encabezando todas las negociaciones de la compañía con el gobierno guyanés en materia de obtención de licencias y permisos para minería subterránea; las mismas tareas en materia de negociaciones con el gobierno ídem para licencias y permisos de Omai Gold Mines (2021), también canadiense; director de asuntos estratégicos en funciones de seguridad y preparación para el manejo de crisis de SolGold Plc., entre 2023 y abril de 2025, esta compañía británico-canadiense se dedica a la exploración y desarrollo de yacimientos de cobre y oro en Ecuador, cotizada en las bolsas de Londres y Toronto.
Lo corporativo aunado a lo securitario: durante su gestión, Holloway impulsó la instalación de la primera oficina de la DEA en Guyana y promovió el Consejo Asesor de Seguridad en el Extranjero (OSAC). También ofreció cooperación al gobierno guyanés en la organización de elecciones locales, la lucha contra el crimen transnacional y la “protección de su integridad territorial”, expresión que cobró especial relevancia en el marco del conflicto esequibano.
Detrás de la foto asfaltera se mueven hilos más pesados que la de políticos y testaferros colombianos.
El uribismo no solo es un momento político, sino una política económica, un sistema de alianzas para la acumulación irrestricta, una red probada de compinches y operadores con alcance transnacional capaz de adaptarse a distintos contextos y escenarios, siempre y cuando los procesos de licitación o de aparente libre competencia estén bajo el control de los factores políticos, es decir, las facilidades que ofrece el tráfico de influencia para asegurar que esa misma red esté, con una pátina de objetividad, en donde existan nuevas oportunidades de acumulación primaria, al servicio de actores extraterritoriales aun más pesados, siempre y cuando ellos ganen lo suyo, sean empresarios o exministros, o incluso, expresidentes.
