Buenos Aires atraviesa una pérdida acelerada de su patrimonio arquitectónico. Entre la especulación inmobiliaria, las deficiencias del Código Urbanístico y la falta de políticas públicas robustas, CABA se enfrenta a una transformación que borra su identidad histórica. Asociaciones civiles, especialistas y vecinos vienen advirtiendo que la combinación de demoliciones, reformas inconsultas y desprotección normativa provoca un deterioro que ya no puede ignorarse.
En los barrios más presionados por el mercado –Palermo, Colegiales, Villa Crespo, Villa Devoto y Villa Urquiza, entre otros–, las demoliciones se multiplican. Según datos aportados por organizaciones y medios como Revista Cítrica, Tiempo Argentino e Infobae, miles de edificios anteriores a 1941 permanecen en una situación de extrema vulnerabilidad. Muchos no están catalogados, otros están abandonados y algunos incluso pierden sus protecciones debido a vacíos legales o decisiones administrativas.
Las organizaciones civiles denuncian desde hace años que el Código Urbanístico favorece una lógica demoledora y especulativa. Desde la asociación civil Basta de Demoler, que se dedica a conservar el patrimonio arquitectónico de la Ciudad de Buenos Aires, explican a El Grito del Sur que “el patrimonio siempre estuvo desprotegido y que, aunque se logró impulsar una ley para frenar demoliciones de edificios anteriores a 1941, el gobierno porteño sigue enviando muy pocos edificios a proteger”.
También señalan que, cuando la Justicia obligó al Estado a avanzar con un catálogo definitivo, “eligieron proteger muy poco, por lo que la tendencia actual persiste en nuevas oleadas de demoliciones dado que el GCBA prioriza levantar alturas edificias y legitimar mayor densidad antes que preservar la identidad urbana”.
Esta mirada coincide con la del abogado Jonatan Baldiviezo, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, quien explica que “el Gobierno de la Ciudad ha utilizado artilugios para favorecer la especulación inmobiliaria en detrimento del patrimonio cultural”. En este sentido es que él define a la protección patrimonial como el principal obstáculo para un modelo urbano basado en maximizar la capacidad constructiva de cada parcela, lo que lo convierte en un blanco constante de flexibilizaciones. A su vez detalla que “existen casos donde el Estado o el Consejo de Asuntos Patrimoniales (CAP) dictaminaron, sin fundamentación, la quita de protecciones preventivas sin pasar por la Legislatura, por lo que obligó a la Justicia a intervenir para frenar demoliciones arbitrarias”.
Por otro lado, desde la Dirección General de Planeamiento Urbano, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano del gobierno porteño, introducen otra mirada sobre el conflicto. Allí se resalta que el CAP –conformado por instituciones profesionales y culturales– evalúa caso por caso los inmuebles anteriores a 1941 para determinar su valor. Según el Ejecutivo de la Ciudad, no toda vivienda antigua constituye patrimonio. También destacan herramientas como la “capacidad constructiva adicional”, que permite que desarrolladores financien la restauración de inmuebles patrimoniales a cambio de metros extra para construir en zonas específicas. Esta política, aseguran, nació para equilibrar preservación y desarrollo urbano dentro del nuevo Código Urbanístico.
Pero tanto organizaciones como especialistas coinciden en que estas herramientas no alcanzan para frenar el daño. Los relevamientos, las actualizaciones de catálogos y los mecanismos de protección avanzan con lentitud. La Legislatura no trata los miles de expedientes vinculados al patrimonio y el catálogo definitivo sigue sin consolidarse, pese a fallos judiciales que obligan a hacerlo. Baldiviezo recuerda que “esta situación lleva más de quince años, lo que la demora permite que los inmuebles sigan en el mercado inmobiliario y sean demolidos antes de alcanzar protección definitiva”.
Uno de los puntos más críticos es el abandono deliberado. Muchas casonas catalogadas permanecen en ruinas de manera intencional: se las deja deteriorar hasta volverse inhabitables para poder solicitar su demolición por “peligro estructural”. Casos como Casa Beiro o inmuebles en Parque Chas y Núñez se volvieron emblemas de esta práctica, denunciada tanto por Basta de Demoler como por el Observatorio del Derecho a la Ciudad.
Las consecuencias de esta dinámica exceden lo arquitectónico. En Buenos Aires, la superposición de estilos –art déco, art nouveau, racionalismo, italianizantes, casas chorizo, petit hotels, etc.– forma parte de un paisaje urbano que construye memoria y pertenencia. Su destrucción implica un empobrecimiento simbólico y cultural. Como señala Gisela Melo Lopes, arquitecta y especialista en planeamiento urbano, “la pérdida de estas capas históricas debilita el carácter de la ciudad, que cada vez se parece más a una postal genérica dominada por torres de vidrio”.
La falta de participación ciudadana agrava el conflicto. Tanto el Observatorio del Derecho a la Ciudad como Basta de Demoler advierten que la ciudadanía no interviene en decisiones claves tomadas por el CAP y que la Justicia se vuelve la única herramienta institucional real para frenar demoliciones.
No obstante, los vecinos continúan organizándose. Movilizaciones por el Puente de la Paz, el Teatro Picadero, casas históricas en Villa Devoto, Caballito o San Telmo muestran que la sociedad sí valora su patrimonio, aunque la respuesta estatal no siempre acompaña.
En definitiva, Buenos Aires enfrenta una encrucijada, que es avanzar hacia un modelo que equilibre desarrollo y memoria urbana, o continuar habilitando la destrucción de su identidad arquitectónica. La ciudad no puede seguir perdiendo piezas irreemplazables de su historia mientras prevalece una lógica que prioriza el negocio inmobiliario por sobre el derecho colectivo a la preservación cultural. Proteger no es un capricho nostálgico, sino un acto de defensa del bien común. Y como recuerdan las organizaciones vecinales, el patrimonio no es del mercado ni de los gobiernos de turno; más bien pertenece a quienes habitan, construyen y sueñan todos los días una ciudad más justa.
