El domingo 9 de noviembre hubo un incendio en una casa de Villa Cildañez y las consecuencias fueron trágicas: fallecieron tres jóvenes de 14, 17 y 20 años. Su padre, gravemente herido, aún sigue internado. Los vecinos intentaron ayudar, pero -entre la falta de agua corriente y la imposibilidad de acceso de los bomberos- ocurrió lo que hubiera sido evitable. Esta tragedia encarna una vez más la desidia del Estado frente a la situación de los barrios populares.
“La familia afectada pertenece a la comunidad boliviana. Todos en el barrio los conocen. Ellos se dedican hace años a vender empanadas. En eso estaban, con su rutina de cocinar las empanadas y salir a venderlas cuando, al parecer, falló una garrafa. Alrededor del mediodía empezamos a escuchar ruidos de bomberos, de defensa civil, de la policía. Salimos a ver y nos encontramos con un incendio en una casa en un pasillo”, cuenta Jimena Gómez, vecina y militante de La Cámpora.
“Al principio, con los primeros baldes de agua, parecía que lo apagábamos, pero después se complicó todo porque no salía el agua, porque casi no hay presión en el barrio y menos en ese pasillo”. Así, mientras los vecinos intentaban contener las llamas como podían, los hijos de la familia seguían adentro. El padre, desesperado, intentó entrar a sacarlos. Dos ya habían fallecido. El tercero, llevado a terapia intensiva por la inhalación de humo, murió al día siguiente. El padre permanece internado.
El barrio todavía procesa el golpe: tres vidas jóvenes perdidas, una familia destruida, una casa reducida a cenizas y una sensación común que atraviesa cada relato: “esto podría haberse evitado”. Jimena lo dice sin rodeos: “Nosotros estamos denunciando esta situación de la falta de urbanización. Si hubiese habido agua, si los bomberos hubiesen podido ingresar por el otro lado, quizás el incendio se hubiera podido apagar más rápido”.
La familia aún no pudo velar a sus hijos: esperan la recuperación del padre para despedirlos juntos. Mientras, la comunidad organiza colectas para costear el sepelio y reconstruir la vivienda que quedó inhabitable (Se puede colaborar al alias: ISA.MP52).
La tragedia de Cildañez no es un hecho aislado, sino un síntoma. Un recordatorio doloroso de que si la urbanización en la Ciudad de Buenos Aires avanza, en los pocos lugares en que lo hace, con desigualdad, lentitud y abandono estatal. La antropóloga María Cristina Cravino, investigadora del CONICET y especialista en estudios urbanos, lo explica de la siguiente forma: “El incendio pone en evidencia la precariedad de algunas condiciones que se dan en las villas de la Ciudad, donde lo que hay es un abandono absoluto”.
Desde 2016, la Ciudad inició procesos de urbanización en algunos barrios: Rodrigo Bueno, el Playón de Chacarita, la 31 y la 20. Pero los trabajos siguen inconclusos, y barrios populares como Cildañez directamente quedaron fuera de esos planes. Cravino señala: “Todavía quedan muchas cuestiones pendientes, en particular lo que es el sector más histórico de las villas, en el cual hay una precariedad fundamental en los servicios. Hay causas judiciales desde hace más de 10 años por riesgo eléctrico y, en la mayoría de los casos, el Gobierno de la Ciudad está incumpliendo esos fallos”.
A esa precariedad estructural se le suma el impacto cotidiano en la vida de quienes habitan estos barrios: postes de madera que se prenden fuego, garrafas manipuladas en espacios con poca ventilación porque no hay red de gas, falta de presión de agua, ambulancias y bomberos que no entran si no entra la policía, pasillos demasiado angostos para que pase cualquier vehículo de emergencia. Para Cravino, “la Constitución de la Ciudad establece la obligatoriedad de la urbanización de las villas, y esto no se cumple, en una ciudad que tiene recursos para hacerlo”.
Por eso el incendio en Cildañez no es un accidente. Es el resultado directo de la falta de infraestructura esencial, de la postergación sistemática, de presupuestos que se recortan año tras año. La investigadora concluye: “Actualmente, si uno ve el presupuesto para 2026, se están reduciendo las partidas destinadas a la urbanización de villas, con lo cual hay una total retirada del Estado”. Mientras tanto los índices de pobreza crecen, la población en las villas aumenta, los servicios se saturan y la vida cotidiana se vuelve más riesgosa. No solo para apagar un incendio, sino para respirar, calefaccionarse, estudiar, criar hijxs, vivir. Porque la urbanización no es un lujo ni un favor: es un mandato constitucional y un derecho.
