El legislador porteño de Unión por la Patria, Juan Modarelli, alertó sobre irregularidades del gobierno porteño en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez. Lo hizo en el marco de la exposición del Presupuesto 2026 en la Legislatura, donde denunció un entramado de negocios no solo en torno a las obras del circuito automovilístico, sino también en la organización del MotoGP 2027 y la Fórmula 1, que beneficiaría a socios y amigos de la familia Macri.
“Ya presentamos un pedido de informes y además pedimos explicaciones en las rondas de ministros que se realizaron en la Legislatura el mes pasado. Hasta ahora no tuvimos acceso a las licitaciones ni a los convenios firmados. Además, hasta el momento en que asumió, el actual ministro de Infraestructura de la Ciudad fue director del Grupo OSD, que es la compañía que se vería beneficiada con esta obra exorbitante y la administración del Autódromo”, señaló el legislador a El Grito Del Sur.
El plan oficial prevé una inversión de 100 millones de dólares en infraestructura y el pago de 57 millones de euros al grupo privado Grupo OSD, encabezado por el empresario mendocino Orly Terranova. Todo ello sin convenio público, sin licitación ni mecanismos de control oficial. Según Modarelli: “El objetivo es dejar en claro que el dinero de los porteños no es para financiar los negocios de los amigos del poder. Señalar estas irregularidades es una forma de defender la transparencia, el control público y las verdaderas prioridades de la Ciudad. No se trata de oponerse al deporte, el espectáculo o el automovilismo, sino de poner luz y discutir un modelo de gestión que confunde desarrollo con favoritismo”.
La polémica por el Autódromo se intensifica al contrastarla con los recortes en áreas clave como educación y salud. En los últimos meses, el gobierno porteño redujo la inversión en escuelas y hospitales, suspendió programas sociales, congeló salarios y despidió trabajadores, generando protestas y un deterioro evidente en la calidad de los servicios públicos. Sobre esto, Modarelli agregó: “La política pública se pone al servicio del marketing y de los intereses privados. El Estado debería priorizar políticas que reduzcan desigualdades en vez de dedicarse a profundizarlas. Cuando se invierte más en un evento de lujo que en infraestructura escolar o en urbanización de villas, lo que se consolida es una ciudad para pocos, cada vez más alejada de las verdaderas necesidades de sus vecinos”.
La brecha entre los recortes en servicios esenciales y las fuertes inversiones en estos proyectos lleva a cuestionamientos sobre las prioridades del gobierno porteño, que demuestra favorecer a sectores empresariales por encima de las necesidades cotidianas de la ciudadanía. “La lectura es clara: el Gobierno de la Ciudad prioriza los negocios de sus amigos por sobre las necesidades sociales. Mientras se destinan miles de millones de pesos al Autódromo, los comedores comunitarios, la salud y la educación siguen esperando inversión. La cultura y el deporte comunitario también están abandonados, y no faltan recursos para atender estas realidades. Esta desigualdad revela un modelo de gestión que mira al espectáculo internacional, pero da la espalda a los barrios”, reflexionó Modarelli.
Además, el legislador peronista advirtió que los recursos asignados al MotoGP podrían tener un destino muy distinto si se orientaran a las demandas más urgentes de la Ciudad: “Con los fondos destinados al MotoGP podrían financiarse viviendas, infraestructura escolar, centros de salud y programas de empleo joven. También podría destinarse a recuperar espacios deportivos barriales, fomentar el deporte comunitario y la formación de talentos locales, en lugar de subsidiar un evento internacional controlado por empresas opacas, con antecedentes judiciales. En definitiva, inversión pública con impacto social real, no marketing de alto costo».
La discusión sobre el Autódromo abre un interrogante más profundo sobre el modelo de ciudad que se está construyendo: uno que privilegia grandes negocios y espectáculos globales, o uno que responde a las urgencias cotidianas de sus barrios. El debate recién empieza y, ante la falta de información pública, crecen las voces que exigen transparencia y una planificación que priorice a quienes viven y trabajan en la Ciudad.
