Eran las once de la mañana y el ruido del trabajo llenaba el aire. Golpes, voces, ladrillos cayendo, mujeres que preparan el almuerzo comunitario, y niños que vuelven de la escuela. La Villa 21-24 estaba despierta, en movimiento, como todos los días. No era el ruido del caos, sino el del esfuerzo. El sonido de un barrio que se levanta con sus propias manos, que no espera permisos para existir.
Así es cada mañana en la 21-24, el asentamiento más grande de la Ciudad de Buenos Aires ubicado dentro de los barrios de Barracas y Nueva Pompeya. Un barrio que nació del desalojo y del incendio, del abandono y de la necesidad, pero que también supo organizarse, resistir y construir comunidad. Donde antes había barro y vías del tren, hoy se levantan casas de varios pisos, comedores, escuelas, radios y una parroquia que es mucho más que una iglesia: es el corazón político, espiritual y social del barrio.
Hacia 1952, el terreno donde hoy está la villa era una mezcla de esteros, basurales y galpones ferroviarios. Eran ranchos hechos de lata, de cartón, donde no tenían conexiones de agua potable, ni tampoco luz eléctrica, recurriendo a velas. En 1962, el primer censo registró apenas 344 personas en la zona. Hoy son casi 140 mil habitantes en el barrio.
Como narran Castañeda, Vanesa y otros, en “El barrio obrero conocido como villa 21-24. Zavaleta: una historia de dificultades, luchas y conquistas”: “A fines de los años 60’ nacieron los Núcleos Habitacionales Transitorios (NHT) que le dieron nuevas características al barrio que describimos. El 29 de diciembre de 1967, mediante la Ordenanza Municipal Nº 23.335, el Estado creó el Núcleo Habitacional Transitorio Zavaleta para alojar provisoriamente a erradicados de villas de emergencia y afectados por inundaciones y por obras públicas como la ampliación de la Avenida 9 de Julio” (Castañeda, Vanesa y otros; 2013, p. 9).
Los NHT eran, en teoría, “transitorios”. Según informes de la Comisión Municipal de la Vivienda, las casas estaban todas en planta baja y se dividían entre dos y tres dormitorios. Tenían agua corriente y electricidad, pero los materiales eran muy precarios y los espacios mínimos.
El barrio fue creciendo en consonancia con las políticas implementadas por los gobiernos civiles y militares. Las viviendas no fueron pensadas como una solución definitiva, sino más bien como una forma de organizar a quienes viven allí antes que garantizar sus derechos. Lo que había empezado con casitas bajas y transitorias, hoy se mezcla con construcciones que superan los siete pisos, levantadas por albañiles del propio barrio. “Todo lo que ves, las calles, las casas, los pisos, los comedores, las escuelas, se levantó con la gente”, expresó a este medio Federico Rosales, referente social del barrio. Y no exagera, señalando un edificio de siete pisos: “Ese lo construyeron albañiles del barrio, los mismos que trabajan en Palermo o Chacarita. Aprenden allá y levantan acá”.
Frente a la falta de agua potable, los vecinos rompieron caños; frente a la falta de luz, pagaron de su bolsillo el primer medidor de SEGBA. Y cuando no había cloacas, cavaron pozos. La urbanización de la 21-24 nunca fue un plan ordenado, fue una pulseada constante entre lo que el barrio podía hacer por sí mismo y lo que el Estado no hacía.
Basta caminar hasta el borde donde limita con Provincia para verlo. De un lado, calles abiertas, veredas nuevas, postes numerados. Del otro, todavía hay pasillos estrechos que dan hacia la ribera del Riachuelo, donde la urbanización quedó congelada. Ese límite también es histórico. Ahí se encontraba el entramado de vías por donde pasaba el tren de cargas del Roca. Tren que durante décadas cruzó el barrio sin ningún tipo de precauciones. Cada hora y media, el tren pasaba entre las casas, arrasando columnas, chocando autos, perros, e incluso terminando con el peor desenlace: la muerte de una niña en el año 2021. Esto llevó a que los vecinos se hartaran de la ignorancia de sus reclamos y decidieran ponerle fin al recorrido del tren. “No solo era un peligro, sino que el Gobierno de la Ciudad nunca se preocupó por la prevención de los rangos de seguridad. El tren pasaba rozando las columnas. Los albañiles del barrio con mucha habilidad levantaron dos vigas y el tren no pasó más”, recordó Federico.
La urbanización siguió el propio ritmo de los vecinos. Uno de los hitos más importantes fue el crecimiento de San Blas, un sector habitado por los hijos e hijas de los vecinos que habían crecido en el barrio. Sin planificación estatal, los vecinos marcaron la tierra, nivelaron una cuadra lisa y empezaron a construir. Federico reflexionó: “Todo eso era relleno, los vecinos fueron sacando la basura que no era sólida y usaron el relleno seco para alisar el barrio. Es el ejemplo de la capacidad que tiene el barrio para crear sobre la basura”.
Este fue el puntapié para la segunda ola de construcciones sobre otras manzanas. Continuaron alisando terrenos que antes eran puro basural y levantaron casas de material. “Lo que está pasando es que se está dando un proceso de urbanización propio del barrio que muchas veces contrasta con el Gobierno de la Ciudad. Porque al no existir un plan consensuado, el vecino no va a esperar que le resuelvan sus problemas” detalló Rosales.
En relación con las viviendas, el barrio creció con grandes problemas de contaminación que llevaron a cuestiones de relocalización. Federico es uno de los miles de vecinos que, debido a la contaminación en la cuenca Matanza-Riachuelo, tiene plomo en la sangre. En el año 2004, un grupo de habitantes presentó una demanda contra el Estado Nacional, la Provincia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas, reclamando la recomposición del ambiente, la creación de un fondo para financiar el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo y un resarcimiento económico por daños y perjuicios. Posteriormente, la misma se amplió hacia los 14 municipios bonaerenses por los que se extiende la Cuenca.
El 8 de julio de 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo histórico donde se determinó quiénes son los responsables de llevar adelante las acciones y las obras de saneamiento. Para esto, se crea la entidad ACUMAR, responsable de intervenir para ejecutar las acciones de saneamiento.
Luego de años y años de lucha por el saneamiento, Rosales destacó: “Antes el agua era una cinta de petróleo, ácido. No se veía nada de lo oscuro que era. Hoy en el agua hay vida. Hay nutrias y tortugas, está empezando a revertirse el daño. Fueron 100 años de descontrol, ácidos, metales. Sacaron toneladas de metal. Había un tranvía sobre la rivera, todavía está la estructura”.
Con foco en el futuro, los vecinos quieren que se levante la prohibición de navegar el río, lo cual permitiría reactivar una parte turística que uniría a La Boca con Barracas y con la propia 21-24. Ya hubo un proyecto impulsado desde Puerto Cultura, que enseñó a manejar lanchas y botes a jóvenes del barrio, con cursos dictados por Prefectura Naval. Con el apoyo de la Secretaría de Cultura, muchos vecinos obtuvieron un certificado en turismo sureño y aprendieron a manejar embarcaciones con salida laboral real. Varios de ellos, que hasta entonces no encontraban trabajo, transportan pasajeros y trabajan en Tigre. “Nunca creí que iba a vivir de manejar una lancha”, cuentan algunos vecinos.
Sin embargo, para que esa actividad pueda crecer, aún falta habilitar la navegación en el río. Y ahí empieza el problema. ACUMAR y el Gobierno de la Ciudad no tienen definido quién es responsable de resolver cuestiones básicas como las vallas oxidadas, que hoy representan un riesgo para los chicos que juegan cerca del agua. Las respuestas no llegan, y mientras tanto el río sigue bajo una prohibición general que sólo acumula frustraciones. La causa Mendoza marca como plazo máximo el año 2036 para dar por descontaminado el río.
Continuando con el recorrido por las calles de la 21-24, visitamos a Isabel Guerrero, quien desde hace más de 25 años forma parte del comedor del Movimiento Evita. A minutos de entregar sus raciones de guiso de arroz y manzanas a los vecinos que esperan haciendo largas filas en la calle, reflexionó sobre los cambios, las dificultades y la voluntad colectiva: “La demanda es la misma, tengo el mismo número de raciones pero nos bajaron los gramajes. Antes recibíamos 12 paquetes de arroz y ahora recibimos 8. Antes correspondía 220 gramos de cada ración y ahora son 180 gramos. Además, hay un mayor surtido de personas que se acercan. Antes no venían hombres, ahora se acercan a pedir hasta jóvenes y personas que antes venían a ayudarnos y darnos comida para ofrecer al comedor”.
Las problemáticas que en la actualidad presenta el barrio se extienden a diversos ámbitos. Tal como destacó Federico: “Tenemos una autosuficiencia en lo que corresponde a lo económico, con supermercados, panificadoras, carnicerías, todas vinculadas a ex alumnos que salen del centro de formación de Caacupe”.
Muchos otros habitantes vivían del cartoneo, formando parte de las cooperativas de reciclado. Sin embargo, al bajar el precio del cartón -debido a la importación- ya no es rentable. Cada vez tienen que cargar más peso, duplicando sus esfuerzos, por menos plata: «Lo que termina pasando es que sumado a que el Gobierno de la Ciudad tomó la determinación de prohibir la venta de cartón fuera de lo que es el circuito consensuado con ellos, acá los muchachos que cartonean están haciendo otras cosas. En el barrio encuentran contención», señaló Federico.
Actualmente hay más patrullas presentes, pero la inseguridad sigue latente y los narcotraficantes instalan sus cocinas sin importarles el futuro de los demás: “Hay una organización gigante en el barrio de drogas. Vienen de todos lados. Los viernes hay grupos en la esquina de Vélez Sarsfield, que toman el bondi 45, van hasta la estación Yrigoyen, toman el tren y se van a la provincia de Buenos Aires. Hacen esa logística. Luego de mucha investigación la policía revienta un lugar y a la semana hay otro, nunca paran”, desarrolló el referente.
En cuanto a la educación, ocupa un lugar central gracias a su polo educativo, donde la Escuela N°6 del Distrito 5, con más de 3.900 alumnos y un bachillerato en deporte social, y la escuela de Caacupé ofrecen una formación adaptada a las necesidades del barrio. A ellas se suma un centro de formación profesional con oficios que van desde carpintería y panadería hasta robótica, fomentando la autonomía económica y la creación de circuitos productivos propios. “Se fomenta esa tendencia de tener un oficio que termine siendo productivo. En la escuela N°9 de adultos se dictan las modalidades de maestro mayor de obras y electricidad”, resaltó Federico.
Sin embargo, el crecimiento de la matrícula genera sobrecupo y soluciones provisorias, como aulas adicionales en la parroquia o becas para escuelas semiprivadas. Pese a ello, persisten las desigualdades y muchas familias denuncian discriminación al intentar acceder a vacantes fuera del barrio, lo que revela que la integración educativa aún es una deuda pendiente.
En la Villa 21-24, Caacupé late como el verdadero corazón del barrio. No es solo una iglesia. Es la municipalidad invisible, el despacho del intendente que nadie eligió pero al que todos acuden. En ella se resuelven trámites del ANSES, se coordinan gestiones de salud, se canalizan pedidos de asistencia. Todo pasa por Caacupé, por una cuestión de centralidad y confianza. La red que la sostiene es inmensa. Cuenta con 57 capillas distribuidas por el territorio, 17 comedores, 18 merenderos, centros de vida, escuelas, un club y una radio comunitaria que transmite hasta Florencio Varela con una potencia de 500k. Es una estructura gigantesca de contención que se extiende hasta el último pasillo.
Lo más referencial de dicha historia está en El Hogar de Cristo, una iniciativa que nació allí, junto al Padre Pepe y el entonces cardenal Bergoglio, hoy replicada en todo el país y el mundo. En esa “Casa Grande”, como la llaman los vecinos, se aborda la problemática del consumo desde una mirada integral, no sólo al adicto, sino a su entorno: “Abordar la complejidad de los problemas que trae la situación de consumo, que muchas veces la sociedad mira solamente la persona que está en adicción, pero no todo lo que arrastra atrás: la familia. Desde acá se pensó un seguimiento integral con batería de asistentes sociales, psicólogos, pediatras, médicos”, detalló Rosales. Muchos de ellos trabajan en Cáritas, en los comedores o en la radio, recuperando su vida y ayudando a otros a hacerlo.
Hoy, la parroquia mantiene una granja en General Rodríguez donde las personas en proceso de recuperación son trasladadas para alejarse del entorno del consumo. Es una batalla diaria, pero con un objetivo claro, romper la cadena que convierte la adicción en herencia.
Caminar la Villa 21-24 es entender que ningún dato alcanza si no se lo pisa. Que detrás de cada número hay un rostro, un nombre, una historia que solo aparece cuando uno se sienta a escuchar. Porque más allá de los programas estatales y las políticas públicas, son los propios vecinos quienes -con su trabajo, organización y esperanza- siguen escribiendo la historia de un lugar que reclama ser reconocido como parte viva de la ciudad.
