Luego de unos inesperados días de frío, algunos rayos de sol se asoman en la nublada tarde porteña. Es miércoles cerca del mediodía y en el barrio Rodrigo Bueno hay poca gente en la calle: algunas personas esperando el colectivo, el ruido constante de los aviones y, al fondo, el sonido seco de una topadora que derriba las pocas casas precarias que aún quedan en pie luego de la urbanización.
Pamela espera en la entrada al barrio que se encuentra sobre la Av. España “Acá de día es tranquilo, la gente es familiera y al ser tan chico nos conocemos todos”. Es que el barrio está compuesto por apenas 14 “manzanas” que no están delimitadas simétricamente y se ubican a la vera de Costanera Sur, en Puerto Madero, lo que llevó a algunos streamers a decir que se debería eliminar el barrio y echar a la gente para construir edificios con vista al río. De hecho, en el año 2005 el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires intentó expulsar a las familias, argumentando que ocupaban parte de la Reserva Ecológica, pero los vecinos se organizaron, acudieron a la Justicia y lograron frenar la medida.
Esa urbanización comenzó formalmente en 2017, cuando la Legislatura de la Ciudad aprobó la Ley 5.799, que dispuso la reurbanización y regularización del barrio. El plan incluyó la construcción de nuevas viviendas dentro del mismo territorio, la conexión a los servicios básicos y la entrega de títulos de propiedad. Sin embargo, el proceso no estuvo exento de tensiones: hubo demoras, reclamos por la calidad de las casas nuevas y denuncias de exclusión hacia algunas familias. Esto se hace evidente cuando se ve la convivencia de casas de “barrio histórico” con las del “barrio urbanizado”.
Pamela llegó proveniente de Perú hace más de siete años y vive en el barrio Rodrigo Bueno desde entonces, cuando el barrio era, según ella, «una villa de barro, humedad y basura». Ya no le parece adecuado usar la palabra “villa” desde la urbanización. Pero también es una decisión que tomó en base a sus experiencias de discriminación y estigmatización. “Cuando me preguntan dónde vivo, digo San Telmo o cerca del casino. Si digo villa, cambian las caras. Es automático: piensan que andás en algo raro, que sos chorra o que vendés droga”.
La casa de Pamela pertenece al barrio histórico, está ubicada a lo largo de un pasillo, justo enfrente del muro que divide el barrio del río. Ahora tiene puertas, ventana y conexión a los servicios de luz, agua y gas, está remodelada pero ella reclama que aún persisten los problemas con la humedad en las paredes. “Ese problema lo vamos a tener siempre por la ubicación”, explica. Los días de tormenta también le quitan el sueño: “acá la lluvia y el viento se sienten el triple, todavía tengo miedo de que se me inunde la casa”.
El cambio se nota. Ahora hay calles asfaltadas, buena iluminación y recolección de basura. Pero no hay accesibilidad para personas con discapacidad. Las nuevas viviendas son de hasta cuatro pisos sin ascensor, no hay rampas en las calles, no hay barandas en las esquinas ni semáforos. Todo está renovado pero pareciera que con un presupuesto mínimo para darle una “lavada de cara” al barrio.
Según un informe de la Dirección General de Estadística y Censos de CABA basado en la Encuesta Anual de Hogares 2018, el 17,4% de las viviendas de la Ciudad de Buenos Aires está ocupada por alguna persona con discapacidad. Por otra parte,un relevamiento reciente titulado «Condiciones de vida en barrios populares» -elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) en colaboración con la organización La Poderosa- señala que cerca del 13% de los hogares en estas zonas (de un total de 1.485 encuestados) incluye a una persona con discapacidad, un sector de la población que enfrenta barreras de accesibilidad y un acceso limitado a la salud y la rehabilitación, exacerbando la desigualdad urbana.
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) aparece en la historia del barrio como el mediador de ese proceso. Según Pamela, “te ayudan con los problemas de tu casa, te orientan”, pero los avances son desparejos y la sensación de abandono persiste. Hoy tiene gas, agua y una calle asfaltada, pero señala lo que falta: sectores sin terminar, pasillos imposibles de transitar y viviendas que quedaron fuera del plan. “Mejoró, sí. Pero falta mucho todavía”.
Otra villa, misma exclusión
Rodrigo Gastón Pedraza vive en la Villa 20, ahora llamada Barrio Papa Francisco en Lugano, y es el presidente de la Asociación Civil Casa de la Cultura y la Inclusión. El conoce la trama fina de la vida en las villas, cuestión que suele quedar fuera de los discursos oficiales. Su descripción es brutal: “Hay gente que no puede salir de su casa. Literalmente. Porque una silla de ruedas no dobla en un pasillo de un metro”. La urbanización porteña promete integración, pero deja afuera a quienes más la necesitan. Rodrigo no habla en abstracto: cuenta rampas mal hechas de entre 3 y 4 centímetros de altura, baños inaccesibles para personas con discapacidad, veredas demasiado angostas para circular. “Hacen obras, sí. Pero no piensan en la gente real que vive ahí”, resalta.
En ese mapa de obstáculos cotidianos aparece uno de los casos más graves: el de Morena. Morena vive a una cuadra de la casa de Rodrigo, es cuadripléjica y además tiene una discapacidad mental que la mantiene completamente dependiente del cuidado de terceros. Desde hace años su familia reclama algo tan básico como tener un baño en el que pueda entrar, ya que el que tiene hoy en día -a pesar de ser nuevo- no tiene espacio para la silla, no permite el giro ni hay barras de apoyo. Su madre debe hacer malabares para higienizarla, exponiéndola a caídas, lastimaduras e infecciones.
Cuando la familia de Morena acudió a la Asociación Civil, ella usaba una silla de ruedas estándar, rígida, sin respaldo adecuado. “No tenía sostén postural”, explica Rodrigo. Conseguir la silla correcta les llevó cinco años de lucha diaria, cinco años en los que la comunidad suplió lo que el IVC ignoró. A eso se suman los maltratos institucionales: trámites perdidos, negativas sin fundamento, funcionarios que los “pasearon” de oficina en oficina. Hoy su caso está en la Defensoría del Pueblo para que el Instituto de la Vivienda (IVC) autorice construirle un baño adaptado.
“Son boludeces, dicen algunos. Pero para Morena no son boludeces: es la diferencia entre vivir dignamente o seguir presa en su propia casa”, enfatiza Rodrigo. La urbanización avanza, sí, pero avanza sin mirar a quienes la necesitan para vivir con dignidad. Pamela tiene razón: falta mucho. Falta repensar el barrio para todos y no para la foto. Falta que la accesibilidad deje de depender de la buena voluntad comunitaria. Falta que la Ciudad planifique teniendo en cuenta la opinión y las necesidades de los vecinos porque la verdadera inclusión va más allá de la apariencia y requiere un compromiso activo.
