Desde la Mesa Territorial del barrio de Constitución, espacio promovido por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, el Centro de Estudiantes y una veintena de organizaciones sociales, vecinales y religiosas, advirtieron sobre el deterioro de las condiciones de vivienda y hábitat de los sectores más vulnerables del barrio y la violencia institucional que recae sobre ellos cotidianamente.
Mediante un comunicado, las organizaciones expresaron su preocupación por el recrudecimiento de la crisis habitacional y el incremento de personas en situación de calle durante los últimos años. En este sentido, le exigen al Gobierno de la Ciudad medidas concretas que garanticen el respeto de los derechos vigentes en materia de vivienda digna, alimentación y hábitat sustentable.
El Grito del Sur dialogó con algunos referentes que forman parte de la Mesa Territorial y recogió testimonios muy valiosos que representan una radiografía de las problemáticas sociales que se vienen profundizando.
Rubén Infantino es cura de la Parroquia Inmaculado Corazón de María, ubicada frente a Plaza Constitución, y junto a otras parroquias de la zona organizan ollas populares y reparten viandas en la plaza y alrededores. “El problema se agravó porque ya no es sólo la gente que vive en la calle la que viene a buscar su vianda, sino que ahora también vienen a comer muchos jubilados y jubiladas que viven en los hoteles de la zona. Son personas que tienen que elegir entre pagar el alquiler de una habitación, comprar los medicamentos o comer porque sus ingresos no les alcanzan”, comentó Rubén en diálogo con este medio.
Debido al anclaje territorial de su parroquia y al trabajo comunitario que realiza junto a decenas de hombres y mujeres, el cura está en contacto permanente con las problemáticas más crudas y cuenta que fue testigo o conoció casos graves de violencia institucional. “Veo cómo la policía les saca sus pertenencias a las personas que están en la calle, sus colchones, frazadas, les van quitando lo poco que tienen para desplazarlos”, afirmó el cura Rubén y además contó: “A un hombre que lo vemos siempre por acá, unos policías lo obligaron a elegir entre si le sacaban el colchón o el carro con el que junta cartón. El muchacho optó por quedarse con su carro, su herramienta de trabajo, aunque al día siguiente también se lo sacaron. Ahora anda con un carrito de supermercado”, contó el párroco.
Rubén agregó: “No veo un proyecto que se proponga dar respuestas o intentar cambiar la realidad de este sector. Por el contrario, veo un proyecto de ciudad expulsivo en el que cada vez más gente va quedando al margen, sin la posibilidad de llevar una vida digna”.
Los referentes comunitarios, vecinos y vecinas que participan de la Mesa Territorial ven con preocupación el incremento de los desalojos administrativos, una modalidad que depende de la orden directa del Ejecutivo porteño. En consecuencia, cientos de familias que no cuentan con ningún tipo de apoyo estatal se ven empujadas a dormir en la calle. Tal es la gravedad de la situación que se volvió común ver cómo las ochavas de los edificios en las esquinas, las paradas de colectivos o incluso los pasos bajo autopista se convirtieron en el refugio de miles de personas desalojadas que no tienen adónde ir.
“Repudiamos por completo la política de criminalización de la pobreza de Jorge Macri, quien en menos de dos años llevó a cabo alrededor de 500 desalojos. Este modelo de ciudad es digno heredero de la política que implementó el brigadier Cacciatore durante la dictadura”, comentó en diálogo con este medio Carla Rodríguez, integrante del Movimiento Ocupantes e Inquilinos (MOI), una organización histórica que hace más de treinta años impulsa la construcción de cooperativas autogestionarias de vivienda.
La referente del MOI advirtió que “la destrucción del Instituto de la Vivienda, el vaciamiento de herramientas de apoyo a las organizaciones, el desfinanciamiento de la Ley 341 y el incumplimiento de los derechos consagrados en el artículo 31 de la Constitución de la Ciudad generan un cuadro complejo de falta de oportunidades”. Por esta razón propuso fortalecer un frente de organizaciones, de vecinos y vecinas que se proponga frenar las políticas expulsivas del gobierno porteño.
“Creo que la universidad pública cumple un rol fundamental en la promoción de espacios de reunión y de diálogo. Desde allí debemos convocar al grueso de la ciudadanía con el objetivo de recuperar herramientas de acceso al hábitat digno y construir una ciudad más democrática”, sostuvo Carla Rodríguez.
Por su parte, Mercedes Infante, vecina del barrio de toda la vida e integrante del colectivo Constitución Existe y Resiste, contó en diálogo con El Grito del Sur que “hubo muchos desalojados en viviendas cuyos dueños realizaron recursos de amparo, pero lo curioso es que esos inmuebles actualmente están tapiados y permanecen vacíos, la mayoría sin un cartel de venta. Es decir que esas casas quedaron ociosas y la gente en la calle”.
Las organizaciones coinciden en que la política pública en materia de vivienda del gobierno local propone profundizar el mismo modelo de Ciudad que implementaron las sucesivas gestiones macristas: favorecer a unos pocos actores privados que se benefician de la especulación inmobiliaria, en detrimento de cientos de familias que son desalojadas y despojadas de todas sus pertenencias. Lejos de ofrecerles oportunidades a estos sectores o alternativas sostenibles, el Ejecutivo porteño los persigue, los hostiga y los expulsa del espacio público.
Pero el agravamiento de la crisis no sólo tiene que ver con la imposibilidad de los sectores populares de acceder a una vivienda digna, sino que también cobra relevancia el cruce con otras problemáticas barriales que los vecinos y vecinas ven con preocupación. “Veo muchos jóvenes viviendo en la calle con problemas de consumos, hay muchos más vendedores ambulantes y recicladores urbanos que cada vez tienen menos para reciclar y además prolifera la trata de personas”, comentó Mercedes. Asimismo agregó: “Las reuniones que realiza el Gobierno de la Ciudad para tratar estos temas no son abiertas a todos los vecinos, sino que aplican un filtro selectivo y sólo convocan a quienes tienen afinidad política con el oficialismo”.
Desde la Secretaría de Extensión de Facultad de Ciencias Sociales y el Centro de Estudiantes seguirán promoviendo los encuentros de la Mesa Territorial. Es una decisión de la actual gestión a cargo de la decana Ana Arias y el vicedecano Diego De Charras que la FSOC, en tanto institución pública anclada en Constitución, no permanezca ajena a los problemas que aquejan a la población del barrio y que articule sus equipos de investigación y las diversas cátedras con el trabajo que llevan adelante los referentes comunitarios, vecinos, vecinas y todas las organizaciones de la zona.
