Por estos días, mientras la agenda nacional gira en torno a las reformas económicas, un debate silencioso comenzó a crecer dentro de la comunidad científica y socioambiental argentina. El presidente Javier Milei ratificó su intención de modificar la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglaciar (Ley 26.639), una normativa que protege las mayores reservas estratégicas de agua dulce del país.
La preocupación no es menor: la reforma podría abrir la puerta a la explotación minera en zonas que hoy son intangibles por su valor hídrico. ¿Qué implica ese cambio? ¿Quién gana y quién pierde cuando se toca la infraestructura natural de agua de la que dependen millones de personas?
Una ley nacida de la lucha socioambiental
La Ley de Glaciares fue sancionada en 2010 tras años de movilización ciudadana, debates científicos y conflictos con empresas mineras que buscaban instalarse en alta montaña. Fue un hito, ya que estableció una prohibición estricta de actividades peligrosas en glaciares y periglaciares, como minería metalífera, hidrocarburos y obras que alteren el terreno helado o la infraestructura que modifique la dinámica del hielo.
El objetivo era claro: resguardar el agua. En una Argentina donde más del 60% del territorio depende de los aportes hídricos de la cordillera, proteger el hielo es proteger la vida. “Las leyes ambientales son indispensables, pero más importante aún es un modelo de bienestar que contemple el cuidado de nuestros bienes comunes”, afirma Belén Reyes, geógrafa y coordinadora de la Red Universitaria por la Crisis Climática (RUCC). Para la organización, defender la Ley de Glaciares es defender el derecho humano al agua.
Qué es el ambiente periglaciar y por qué es el núcleo del conflicto
A diferencia de un glaciar visible, el ambiente periglaciar contiene grandes volúmenes de hielo subterráneo que no pueden ser detectados a simple vista. Es un regulador hídrico natural:
- almacena agua en estado sólido;
- la libera lentamente durante el año;
- sostiene ríos, vegas, humedales y suelos;
- mantiene caudales aún cuando la nieve se derrite o los glaciares retroceden.
Es, en términos científicos, la última reserva estratégica de agua en un país cada vez más seco. “El ambiente periglaciar funciona como un amortiguador hídrico que sostiene las cuencas en épocas de escasez. Si se destruye, se pierde agua que no vuelve en escalas humanas”, explica Reyes.
Intervenir estas zonas reconfigura todo el sistema hídrico: altera caudales, derrite el permafrost y libera metales pesados atrapados en el suelo. No existe tecnología que pueda reconstruir un glaciar o un periglaciar una vez destruidos.
Qué quiere cambiar el Gobierno y por qué ahora
La propuesta del Ejecutivo apunta a recortar la protección del ambiente periglaciar. Concretamente, busca que sean las provincias —y no la ciencia— las que definan qué zonas están protegidas. El argumento oficial: la ley es “demasiado restrictiva” y frena inversiones mineras, especialmente de cobre y litio. Pero, para la comunidad científica, esto es abrir la puerta a un colapso hídrico. “Habilitar actividades extractivas en zonas periglaciares implica intervenir directamente en uno de los reservorios de hielo más importantes de la Argentina”, advierte Reyes.
San Juan, Catamarca y Jujuy—provincias con fuerte presión minera—son las principales impulsoras del recorte.
Impacto ambiental: lo que la minería rompe, el país no recupera
La minería metalífera en alta montaña requiere:
- explosivos;
- perforaciones profundas;
- uso intensivo de agua;
- sustancias químicas como cianuro o ácido sulfúrico;
- infraestructura de gran escala (caminos, piletones, plantas).
Todo ello altera la estabilidad térmica del hielo subterráneo. El resultado:
- derretimiento prematuro;
- desaparición de fuentes de agua;
- contaminación irreversible de acuíferos;
- degradación de humedales de altura;
- pérdida de biodiversidad;
- impacto en agricultura y consumo urbano.
No es un riesgo teórico: es lo que ya documentaron países como Chile, Perú o Canadá. Para la RUCC, la intención de reformar la norma forma parte de una serie de decisiones ambientales regresivas tomadas por el Gobierno. “Milei intentó modificar diversas normas ambientales. Algunas avanzaron, como la desregulación de la importación de residuos que destruyó el sistema de reciclado con inclusión, o la privatización de empresas públicas estratégicas como las represas hidroeléctricas, IMPSA o la hidrovía”, detalla Reyes.
Y añade que otras decisiones fueron frenadas por la sociedad civil, pero revelan una tendencia: “Un gobierno que desfinanció la salud, la educación pública y la ciencia ahora pone en duda la labor del IANIGLA. Ante el terraplanismo de Milei, que niega el cambio climático, no sorprende que ataque el mejor conocimiento científico disponible”.
IANIGLA y el Inventario Nacional de Glaciares: el blanco más delicado
El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) es la institución responsable del Inventario Nacional de Glaciares (ING), herramienta clave para la Ley de Glaciares.
El inventario identifica cada cuerpo de hielo del país y define legalmente qué debe protegerse. «Por su prestigio científico, el IANIGLA fue incorporado como responsable del inventario, disponible 100% online. En diciembre de 2024 publicó la primera actualización parcial y trabaja en la región de los Andes Centrales, que se presentará en 2026», explica Reyes.
Si las provincias definen qué es periglaciar, el inventario científico pierde autoridad. Ese es el corazón del conflicto. “Ir contra el IANIGLA es ir contra la ciencia argentina. Los sectores liberatorios preferirían que lo haga Estados Unidos antes que fortalecer el conocimiento propio”, ironiza la especialista.
El agua como bien estratégico y la obligación del Estado
La comunidad científica plantea que intervenir glaciares y periglaciares viola principios constitucionales y tratados internacionales:
- Artículo 41 de la Constitución Nacional
- Acuerdo de Escazú (principio de no regresión)
- Ley de Cambio Climático
- Acuerdo de París
“La responsabilidad política no es solo técnica. Habilitar actividades que destruyen permafrost es perder agua para siempre. El Estado no puede alegar desconocimiento ni urgencias económicas”, sostiene Reyes. Mientras Naciones Unidas declaró 2025 como el Año Internacional de la Conservación de los Glaciares, Argentina avanza en sentido contrario. La especialista en políticas ambientales Laura Isla Raffaele lo sintetiza así: “Modificar esta ley es retroceder décadas en protección hídrica. No podemos darnos el lujo de perder agua en un país que ya sufre sequías extremas”.
Lo que está en juego no es solo minería sí o no. Es algo mucho más profundo: qué modelo de país quiere Argentina, y si el agua será vista como un bien común o como un recurso extractivo. “El agua vale más que todo. Y la Ley de Glaciares protege el agua. Desmantelarla es hipotecar las próximas décadas”, concluye Reyes.
En tiempos de crisis hídrica global, el dilema parece evidente. ¿Elegirá el país proteger su última reserva de agua o apostará a un desarrollo extractivo de corto plazo? La respuesta marcará el rumbo ambiental, social y económico de la Argentina en los años por venir.
