Según una encuesta reciente de la cadena CBS, el 70% de los ciudadanos estadounidenses rechaza una intervención militar contra Venezuela. El dato incomoda y no sorprende. Incluso dentro de Estados Unidos, el discurso belicista ya no logra consenso social. Pero ojo: sería errado leer esta amenaza solo como un capricho de Donald Trump o una excentricidad de coyuntura. La presión militar sobre el Caribe y América Latina no es un simple berretín, sino una forma preconcebida de ordenar «el patio trasero». Y cuando la historia se repite en clave militar, no estamos ante una jugada retórica sino ante una amenaza concreta.
Pentagonismo: guerra es estabilidad
En enero de 1967 —cuando intentaron hacer bolsa a Vietnam y República Dominicana con un solo tiro—, el presidente Lyndon B. Johnson reconoció ante el Congreso yanki que el aumento del gasto militar había producido «un cambio significativo en el clima de la opinión pública». No hablaba de paz, bienestar ni de la manoseada democracia internacional, sino de estabilidad política asegurada por la guerra.
Desde 1951, con el inicio de la Guerra Fría, el presupuesto militar de Estados Unidos supera sistemáticamente al gasto civil federal. En 2024, el Pentágono absorbió más de 880.000 millones de dólares, mientras todos los programas sociales fueron recortados. Juan Bosch —el Allende dominicano que no pudieron matar en el 63— llamó a este fenómeno «pentagonismo»: un sistema donde el poder civil se ve condicionado por la expansión permanente del complejo industrial-militar para sostener legitimidad, negocios y consenso social.
Tres ciclos del complejo industrial-militar en América Latina y el Caribe
Aunque Trump le cante ahora «vale cuatro» a Maduro y Petro, esta tendencia militarista puede explicarse en tres grandes ciclos históricos en los que EE.UU. ha minado su patio trasero, en caso de que la mano invisible no alcanzara frente a sus competidores globales.
El primero (1898–1934) arranca con la guerra hispano-estadounidense. España pierde la manija y cede su hegemonía al enclave anglo. Desde ese momento, el Caribe pasa a ser el corazón de la estabilidad imperial: Cuba, Puerto Rico, Panamá, Haití, República Dominicana y Nicaragua quedan bajo ocupaciones, protectorados y soberanías tuteladas por el Tío Sam. En 1904, el Corolario Roosevelt lanza la Doctrina Monroe e institucionaliza la mal llamada «intervención preventiva». La región deja de ser pensada por el imperio como un conjunto de repúblicas y pasa a convertirse, lisa y llanamente, en una gran plataforma estratégica.
El segundo ciclo (1947–1983) articula Guerra Fría, anticomunismo y terrorismo de Estado. Ahora, había que echar a patadas al enemigo soviético. Golpes militares, dictaduras, desapariciones forzadas y contrainsurgencia continental se combinan con los organismos multilaterales surgidos tras la Segunda Guerra Mundial —ONU, FMI, Banco Mundial— que traducen la coerción en legalidad. En 1948, un cuetazo en la cabeza de Jorge Eliécer Gaitán en el centro de Bogotá inaugura la política panamericanista que desencadena golpes y más golpes: Guatemala 1954, Bolivia y Brasil 1964, Chile 1973, Argentina 1976, Granada 1983. ¡Buenos días, OEA!
El tercer ciclo (1989–presente) introduce las “guerras de nuevo tipo”. Caído el Telón de Acero, el nuevo enemigo puede ser cualquiera. La invasión de Panamá y la deposición de Noriega abren este capítulo que torna al narcotráfico como coartada, aunque el objetivo real fuese reafirmar el control sobre el Canal antes de su traspaso. Desde entonces, guerra judicial, sanciones, golpes parlamentarios y operaciones mercenarias conviven democráticamente.
Venezuela bolivariana y Colombia petrista aparecen como escenarios de una guerra no declarada: una guerra de baja intensidad, pero de plomo grueso, cuyo objetivo real es marcar la cancha entre el Pacífico y el Gran Caribe, contener proyectos soberanos y frenar, como sea, el avance chino en la región.
Siempre habrá vasos vacíos en la democracia liberal
En este contexto, la democracia liberal es puro decorado. Elecciones condicionadas, judicialización de la política, gobiernos a decreto y soberanías tuteladas van reemplazando, sin disimulo, a la voluntad popular.
En Panamá, José Raúl Mulino fue impuesto por el partido judicial apenas dos días antes de las elecciones; el mismo Mulino que le regaló, con moñito, los principales puertos del Canal de Panamá a BlackRock.
En Ecuador crece la mayor ruta de cocaína por el Pacífico, desplazando a la Colombia de los gobiernos ultraderechistas —bajo el mando del jefe de jefes, Álvaro Uribe— mientras los buques bananeros de la familia Noboa llegan a Europa untados en polvo blanco.
En la Argentina de Milei, el Paraná se llena de narcos y sangre, mientras el presidente pide licencia a los piratas para expandir el negocio de armas. En Perú… bueno. Y para El Salvador de Bukele bastan dos palabras: Chepe Diablo. Todo muy narquito, muy liberal.
La totalidad de los aliados de Trump repiten el mismo libreto: son Estados formalmente democráticos donde el poder real no se juega en las urnas, sino por vía financiera, securitaria y judicial. Es la careta que mejor le calza al pentagonismo tardío.
En este escenario, la narrativa moral de Trump contra el narcotráfico hace agua por todos lados. Pongamos algunos ejemplos: Clíver Alcalá Cordones, implicado en la Operación Orión (2020), terminó reciclado como testigo cooperante de Estados Unidos contra Maduro después de encabezar contra el mismo mandatario bolivariano una intentona mercenaria que salió mal.
Hace nada fueron absueltos y liberados los narcos Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, y Ross Ulbricht, dueño de Silk Road, el mayor mercado narco digital de la historia que funcionó durante años como experimento libertario de “libre mercado”, y por el que circularon armas, p3dfilia y millones de líneas blancas con un solo clic. El sueño mojado de las peponas. Ulbricht fue liberado como si una paloma blanca se escapara de las manos de Trump, en medio de un Capitolio que rebuzna verdades incómodas sobre el caso Epstein: ups, I did it again! Nunca sobra p3dfilia en los cajones del Salón Oval.
Eso sí: mientras Washington criminaliza la cocaína, blinda a la familia Sackler, responsable directa de la crisis monumental de opioides que actualmente golpea al corazón del imperio. Más de 800.000 muertos entre 1999 y 2020. Hoy el fentanilo provoca cerca de 70.000 muertes anuales, frente a unas 14.000 asociadas a la cocaína. La llamada guerra contra las drogas es una farsa selectiva: castiga las periferias, absuelve a las corporaciones y lava culpas a granel.
Si fuera una guerra real, bombardearían la banca mundial
Si Estados Unidos quisiera combatir en serio el narcotráfico, iría por la banca internacional. Pensémoslo: el 80% de las transacciones globales circula por redes offshore opacas, y apenas el 2,6% del valor de la cocaína producida en Colombia queda en el país; el 97,4% restante se lo tragan bancos y circuitos financieros del primer mundo. JP Morgan, HSBC, Deutsche Bank y otros lavaron plata narco incluso después de haber sido sancionados. En 2008, la propia ONU admitió que el capital del narcotráfico ayudó a salvar bancos del colapso financiero. «¡Gracias narcolombia uribista!» dijo nunca la banca internacional.
