Un intercambio de mensajes entre un repartidor y un cliente por una aplicación de pedidos se volvió viral en redes sociales y abrió una discusión que excede largamente la anécdota. El pedido consistía en 24 botellas de agua mineral, sumadas a otros productos de supermercado. La respuesta del trabajador fue tan simple como tajante: “Tengo una moto, no un camión”.
Entonces lo que parecía ser un mero comentario chistoso volvió a poner sobre la mesa un gran problema estructural: la falta de regulación y la ausencia de protección para quienes trabajan en plataformas, como Rappi o Pedidos Ya.
Las aplicaciones permiten cargar pedidos sin límite de peso ni volumen y los asignan automáticamente a repartidores, sin advertencias previas ni filtros técnicos. El trabajador, que muchas veces recién conoce el contenido del pedido al llegar al comercio, queda atrapado entre dos opciones: intentar cumplir con una orden materialmente imposible o rechazarla y exponerse a penalizaciones del sistema, como la baja de reputación o la pérdida de futuros pedidos.
A su vez, el pedido reveló que las plataformas permiten agregar cualquier cantidad de productos sin considerar si es físicamente posible entregarlos con los medios disponibles (bicicleta o moto). Este tipo de situaciones no es excepcional. Casos similares se repiten con pedidos de garrafones de agua o cargas que exceden cualquier capacidad razonable de transporte.
Al respecto, la licenciada en Economía e investigadora adjunta del Conicet, Mariana Fernández Massi, advirtió a El Grito del Sur: “Las quejas sobre el peso, que implica tener que cargar packs de botellas, son muy recurrentes entre trabajadores. Ese caso pone en evidencia la necesidad de que existan instancias de negociación de condiciones de trabajo entre trabajadores y las empresas de plataforma de reparto”.
En Argentina, se estima que más de 160.000 personas trabajan en plataformas de delivery. Para muchos, es su única fuente de ingresos. Sin embargo, la mayoría lo hace sin contrato laboral, sin cobertura por accidentes, sin seguro de salud ni derecho de vacaciones o licencias. Para alcanzar un ingreso que cubra la canasta básica de una familia tipo, un repartidor debe realizar cerca de 460 pedidos mensuales, lo que implica jornadas extensas, desgaste físico y exposición permanente al tránsito y al clima.
Pese a tratarse de un sector masivo y estratégico, la regulación sigue ausente. Fernández Massi explicó que “ha habido propuestas regulatorias que no llegaron a aprobarse” y que “quizás ha faltado un mejor diálogo con los propios trabajadores, para proponer regulaciones que contemplen sus preocupaciones y también sus miedos”. En ese sentido, señaló que la actual propuesta de reforma laboral “no hace más que consolidar legalmente la forma en que funciona el sector hoy, sin garantizar ninguna protección ni derecho para los trabajadores”.
En este contexto, se evidencia un vacío legal donde nadie parece hacerse cargo. Desde el punto de vista del consumo, el Estado reconoce que las compras realizadas por aplicaciones están alcanzadas por la ley de defensa del consumidor. “Esta normativa protege a las personas consumidoras cuando compran productos o contratan servicios, ya sea de manera presencial o a distancia”. Pero esta protección se concentra en el vínculo empresa–cliente y deja fuera al trabajador que ejecuta materialmente el servicio.
Desde la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASIMM) explicaron que el margen real de un repartidor ante estas situaciones es nula. “El trabajador es rehén de una gestión algorítmica completamente deshumanizada que lo sanciona”, comentó Christian Leiva, referente del área de prensa y comunicación. Consultado sobre por qué las aplicaciones permiten este tipo de pedidos sin advertencias sobre peso, volumen o riesgos, explicó: “Porque en la lógica de las plataformas el ser humano está al servicio de la tecnología, y los trabajadores no son más que un pedazo de código en la matrix que les genera dinero”.
Las consecuencias no son menores. “Siempre cargar peso excesivo sobre la espalda es malo y puede traer lesiones graves. Aún si el pedido estuviera atado a la moto también sería peligroso, porque atenta contra la estabilidad de manejo y por consiguiente podría llevar a caídas o siniestros viales”, advirtió el dirigente sindical, al detallar los riesgos cotidianos que asumen los repartidores.
En ese sentido, Leiva señaló una contradicción central entre lo que exigen las plataformas y lo que establece la normativa vigente. “En cuanto a carga y seguridad, el trabajo a destajo y los vehículos de dos ruedas son siempre un combo de máximo peligro. Por el lado de los derechos, las apps no reconocen la relación laboral. Nosotros decimos que mientras el pedido lo lleve un ser humano, éste debe tener todos los derechos y obligaciones que tiene cualquier trabajador registrado, amparado por la ley de contrato de trabajo”.
Las universidades vienen advirtiendo sobre este fenómeno desde hace años. En el trabajo “La relación de dependencia en plataformas digitales”, el investigador Martín Alejandro Recalde señala que “la supuesta autonomía del trabajador de plataformas se desdibuja frente a la existencia de mecanismos de control, dirección y sanción ejercidos por la empresa a través de la aplicación”. Y agrega: “el algoritmo funciona como una forma de organización del trabajo que reemplaza al empleador tradicional, pero mantiene intactos los rasgos de subordinación”.
Por otra parte, el estudio «Trabajadores de plataformas digitales: condiciones laborales en plataformas de reparto a domicilio en Argentina» -escrito por la socióloga Andrea Del Bono y publicado en la revista Cuestiones de Sociología de la UNLP–Conicet- afirma lo siguiente: “Las plataformas digitales configuran un régimen de control algorítmico que define tiempos, recorridos, ingresos y permanencia en la aplicación”. También advierte que “la desactivación unilateral de cuentas opera como una forma de despido sin indemnización ni posibilidad de reclamo”.
Sobre el rol de los algoritmos, Fernández Massi remarca que “las plataformas trasladan todos los riesgos a los trabajadores: accidentes, robos, que se estropee el pedido o el cliente no responda” y que esto se vincula tanto a la gestión algorítmica como a una lógica totalmente desvalorizada. Para la investigadora, una salida posible es crear instancias de diálogo social y negociación colectiva, mejorar la fiscalización estatal y obligar a las empresas a garantizar prestaciones sociales y transparencia en la asignación de pedidos.
Matías Cao, licenciado en Relaciones del Trabajo y secretario académico de la dirección de esta carrera en la Universidad de Buenos Aires (UBA), explicó a este medio que “el caso viral muestra la ausencia de una legislación» y sostuvo que “aunque las plataformas intenten presentarse como meros intermediarios, efectivamente, la aplicación ejerce diversos premios y castigos a los repartidores”.
En cuanto a las políticas necesarias para evitar tareas que excedan la capacidad física razonable, Cao planteó que la nueva reforma laboral no promete mejorar la situación de los propios trabajadores puesto que no se ha generado un diálogo institucional. “Se tienen que llamar a instancias abiertas donde el Poder Legislativo convoque a las diferentes partes de esta actividad para que comenten sus realidades”.
Así, el pedido de las 24 botellas de agua deja de ser una anécdota viral para convertirse en el caso testigo de una economía digital que avanza sin reglas claras. La frase “tengo una moto, no un camión” no solo expuso un exceso logístico, sino un sistema que exige lo imposible y se desentiende de las consecuencias. Mientras no exista una regulación que ponga límites, distribuya responsabilidades y reconozca derechos, los repartidores seguirán siendo quienes carguen, literalmente, con el peso de la precarización.
