Podría haber sido cualquier grupo de chicas en cualquier otro boliche. Podría haber sido otra rubia cheta que se siente con el poder de maltratar a un empleado y discriminarlo por su color de piel. Fue el racismo que se extiende con cada vez más potencia por el mundo.
El pasado 14 de enero, Agostina Páez, abogada argentina de 29 años, realizó gestos discriminatorios hacia el empleado de un local bailable, luego de una discusión a la salida del mismo en Ipanema, Río de Janeiro. Allí le gritó “negro” a un empleado e imitó un mono, a manera de insulto, muecas que fueron registradas por las cámaras de seguridad.
Lejos de lo que hubiera sucedido en nuestro país, donde el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) fue cerrado por el gobierno de Javier Milei, en el territorio vecino el hecho escaló con fuerza y llegó a la Justicia brasileña. Es que, en esta tierra, la injuria racial puede ser equiparada legalmente al delito de racismo.
En Brasil existe la Ley Nº 7.716/1989, que tipifica los crímenes de discriminación racial, y a su modificación a través de la Ley Nº 14.532/2023, que equipara la injuria racial al delito de racismo. La normativa prevé penas de prisión de dos a cinco años, no admite fianza y contempla sanciones adicionales, como la prohibición de asistir a eventos deportivos o culturales. Por ese motivo, y ante el riesgo de que abandonara el país, la Justicia brasileña dispuso medidas restrictivas como incautar el pasaporte a la joven y ponerle una tobillera electrónica para retenerla mientras avanza el proceso. La investigación quedó a cargo de la 11ª Delegacia de Polícia da Rocinha, que deberá revisar y confirmar o no si los actos de la abogada tuvieron índole racista.
“Esto sucedió varias veces en Brasil, de parte de hinchas de fútbol que también fueron imputados por racismo. Me parece que demuestra cómo los argentino se comportan normalmente, pero sufriendo las consecuencias de estar fuera de su contexto. En Argentina esto no hubiera tenido la misma repercusión porque no existe el involucramiento del Estado. Capaz un repudio social aislado, pero hubiese quedado en algo más marginal el caso”, explicó a El Grito del Sur Alí Delgado, abogado afroargentino, activista antirracista, docente universitario y secretario de AFROJUS (Afrodescendientes por una Justicia Nacional).
“No creo que estas políticas contra el racismo se puedan aplicar en Argentina. Por un lado porque en Brasil la mayoría de la población es negra y está mucho más organizada la lucha, hay avances y acá no estamos en esa instancia. Me parece muy bien que haya una política de racismo cero en Brasil, pero no creo que sea exitosa porque las muertes de personas negras -especialmente de varones jóvenes- son altísimas, sumado a las desigualdades laborales, el acceso a la educación y otros temas”, agregó el entrevistado.
Además de abogada, Páez era influencer, con más de 40 mil seguidores en su perfil de Instagram (que ahora se encuentra desactivado) y casi 80 mil en TikTok (puesto en privado). Es decir que sus actos tienen repercusión en la arena pública. Más allá de su fama y popularidad, ahora la letrada será investigada para determinar la responsabilidad penal y esclarecer las circunstancias exactas del incidente.
A pesar de su lamentable actuación, la joven oriunda de Santiago del Estero se mostró arrepentida y confesó a Info del Estero estar “angustiada y con miedo”, al tiempo que reconoció que su accionar “fue un error” y que “no debería haber reaccionado así”.
Además atribuyó el gesto racista al comportamiento de los empleados del local, quienes -según ella- comenzaron a tocarse sus partes íntimas “como insinuando que algo nos iba a pasar, se reían mientras nos grababan y ahí es que tengo esa reacción malísima”. A pocas horas del suceso, a Páez le llegó una citación a través de WhatsApp, de la que primero sospechó, creyéndola falsa, pero aun así decidió ir a una comisaría. Allí le explicaron los cargos y debió contratar un abogado que la defendiera.
Si bien en nuestro país el CELS ha hecho recomendaciones para penar el racismo, Alí explica que el Gobierno hizo caso omiso y que tiene una política de marcado racismo, especialmente ahora que no reconoce el racismo estructural. “El racismo atraviesa todas las clases, pero en general las clases altas tienen mayor impunidad. Todo el país usa negro como insulto. Pienso que se sigue usando de manera peyorativa por esta negación histórica de la negritud en Argentina, esta ligazon de la categoría negro con concepciones de la trata y la esclavitud. No ha habido nuevas narrativas sobre nuestra vida por la misma negación de que los cuerpos negros existimos, pensamos y sentimos. Las narrativas son netamente blancas”.
Según explicó el diario La Nación, Agostina no es la única de la familia implicada en causas judiciales. Su padre, Mariano Páez, es un empresario local y permaneció detenido varias semanas por una denuncia de violencia de género cometida contra su pareja, también abogada, de apellido Budán. En medio de la detención del padre, la influencer grabó videos en contra de Budán, acusándola de hostigamiento a ella y su hermana, los cuales se volvieron virales rápidamente.
Consultado sobre si la medida punitivista es favorable o no, Delgado explicó que él no se encolumna en ese tipo de pensamiento y que hay otro tipo de reparaciones posibles. “No creo que sea positivo que esa persona esté en la cárcel, ni para la sociedad argentina ni para la brasileña. Está bien que se la obligue a alguna pena que tenga que ver con la formación y el trabajo comunitario con organizaciones de comunidades negras de Brasil. Que tenga que trabajar con ellos y para ellos y aprender”, concluyó.
