Con la intención de cerrar la brecha de género en el acceso a la tierra y promover la toma de decisiones de las mujeres, la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) declaró el 2026 como el Año Internacional de la Agricultora.
Para ellos, el término “agricultora” comprende a las mujeres que trabajan tanto en el sector formal como en el informal y reconoce su contribución independientemente de la propiedad de la tierra o de su situación laboral.
El Año Internacional de la Agricultora busca poner en relieve el papel esencial de las mujeres en los sistemas agroalimentarios —desde la producción hasta el comercio— y sensibilizar sobre la brecha de género. La medida insta tanto a los gobiernos como al sector privado a que generen iniciativas que fomenten la igualdad de género en la agricultura y la sostenibilidad del sector agroalimentario.
“Que la ONU se haya posicionado de esa manera, siendo un organismo de mucha envergadura, tiene dos caras: internacionalmente es un respaldo muy grande porque direcciona los esfuerzos y los lineamientos de los gobiernos y los organismos de financiamiento hacia las mujeres agricultoras. Esto implica todas sus facetas, incluyendo la economía formal e informal, teniendo en cuenta que esta última ha crecido impresionantemente en los últimos años y es donde hay más mujeres campesinas insertas”, señaló Victoria Escobar, delegada de Géneros de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT). “Por otro lado, es un gran desafío hacia dentro de los países. Por ejemplo, nosotros con el gobierno actual, que ni siquiera respeta los tratados internacionales, es difícil que se adhiera a algún lineamiento”, continuó.
El Cordón Hortícola Platense, situado al sur de la región metropolitana de Buenos Aires, es el núcleo territorial que provee de vegetales a más de 14 millones de personas en esa área y a otras localidades del centro del país. Desde la década de 1990, el trabajo es mayoritariamente provisto por familias migrantes, quienes tienen acceso a la tierra a través de arrendamientos estacionales, en pequeñas parcelas (1-2 hectáreas por familia). Desde la informalidad, la urgencia y la precarización surgió la Unión de Trabajadorxs de la Tierra (UTT), que actualmente nuclea casi 20 mil productores en 18 provincias, siendo una de las organizaciones campesinas más grandes del país.
Consultada por si considera que la medida de la ONU va a llegar a todos los países con el mismo impacto o se va a limitar a los del «primer mundo», Victoria aseguró que “la realidad de los países que conforman la ONU es muy distinta”. En ese sentido, entiende que en algunos se puede traducir en políticas públicas concretas mientras que en otros -como el nuestro- puede quedar como una mera declaración. Sin embargo, esto abre puertas para la colaboración internacional, donde las organizaciones puedan comunicarse directamente entre sí y recibir financiamiento directo sin la mediación del Estado.
La UTT cuenta con una Secretaría de Géneros, renombrada como Secretaría de Mujeres Campesinas en la última mesa nacional del año 2025. Ésta vincula el empoderamiento con la agroecología y la recuperación de saberes de la agricultura campesina indígena. Allí realizan acompañamientos en violencia de género y formaron una red de más de 200 Promotoras Rurales en todo el país.
“Nos dimos cuenta que en el modelo de producción extractivista imperante en las quintas, chacras, el del agronegocio, las mujeres estamos excluidas”, explican en su sitio oficial. “Sostenemos que la agroecología debe ir unida a una recuperación del rol trascendental de las mujeres como cuidadoras de la tierra, del planeta, de la familia, al tiempo que los varones re-aprenden a compartir las tareas de cuidados. Debemos entender que la violencia que le hacemos a la tierra con el modelo agroindustrial es la misma que vivimos las mujeres en nuestro propio cuerpo”, agregan.
En 2019 la Secretaría realizó el primer Encuentro de Promotoras Rurales en Olmos, donde participaron más de 200 mujeres trabajadoras de la tierra, que se posicionaron como productoras de alimentos y exigieron su lugar dentro del feminismo y de la agenda de la lucha de las mujeres por la igualdad. Sin embargo, cuando cobraron mayor protagonismo fue durante la pandemia del Covid-19, con sus famosos “verdurazos”, manifestaciones en las cuales repartían frutas y verduras gratis en búsqueda de visibilidad.
“Con las dificultades económicas, muchas mujeres campesinas han dejado su labor del campo para migrar a la ciudad y dedicarse a las tareas de cuidado en casas particulares, dejando a sus hijos muchas veces a cargo de sus abuelas. En el peor de los casos, toda la familia se tiene que trasladar por las cosechas ocasionales, intentando conseguir un dinero que les permita subsistir en los próximos meses”, agregó Victoria. Ella subraya que, con la crisis actual, el trabajo del campo ha sido reemplazado por otras actividades económicas y se ha acrecentado el impacto sobre el cuerpo de las mujeres. “Estas situaciones producen transformaciones al interior de las familias cargando a las mujeres con más tareas de cuidado y aumentando la violencia contra ellas, que hacen todo lo posible por sostenerse y aún así no llegan. Lo que observamos en estos momentos es que las violencias vuelven a mantenerse dentro del hogar, porque muchas mujeres prefieren seguir cumpliendo con triple jornada laboral para sostener a sus familias que denunciar una situación de violencia”.
En Argentina, lejos de la consigna zapatista “La tierra es para quien la trabaja”, solo el 2,44% de los productores controla el 50,41% del total de las tierras cultivadas, mientras que el 65,92% de los productores -los más pequeños- accede en conjunto solo al 4,77% de la tierra, según datos del INDEC de 2018. Además, investigadores de la UBA y el CONICET presentaron un mapa interactivo que muestra qué tierras del país están en manos extranjeras. El informe arrojó que el 5% del territorio nacional se encuentra en esta condición y que ese porcentaje (unas 13 millones de hectáreas) iguala a la superficie total de Inglaterra. Además, la investigación contradice el discurso oficial de que ninguna provincia incumple el límite de un 15% de territorios en manos de extranjeros, estipulado por la ley de Tierras. Según alertaron, ya hay 36 distritos que incumplen el régimen legal.
“En muchos casos, específicamente en mi provincia, que es Santiago del Estero, las familias que se dedicaban históricamente al campo tuvieron que cambiar su destino para dedicarse a otra cosa. Es difícil sostener el trabajo en el campo y ahora se está viendo una migración masiva. Quienes se sostienen en las fincas están trabajando con la mitad de las tierras, apuntando a los productos que le van a garantizar mayor ingreso y no pensando en diversificar la producción”, enfatizó Escobar.
Victoria planteó que la precariedad de los trabajadores y las trabajadoras del campo recrudeció con la presidencia de Milei, ya que los fondos de emergencia que recibían por inclemencias climáticas no existen más. Asimismo, las políticas públicas para alentar los mercados primarios -que apuntan a la comercialización o a toda la cadena desde la producción primaria, como la incorporación de nuevas tecnologías, maquinarias o subsidios para la compra de los insumos- tampoco están vigentes.
“Desde la UTT luchamos por el acceso a la tierra con una ley que nos posibilite pagarla o por propuestas concretas como la redistribución de tierras fiscales o en desuso para transformarlas en colonias agroecológicas. Queremos que estas políticas públicas estén enfocadas en las mujeres que sostienen sus parcelas y que trabajan la tierra a la par de sus compañeros varones y que no aparecen en ningún lado”, concluyó.
