El gobierno de Javier Milei, presionado por el -siempre presente- lobby minero transnacional, quiere modificar la ley de Glaciares en las sesiones extraordinarias previstas para el próximo martes 10 de febrero. El argumento siempre es el mismo: “destrabar inversiones”, la supuesta llegada de más de 20.000 millones de dólares y la misma historia que con el sistema actual de regalías y controles estatales a la explotación, dejará pocos beneficios para la población, huecos donde había montaña y lo más grave, el ataque directo a las reservas estratégicas de agua dulce de nuestro país.
¿Qué quiere cambiar y por qué es un problema?
La jugada es simple: quitarle poder a la Nación y dárselo a cada provincia para que decida qué glaciar o zona periglacial proteger. Suena a federalismo, pero en realidad es la misma metodología que se aplicó durante el gobierno neoliberal de los ´90.
Las provincias tienen menor visibilidad a la hora de dar o no concesiones, por lo que es más fácil la corrupción de actores claves: funcionarios, legisladores e incluso el gobernador son más baratos para una multinacional que prevé obtener dividendos por miles de millones de dólares.
Desprotección a medida: Entonces, cada provincia podría aplicar criterios distintos, incluso débiles, para no “espantar” inversiones mineras. Así, podrían declarar que un glaciar “no tiene valor hídrico” para permitir que una minera opere por encima. Esto además tiene otro problema: la naturaleza no entiende de límites políticos y un río que nace en un glaciar de San Juan lleva agua a varias provincias y no solo para consumo de la población, sino que también es clave para el riego y la producción agrícola.
Gracias a la ley actual, aprobada en 2010 bajo el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, se establece la realización de estudios periódicos para saber cuál es la situación del país respecto a los glaciares. Según el Inventario Nacional de Glaciares (hecho por científicos del IANIGLA), Argentina tiene casi 17.000 glaciares que alimentan 36 cuencas hídricas. Son la reserva de agua dulce para más de 7 millones de personas. Sacrificarlos por proyectos mineros (que usan y contaminan millones de litros de agua) es pan para hoy y sequía para siempre.
La Ley que ya funciona (y por eso la quieren cambiar)
La ley de Glaciares actual es una ley de presupuestos mínimos: establece un piso de protección que todas las provincias deben respetar. Es pionera en el mundo y la Corte Suprema la declaró constitucional.
Desde que existe, frenó más de 40 proyectos extractivos que querían instalarse sobre estas reservas. Eso la hizo incómoda para las grandes mineras transnacionales, que exigen “seguridad jurídica” para expoliar esta tierra. Proyectos mineros que presupuestan millones de dólares para realizar el lobby pertinente y conseguir la presión para “flexibilizar” el marco regulatorio.
Este no es un debate lejano que solo compete a nuestros compatriotas que viven pegados a la cordillera de los Andes o a quienes disfrutan del senderismo, el esquí, el montañismo o la escalada. Conservar las reservas estratégicas de agua no es solo una cuestión ecológica, es una cuestión de seguridad nacional y paz social. El agua ha ocasionado recientemente conflictos armados en Medio Oriente hasta “guerras no convencionales” como la Guerra del Agua en Cochabamba, Bolivia, donde el pueblo se levantó contra la privatización.
Pero más cerca, la disputa entre Mendoza y La Pampa por el río Atuel lleva décadas sin resolverse. La represa Portezuelo del Viento ha generado tensiones entre Mendoza, Buenos Aires, Río Negro y La Pampa. A nivel internacional, la disputa con Uruguay por la contaminación del río Uruguay derivó en un conflicto diplomático y cortes de rutas por parte de los ambientalistas. En el norte del país, comunidades rurales y pueblos originarios siguen luchando por acceso al agua potable en regiones afectadas por sequías y sobreexplotación de acuíferos. Yaciretá y hasta algunas aristas del conflicto de Malvinas podrían incluirse en este capítulo.
Un último dato no puede escapar al análisis: el gobierno nacional manifestó su intención de vender AySa a Mekorot, la empresa estatal de agua del estado de Israel -denunciada por la ONU por apartheid de agua y limpieza étnica en Palestina-. Mekorot ya cumple distintos roles en el manejo y la gestión del agua de 12 de las 23 provincias de nuestro país. Sobra decir que los convenios y contratos que las provincias han firmado con la empresa israelí son secretos y fueron firmados violando la Constitución Nacional.
