El 30 de diciembre, poco antes de que termine el año, el jefe de Gabinete Manuel Adorni anunció mediante el Decreto 601/2025 el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según explicó, la ANDIS sería absorbida por la órbita de Salud, sin que esto signifique las interrupciones en los pagos ni en las prestaciones del 2026. Para esto, el g0bierno nacional designó como interventor a Alejandro Vilches, quien continuará al frente del organismo hasta que sea absorbido.
Como forma de justificar la medida, el oficialismo habló de supuestas irregularidades dentro de la Agencia: cobros de pensiones a nombre de personas fallecidas, médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturan sin dar servicios. Incluso denunciaron la detección de 178.000 Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) vigentes correspondientes a personas fallecidas. Sin embargo, el cierre del organismo se da en medio de un escándalo por corrupción del Gobierno, que refiere a coimas en la ANDIS e involucra funcionarios de altos cargos como Eduardo Lule Menem y Karina Milei.
“Esta medida tiene varias dimensiones: en lo simbólico se pasa de abordar la discapacidad de manera integral a abordarse únicamente desde el paradigma médico de salud. Discapacidad no es igual a enfermedad, aunque muchas personas con discapacidad tengan enfermedades de base. En lo económico hay que estar atentos porque esto implica que el presupuesto votado, que contempla una caja para la Agencia Nacional de Discapacidad, ahora se va a subdividir en muchas partes hasta llegar a la Subsecretaría”, cuenta a este medio Laura Alcaide, abogada feminista, activista por los derechos de las personas con discapacidad e integrante de Orgullo Disca.
La reacción de las organizaciones de personas con discapacidad fue inmediata y por ello elaboraron un plan de lucha. Si bien hace tiempo que agrupaciones como Orgullo Disca, familiares y prestadores de servicios se vienen encontrando en asambleas -tanto presenciales como virtuales-, actualmente advierten sobre la urgencia de generar masividad para que se derogue el Decreto. En ese sentido, el viernes 2 de enero se realizó una conferencia de prensa en la sede de ANDIS Pensiones, en Congreso, una de las dos que siguen funcionando, de las tres originales.
“La Agencia Nacional de Discapacidad es nuestra. Es un espacio histórico, con mucho valor simbólico. La vaciaron, ¿y ahora quieren desaparecerla? ¿Hasta dónde van a llegar? Nos siguen arrebatando todos los derechos”, expresaron en un comunicado que publicaron en sus redes sociales los y las integrantes de Orgullo Disca.
Según el Gobierno, este traspaso va a garantizar la trazabilidad en expedientes, auditorías permanentes y creará criterios sanitarios en todas las decisiones. El Decreto implica el fin de la autarquía de la ANDIS, creada en 2017, y la eliminación de 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica. Alcaide asegura: “Nosotros entendemos que el Decreto se puede tirar con repudio generalizado, pero tenemos que generar una reacción grande”.
El plan de lucha continuará con dos vigilias, el lunes y martes, y una marcha masiva el miércoles junto con otros sectores en lucha, como los jubilados, quienes también estuvieron presentes el viernes. “La idea es exigirle al Foro Permanente por las Personas con Discapacidad que realice un paro y que se pronuncie firmemente contra la disolución de la ANDIS”, declaró a El Grito del Sur la abogada.
Además, las organizaciones de personas con discapacidad, familiares y profesionales vienen denunciando que desde un vaciamiento progresivo del área. Desde la asunción de Milei se han registrado más de 700 despidos. Ahora, el traspaso a la Secretaría de Salud representa un retroceso en términos de paradigma, quitas de pensiones, medicaciones y prestaciones. “El Gobierno pretende eliminar el organismo que se encargó de ir debilitando de a poco, porque su intención es desaparecer nuestras vidas, y así también tapar las causas que involucran a muchos funcionarios del Poder Ejecutivo”, aseguraron en el comunicado.
En 2025, el monto de las pensiones por discapacidad llegaron a un mínimo de $216.500 pesos y se basan en la acreditación de una incapacidad laboral del 66% o más. Además, hay bonos complementarios que suman unos $70.000 pesos, llegando a un total de $286.500 aproximadamente. El Salario Mínimo Vital y Móvil se acaba de actualizar a $341.000 desde enero de 2026, algo a lo cual las personas que cobran el subsidio por discapacidad ni siquiera alcanzan.
“El Decreto lo que dice es que ANDIS pasa a ser una Secretaría más de Salud, pero lo que eso implica es la desaparición del organismo y así que desaparezca la responsabilidad gubernamental sobre los casos de corrupción”, manifiesta Laura Alcaide. “No es una reestructuración administrativa. Es un plan de impunidad”, expresó por su cuenta de X el jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez.
La activista explica que también tiene peso el valor patrimonial e inmobiliario de la sede de bajo Belgrano, un edificio creado por la Fundación Eva Perón que tiene una réplica del salón blanco y hasta un estadio de fútbol profesional.
“Muchos dirigentes que deberían haberlo hecho no nos defendieron ni nos cuidaron. Es muy triste que no defiendan ni cuiden a nuestras familias y a los compañeros despedidos, pero especialmente que no defiendan las políticas públicas que se supieron conseguir en otros gobiernos”, dijo por el micrófono de la radio abierta Guadalupe Bargiela, persona no vidente de 22 años y una de las 170 personas despedidas de la Agencia Nacional de Discapacidad en 2024. “Son políticas públicas que nos tomaban como sujetos de derechos, que lograron que se sancionara una Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad (N de R: en 2008 bajo el mandato de Cristina Fernández de Kirchner)”, agregó.
“Tenemos que tener mucho cuidado con la reducción del presupuesto porque eso quiere decir menos políticas públicas, menos acceso a la educación, al trabajo, a la salud, a la recreación, a una vida más plena. Cuando bajan el presupuesto todas esas conquistas se pierden”, asegura Carlos González, de Orgullo Disca. “Es muy importante pensar que la discapacidad no es solo una cuestión de salud. Que la ANDIS, que era la agencia rectora de estas políticas, pase al campo de salud significa que todo se va a medicalizar. Además, para este gobierno los traspasos implican despidos y recortes”.
“Tenemos que seguir luchando en unidad para empezar por un paso e ir por el resto”, finaliza Alcaide entre carteles que se expresaron contra la reforma laboral y que declararon: “Locura no es crueldad”. “Este es el primer día hábil después de que se anunciaron los despidos y la disolución de la Agencia y acá estamos. No nos quedamos ni con la sidra ni con el pan dulce ni compramos pasajes a Cariló. Estamos acá preocupados porque sigan existiendo políticas públicas poniendo el cuerpo y todo lo que podamos”.
