A esto
Me gusta llamarlo
-sencillamente-
hospicio o manicomio.
Siempre rechacé los eufemismos.
Es como que viene mejor
llamar las cosas por su nombre:
al pan, pan
y al vino, vino.
Y a las pastillas
chaleco químico.
Y aquello tan viejo y tan cierto,
que uno está loco
pero no come vidrio.
Tal vez tenga el mundo
una visión,
un tanto escatológica,
un tanto descarnada,
un tanto, tal vez, parcializada,
pero bueno…
por algo estoy en el hospicio.
Sin eufemismos, Marisa Wagner, Los montes de loca (2019).
Estar internado es un golpe duro y los que lo han pasado lo saben. No es solo un bajón anímico, es la pérdida total de libertad, la ausencia de autonomía. Dejás de ser independiente bajo cualquier punto de vista y tus capacidades de movimiento y creación se ven coartadas. Horas y horas sin que el reloj dé novedades. El carácter infantilizante de la internación, la falta de recursos para mejorar la salud psicofísica del paciente y la ausencia de perspectiva de alta llevan a que muchas veces las internaciones psiquiátricas parezcan más un juntadero de gente con patologías mentales o una guardería, que una posible instancia de mejora.
El informe “Manicomios Porteños: La transformación que no llega” fue publicado en el año 2025 por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). El informe relata detalladamente y bajo diferentes perspectivas la realidad de los cuatro hospitales psiquiátricos porteños públicos: el “José Tiburcio Borda”, el Neuropsiquiátrico “Braulio A. Moyano”, el de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Alvear” y el Infanto Juvenil “Carolina Tobar García”, sumando un total de 1290 camas de internación.
“Vivir ahí es un bajón, una depresión. No siempre podés salir a la sociedad. Tenés que depender de los médicos y de los enfermeros para todo; para cada actividad que necesitás hacer. Para pedir los permisos, para transitar por el hospital, para salir afuera, para ver a los familiares o los allegados. La verdad, yo no le deseo a nadie que esté internado”, cuenta Carlos, ex usuario del Borda, al comienzo del informe.
Si bien la Ley Nacional de Salud Mental, sancionada en 2010, planteó la obligación de cerrar los manicomios, neuropsiquiátricos y toda institución de internación monovalente con el objetivo de crear un sistema de atención en salud mental de base comunitaria y respetuoso de los derechos humanos, poco se ha logrado al respecto. En su decreto reglamentario se estableció el año 2020 como fecha límite para sustituir estos establecimientos por dispositivos en el primer nivel de atención, salas en hospitales generales y servicios de apoyo a la vida en comunidad.
Sin embargo, a 15 años de la aprobación de la ley, el modelo prevalente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sigue siendo el manicomial, con solo 6 de los 14 hospitales generales con servicio de internación en salud mental, y la preocupante cifra de apenas 77 camas disponibles.
Sumado a las pésimas condiciones edilicias y habitacionales de los hospitales psiquiátricos, que no garantizan condiciones mínimas de bienestar e intimidad de las personas alojadas, las internaciones se vuelven eternas y la falta de programas de contención y externación recrudecen el panorama.
El 72% de las personas adultas internadas entre mayo y octubre de 2024 estaban cursando internaciones prolongadas (más de seis meses). Las internaciones máximas llegan hasta los 40 años, con un promedio cercano a los 10 años. Además, los procesos de externación, que requieren diversas intervenciones y articulaciones, son excepcionales en CABA y “dependen de la voluntad de los y las profesionales de los hospitales”, explica el informe.
Respecto a los profesionales que trabajan en los cuatro neuropsiquiátricos antes mencionados, se observa una clara prevalencia de psiquiatras por sobre otras profesiones, lo que genera que los abordajes sean eminentemente médicos, centrados más en “patologías mentales” que en la perspectiva comunitaria que imparte la ley. A esto se le suman las prácticas de aislamiento, casos de violencia física y psicológica, sujeciones físicas y farmacológicas que impactan más sobre algunas poblaciones vulnerables, como las mujeres, que muchas veces sufren de abusos sexuales o esterilizaciones forzadas.
Para conocer más sobre la situación de los hospitales psiquiátricos en la Ciudad y profundizar sobre los problemas de la Ley de Salud Mental, El Grito del Sur habló con Ana Sofía Soberón, trabajadora social del CELS; y Celeste Fernández, abogada de ACIJ y Maestranda en Derecho.
En el informe revelan que, a 15 años de la sanción de la ley de Salud Mental, se ven pocos avances en lo que respecta a la desmanicomialización, por lo menos en CABA. ¿Cuál es el balance que hacen de la misma?
Celeste Fernández: El balance es más bien negativo. Uno puede identificar aspectos positivos, ya que la ley de Salud Mental es una herramienta que permite a las personas exigir derechos y efectivamente las internaciones se redujeron. También contribuyó a fortalecer al movimiento de personas usuarias de salud mental, generando un instrumento a partir del cual aglutinarse, aunque el movimiento de usuarios venía desde antes y también impulsó la ley. Después hay algunos avances en la institucionalidad, por ejemplo el Órgano de Revisión que funciona junto con la Unidad de Letrados -que es el cuerpo de abogados especializado en internaciones- y juntos han dado capacitaciones a profesionales de la salud en términos de salud mental. Sin embargo, el núcleo de la ley, que es transformar el sistema manicomial y el modelo hospitalocéntrico cerrando los psiquiátricos, y que las personas sean internadas en hospitales generales (cuando haya riesgo cierto e inminente y por el lapso más breve posible), no fue posible. En la medida que no cambie el sistema y no se otorgue el presupuesto necesario, no va a funcionar (NdeR: mientras el artículo 32 de la ley de Salud Mental obliga a destinar el 10% del gasto total en salud a este campo, en el presupuesto 2026 la inversión prevista llegará apenas al 1,42%).
¿Creés que se podría hacer modificaciones útiles a la ley de Salud Mental?
Celeste Fernández: Mientras sea para mejorar, genial. Sin embargo, consideramos que la reforma que se plantea ahora viene por el lado de flexibilizar las internaciones y mantener los psiquiátricos con el lema de que son “hospitales especializados en salud mental” y no “manicomios”. Por más que las lógicas cambien, que el psiquiatrico reduzca sus prácticas de tortura para que no haya violencia física y psicologica, las personas no están incluidas en la comunidad cuando están en instituciones. Comen a la hora que se le canta a quien maneja la institución, se ponen lo que quieren las personas que manejan la institución, duermen en los horarios de las personas que gestionan la institución, ven la televisión que le ponen en el comedor. Eso es vivir en las instituciones. El cambio que quiere traer la ley es generar dispositivos para que las personas vivan en libertad. Lo que sí, para modificar la ley hay que darle participación a las personas usuarias, porque normalmente -salvo algunos casos aislados- el movimiento usuario, los sobrevivientes de la psiquiatría, no quiere volver a estar internado nunca más en su vida. Esas son las personas que lo sufren, por eso hay que escucharlos a la hora de pensar en las reformas.
¿Qué pasa con las personas que no pueden salir de los psiquiátricos por no tener una opción habitacional adecuada?
Ana Sofía Soberón: Las personas que no tienen una opción habitacional se ven obligadas a seguir estando en estos lugares, generando una cronificación de esa internación. Esto logra una pérdida de habilidades sociales y un deterioro de la interacción con otros porque adoptan las lógicas manicomiales y se produce una ruptura de lazos sociales. La persona va perdiendo las redes que podía tener antes de ingresar y se da una situación de mucha precariedad o se profundiza la existente. Ese tipo de internaciones, donde ya no hay un criterio médico de salud, es problemático y por eso es también es que en el informe hacemos el énfasis en que pueda haber una alternativa.
¿El aumento de cantidad de personas internadas tiene alguna relación con las crisis económicas? ¿Hay una psiquiatrización de la pobreza?
Ana Sofía Soberón: Que haya un aumento de personas internadas responde a múltiples factores. La cuestión es qué respuesta se les da cuando está saldada la cuestión de la salud. Si no hay respuestas integrales, habitacionales, económicas, laborales y apoyos necesarios para vivir en ese afuera, se va agudizando la situación. Es una patologización de la pobreza, en tanto que una persona que cae en una situación de crisis de salud mental por un contexto de empobrecimiento, la única respuesta que recibe es el manicomio. Esto es problemático porque no responde al fondo de las cuestión, no hay una respuesta integral.
¿Qué son las experiencias de “Externación asistida”? ¿Es posible salir del manicomio o aún externado “nunca se sale”?
Celeste Fernández: Las viviendas asistidas son lugares donde a las personas no se les indica cómo vivir, sino que ellas deciden cómo transcurre su cotidianidad. Obviamente en estas viviendas puede haber un apoyo, es decir una persona que tenga un asistente, siempre que lo elija. Pero si después quieren ir a la plaza o salir de su casa lo puedan hacer. Ninguna persona puede curarse estando segregada. En situación de internación las personas transcurren su vida sin poder ir a estudiar, a trabajar, están privadas de sus deseos. No importa si el hospital tiene la infraestructura, el problema es la lógica de la hospitalización, es que esas personas no se van a poder incluir en la comunidad si no están en la comunidad. Quienes estuvieron muchas veces internados y salen no tienen ninguna oportunidad porque nadie las contrata, porque no tienen apoyos y después de tantos años pierden la capacidad de tener una vida autónoma. Por eso muchas veces tienen recaídas y el discurso generalizado es “tienen que estar encerradas”, pero si tienen internaciones que no son sustentables no es que no puede vivir en comunidad, es que no le diste recursos.
¿Cuál es la situación de las internaciones psiquiátricas en los hospitales generales? Entiendo que son mejores, porque ayudan a la despatologización, pero me cuestiono si no terminan siendo menos específicas.
Celeste Fernández: Hay hospitales generales que actualmente tienen internaciones en salud mental, pero son pocos. Tienen una lógica diferente porque la institución psiquiátrica se creó como un dispositivo de control y sigue funcionando bastante así, con esta idea de la peligrosidad. El hospital general tiene internaciones más breves y la persona internada ahí está más cerca de su residencia, porque hay más hospitales generales, entonces es menos probable que las familias los abandonen. Lo necesario en los hospitales generales es adaptar la infraestructura y formar a los profesionales. Muchas veces no tienen profesionales formados para trabajar con pacientes con padecimientos de salud mental, pero lamentablemente en los psiquiátricos tampoco tienen una formación de derechos humanos, sino más bien sanitaria. Hay estudios que demuestran que cuando la salud mental se toma como problema de salud los índices de inclusión son muy superiores, no es casual que las personas estén 10, 20 o 30 años internadas. El manicomio no es un lugar que cura, es un depósito de personas.
¿Qué pasa con las personas que se oponen a la ley?
Celeste Fernández: Las oposiciones a la ley vienen de diferentes grupos y hay algunas más legítimas que otras. Yo creo que en el caso de las familias tienen un punto. Muchas veces no tienen a dónde llevar a las personas con diagnósticos de salud mental y tienen miedo que se hagan daño a sí mismos o a alguien más. En ese sentido, el psiquiátrico es el único lugar que los acepta. La situación de las familias es complicada y muchas veces no les importa tanto la ley, sino que les den una solución al problema que tienen. Muchas veces a las familias les da la sensación de que en un hospital psiquiátrico van a estar más protegidos que en la casa y en la mayoría de los casos no es así. Nosotros les decimos a los funcionarios públicos que el problema no es de las familias, sino de la falta de implementación de la ley. Después están las oposiciones que no son tan legítimas como las de la industria farmacéutica y los laboratorios, basada en intereses económicos.
¿Qué son las prácticas medicalizantes y cómo funcionan en los psiquiátricos?
Ana Sofía Soberón: Las prácticas medicalizantes tienen que ver con el abuso de la medicación en los casos de salud mental. Si bien la medicación es una herramienta, muchas veces en estos contextos no tiene límites claros y pasa a ser un elemento de castigo, de gestión de conflictos. Incluso hay falta de consentimiento informado a la persona cuando se le da esa medicación o no hay un monitoreo claro para ver cómo impacta en los cuerpos, ni hay una revisión constante. Se pondera ese tipo de prácticas por encima de otras que pueden ayudar a pensar los tratamientos de manera integral. De ahí la necesidad de equipos interdisciplinarios para que haya diferentes abordajes a las problemáticas. Al ponderarse únicamente el sobreuso de la medicación psiquiátrica y la sobremedicalización, esto tiene un impacto en la salud de las personas internadas y puede llevarlas incluso hasta la muerte. Es algo preocupante y ojalá este tipo de informe y la visibilización de las organizaciones genere un uso más claro de la medicación, con pautas ajustadas para que no se produzca un efecto contraproducente en las personas usuarias.
Por último, quería saber cuál es la situación de las mujeres internadas. ¿Podemos pensar la cuestión con perspectiva de género?
Celeste Fernández: Lo que pasa en las instituciones psiquiátricas con las mujeres es que se cruzan una serie de categorías que generan más situaciones de violencia. La cuestión más patriarcal, la cuestión más capacitista, o cuerdista -esta mirada de que hay personas normales que piensan racionalmente y que las personas con algún diagnóstico psiquiátrico nunca lo hacen- generan opresiones específicas. Nosotros hemos visto esterilizaciones y anticoncepción forzadas (les pican los anticonceptivos en la comida a las usuarias) y privación de la responsabilidad parental, que es cuando se considera que la mujer no está apta para ser madre y le sacan al hijo, que pasa a estar en situación de adoptabilidad. Por otro lado, los impulsos sexuales se patologizan: en vez de entender que las personas construyen vínculos, ya sea heterosexuales como homosexuales, se lo adjudican al diagnóstico. Si el deseo se da con ciertas características inusuales, en vez de entenderlo como producto de la manicomialización, se etiqueta a la mujer como loca con impulsos sexuales irrefrenables. Hay un doble estándar por ser mujer.
