En los primeros días del nuevo año volvió a instalarse en la agenda pública la discusión sobre la Ley Nacional de Salud Mental. Volvió a instalarse la amenaza de su modificación que promete una transformación de tal envergadura que -de fondo-, sería prácticamente una derogación. Y esto se instala no a partir de un debate amplio, informado y honesto sobre sus alcances, límites y condiciones de implementación, sino mediante anuncios y declaraciones que recuperan viejas categorías que el campo de la salud mental viene cuestionando —y rechazando— desde hace décadas. Una vez más, el ajuste se presenta bajo el lenguaje del cuidado, y el retroceso en derechos intenta legitimarse como respuesta eficaz frente a un escenario de creciente malestar social.
Pero este movimiento no ocurre en el vacío. Se inscribe en un contexto de profundo desfinanciamiento de las políticas públicas y de retirada deliberada del Estado de su responsabilidad de garantizar condiciones de vida dignas. Cuando el trabajo se precariza, los ingresos se pulverizan, la vivienda se vuelve inaccesible y los sistemas de salud y educación se achican, el sufrimiento social se intensifica. Frente a ese aumento del padecimiento, en lugar de discutir sus causas estructurales, se buscan salidas rápidas, simplificadoras y peligrosas: más control, más encierro, más castigo. La salud mental aparece entonces como coartada.
Uno de los núcleos de esta operación es la insistencia en que la Ley Nacional de Salud Mental impediría actuar ante situaciones críticas. Se afirma que la ley “no deja internar”, que “ata de manos” a los equipos, que pone en riesgo a la sociedad. Estas afirmaciones no sólo son falsas: encubren una decisión política. La ley no prohíbe las internaciones involuntarias; las regula. Establece criterios sanitarios, evaluaciones interdisciplinarias y control judicial para evitar abusos y arbitrariedades. Lo que cuestiona no es la intervención, sino la naturalización del encierro como respuesta automática frente al padecimiento psíquico.
La ley no desconoce la existencia de crisis ni niega la necesidad de intervenciones intensivas cuando la situación lo requiere. Lo que pone en discusión es una lógica que, durante décadas, convirtió a la internación prolongada en destino, produciendo cronificación, ruptura de lazos sociales y expulsión de la vida comunitaria. La evidencia acumulada es contundente: el encierro no resolvió los problemas de salud mental; en muchos casos, los agravó. Admitir que la ley no está plenamente implementada no implica cuestionar su espíritu. Por el contrario, señala la falta de decisión política para hacerlo. Allí donde no existen dispositivos territoriales, instituciones intermedias, tratamientos sostenidos y redes de cuidado accesibles, los abordajes fracasan. No por exceso de derechos, sino por ausencia de políticas públicas y de presupuesto. Mientras tanto, se insiste en responsabilizar a la norma por aquello que el propio Estado se niega a garantizar.
Este embate se produce en simultáneo con otros retrocesos que configuran un mismo escenario: el ajuste en discapacidad, el vaciamiento de políticas para personas mayores, los recortes en hospitales de referencia, el ahogo presupuestario a las universidades públicas y el debilitamiento del sistema de salud en su conjunto. No se trata de medidas aisladas, sino de un modelo que reduce derechos mientras amplía la desigualdad y redefine el cuidado como gasto prescindible. Las consecuencias son visibles.
El crecimiento sostenido de personas viviendo en la calle, muchas de ellas atravesadas por padecimientos mentales y consumos problemáticos, es abordado cada vez más desde lógicas de control y represión. Mientras tanto hace pocos días un hombre murió revolviendo basura en un contenedor del barrio de Belgrano. La cadena explicativa en los discursos oficiales consolida una asociación peligrosa entre pobreza, consumo, violencia y peligrosidad, omitiendo deliberadamente el papel central que juegan las condiciones materiales de existencia en la producción del sufrimiento psíquico. Criminalizar la pobreza o patologizar la exclusión no resuelve nada: sólo desplaza el problema hacia quienes más padecen.
En este escenario, las familias quedan atrapadas entre la falta de respuestas y la estigmatización. Buscan atención para sus seres queridos y encuentran sistemas saturados, listas de espera interminables y dispositivos insuficientes. Lejos de estar enfrentadas a los trabajadores de la salud mental, comparten el mismo reclamo: más recursos, más equipos, más presencia estatal. Reclaman políticas que sostengan y no expulsen. Aún tenemos una deuda para fortalecer el vínculo con los familiares de personas con sufrimientos mentales que acumulan angustias y frustraciones en el derrotero de buscar respuestas asistenciales.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresa con nitidez esta deriva. A pesar de contar con ley propia desde el año 2000 y de ser la jurisdicción con mayor presupuesto del país, la salud mental ha sido sistemáticamente desfinanciada. Gobernada por el mismo signo político desde hace más de dos décadas, la ciudad sostuvo una continuidad de políticas que relegaron el área, incluso frente al aumento del dolor social. El recuerdo de los llamados “Macricomios” no es anecdótico: condensa una concepción que reduce el cuidado al encierro y que hoy reaparece bajo nuevos ropajes. La desfinanciación sistemática de programas y dispositivos de salud mental no es un accidente: es parte de un proyecto político que privilegia el negocio inmobiliario, la seguridad y los consumos culturales de elite por sobre la vida de las personas más vulnerables.
Salvo casos excepcionales como la transformación que viene llevando adelante la Provincia de Buenos Aires, el panorama general es de retroceso. Lejos de negar la necesidad de internar cuando la situación lo requiere, las políticas de salud mental que emanan de la legislación vigente -con sus tensiones y dificultades-, apuesta a fortalecer dispositivos comunitarios y a evitar que la internación se transforme en un destino sin salida.
No se trata sólo de preservar una ley: se trata de defender el derecho a ser cuidados, a no ser abandonados al mercado ni a la represión, y a construir un sistema de salud verdaderamente democrático y popular. La defensa de la salud mental como derecho supone una la construcción de una alianza entre trabajadores, profesionales, familias, organizaciones sociales y todos quienes se sientan interpelados frente al sufrimiento: su voz colectiva es un indicador claro de que la salud pública está al borde del colapso por ajuste y desinversión.
Mientras la policía mata a un hombre pobre en navidad se muere otro buscando algo para rescatar en lo que los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires descartan. Y de fondo se escuchan los peores resabios de los 90. Recorte de presupuesto, tercerización de todas las instituciones de cuidado y abandono de niños, niñas, adolescentes, trabajadores, estudiantes, sin techo, adultos mayores y la lista sigue. Nada de esto es nuevo. La historia de la salud mental en la Argentina colecciona una larga serie de intentos de retrocesos que una y otra vez hubo que resistir. También esta vez habrá que hacerlo. Como en otros veranos.
