«Yo no voy a seguir construyendo viviendas nuevas, regaladas en las villas y asentamientos», dijo Jorge Macri, durante una reunión con vecinos del barrio de Boedo. El Jefe de Gobierno agregó que «hay más de 800 mil personas de clase media en la Ciudad de Buenos Aires que eternamente pagaron alquiler y nunca se las ayudó», desatando el aplauso de los presentes.
Las declaraciones de Macri poseen una lógica estigmatizante, pero además se inscriben en una retórica de falsedad. Las viviendas construidas al calor del proceso de urbanización en diferentes barrios populares de CABA, bajo la propia gestión gubernamental del PRO, no fueron «regaladas», tal como aseguró el alcalde porteño.
Cabe destacar que el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) elaboró en aquel entonces un plan de pago conforme a la capacidad de afrontar la cuota de cada una de las familias. Las mismas no podían superar el 20 por ciento de sus ingresos. El financiamiento se realizó a 30 o 40 años y la escritura incorporó la posibilidad de desalojo por medios legales frente a atrasos en los pagos en la cuota de la vivienda o de los servicios. Es decir, nada muy distinto a los créditos hipotecarios que ofrece la banca privada, con requisitos por lo general inaccesibles para las familias más humildes.
Por otro lado, las palabras de Jorge Macri resultaron un «sincericidio» con la clase media que el PRO dice históricamente defender. Ninguna política pública para este sector, lo cual se traduce en que cada vez más porteños y porteñas tengan como única salida el alquiler. De acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre 2003 y 2023 la cantidad de hogares inquilinos en la Ciudad de Buenos Aires pasó del 24 al 36 por ciento. En el mismo periodo, la cantidad de hogares propietarios cayó del 64 al 51 por ciento. El 60 por ciento de los inquilinos tiene entre 30 y 44 años.
La respuesta desde las villas
El contexto en los barrios populares es de emergencia. El presupuesto 2026 contempla una reducción en las partidas destinadas a los organismos de vivienda, que -de acuerdo con un reciente informe de la Defensoría del Pueblo porteña, el Ministerio Público de la Defensa, el CELS y ACIJ- alcanzarán su nivel más bajo en los últimos 14 años, con una caída del 23 por ciento respecto del presupuesto 2025. De esta forma, continúan postergándose los proyectos de reurbanización y el cumplimiento de leyes y fallos que garantizan la integración socio-urbana.
«Inadmisibles las palabras de Jorge Macri. Los vecinos de las viviendas nuevas de YPF cargamos con deudas de 30 a 40 años, pagando impuestos. Como forma de pago entregamos también la vivienda en la que vivíamos, en un proceso que nunca escuchó la voz de las familias. De allí surgió la resistencia vecinal y, en muchos casos, la resignación», explicaron desde el Comité de Crisis del Barrio Padre Mugica (ex Villa 31 y 31 bis). «En las villas y asentamientos sabemos muy bien lo que significa ser parte de la cultura del trabajo», agregaron.
Silvana Olivera, vecina del Barrio Padre Mugica e integrante de la Mesa de Urbanización, dijo a El Grito del Sur que con sus declaraciones «el Jefe de Gobierno está desconociendo la gestión de su propia organización política, que inició el proceso de urbanización en este barrio y en la Rodrigo Bueno. Aquí las viviendas son con una hipoteca, lo cual está dispuesto por la ley de urbanización del año 2018. Hoy la gente termina viviendo en una villa porque no puede alquilar en las zonas más céntricas. Hay que otorgar más derechos en vez de quitarlos».
María, vecina del Barrio Padre Mugica y militante política, señaló a este medio que «los dichos desafortunados de Jorge Macri, una vez más, están impulsados por prejuicios y la estigmatización hacia las villas, reproducen un discurso negacionista. En lugar de reconocer la realidad y promover políticas públicas que mejoren la vida de las poblaciones más populares, se insiste en un relato que invisibiliza y margina».
Inquilinos desamparados
Según datos oficiales del INDEC, el alquiler de vivienda triplica o cuadruplica -variando esto por cada región- al índice general de precios. Esta situación se ha agravado desde que el mercado inmobiliario puede fijar las condiciones sin ningún tipo de regulación a partir del decreto 70/23, y en la Ciudad de Buenos Aires las políticas públicas brillan por su ausencia.
«Jorge Macri plantea el fin de construcción de vivienda porque un sector importante de la sociedad porteña cree que la única forma para acceder a la vivienda es en términos individuales, como la herencia o el crédito hipotecario. Lo que queda claro es que la política de vivienda de Macri -desalojo, paralización de construcción, fomento del desarrollo inmobiliario, venta de tierra pública- es ni más ni menos que el Estado al servicio del mercado inmobiliario para que se quede con el negocio más importante que hay en las ciudades: el acceso a la vivienda», explicó Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados.
En medio de una coyuntura económica adversa para las familias vulnerables de la Ciudad, persiste una deuda pendiente: la crisis habitacional y la falta de acceso a viviendas dignas.
