En el año 2020, una niña de 14 años de la provincia de San Luis se animó a contar lo que había vivido: abuso sexual por parte de quien en su entorno era conocido como su “tío de corazón”, un hombre que durante años fue considerado por la familia como una persona “intachable”, amable, simpática, de confianza, incluso alguien con quien compartían espacios familiares, salidas, etc.
A pesar de la denuncia, del acompañamiento, y de la existencia de pruebas y pericias -incluyendo evaluaciones psicológicas vinculadas al presunto abusador-, la causa aún no ha llegado siquiera a la formulación de cargos, que constituye el primer paso procesal para el impulso judicial. Es decir: la Justicia todavía no escuchó a la víctima en una instancia real de avance.
“Este miercoles 25 de febrero se va a llevar a cabo por primera vez en San Luis la posibilidad de empezar con una audiencia por abuso sexual gravemente ultrajante que sucedió hace 20 años”, cuenta la abogada del caso, Fernanda Pereyra.
En paralelo, por esos mismos años, tres hermanas -que hoy ya son mayores de edad- lograron hablar y relatar el abuso sexual que, según denuncian, habrían sufrido durante su niñez y adolescencia por parte de la misma persona. El modus operandi relatado coincide: el denunciado era amigo cercano de la familia, y aprovechaba momentos en que los adultos no estaban presentes. Según su testimonio, el hombre habría actuado mientras ellas dormían o se encontraban vulnerables. También en este caso, el denunciado era descrito por el entorno como alguien “agradable”, “educado”, “buen tipo”, incluso con una imagen social de confianza. Ese perfil -como ocurre en numerosos casos de abuso intrafamiliar o de cercanía- es parte del mecanismo que permite que el delito permanezca oculto durante años.
“La causa prescribió porque siempre se toma la ley más benigna para el imputado, entonces él cuando cometió el delito la causa por ley prescribía (NdeRe: algo que no sucede ahora)”.
Lo que nosotras tenemos que demostrar es que si se tomase incluso el tiempo de aquel momento si se considera que los delitos son gravemente ultrajantes y la salud mental está comprometida en ese caso son 30 años y la causa no estaría prescripta”, continúa Pereyra.
Cuando las jóvenes intentaron consultar por la posibilidad de accionar judicialmente, se encontraron con una respuesta devastadora: la causa estaba prescripta, es decir, el Estado ya no permitía investigar penalmente por el tiempo transcurrido. Sin embargo, familiares y allegados -al observar el profundo deterioro que estas situaciones habían producido en la vida de las sobrevivientes y ante el temor de que hubiera nuevas víctimas- decidieron alertar públicamente. Fue entonces cuando, al difundirse la imagen del denunciado, la madre de la primera niña lo reconoció: se trataba de la misma persona denunciada en 2020.
Ante la prescripción o la falta de impulso real en causas de violencia sexual, existe una herramienta jurídica fundamental: el Juicio por la Verdad. Se trata de un proceso cuyo objetivo es que el Poder Judicial escuche, registre e investigue los hechos para reconstruir la verdad histórica y judicial, aun cuando no pueda dictarse condena penal por motivos formales como la prescripción. El Juicio por la Verdad es una vía para garantizar el derecho de las víctimas a ser oídas, dejar constancia judicial de los hechos, visibilizar la violencia sexual y su impunidad, y establecer responsabilidad institucional frente a la inacción. En casos de abuso sexual, esta herramienta cobra un valor enorme: porque lo que prescribe no es el dolor, no es el trauma, y no es el derecho social a conocer la verdad.
“Si nosotros no logramos demostrar que las causas no están proscritas vamos a pedir un Juicio por la Verdad, tienden a ser causas para lograr un putabilidad de la causa aunque no se logren la pena”
Según Fernanda esto podría sentar un precedente en la justicia argentina ya que las víctimas, incluso las que han sido abusadas en su niñez o en su adolescencia puedan hacer el reclamo y que la justicia las pueda escuchar ya que es importante para la salud mental de esas personas y para la sociedad. “Es la oportunidad de decir ‘a mí me abusaron’, en ese momento la justicia no me acompañó y que puedan lograr una culpabilidad va a hacer que muchas otras personas puedan hablar”. “Es tanto el daño social que poder poner en tablas que exista este tipo de proceso va a hacer que haya una sociedad mucho más sana”
