El Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Educación que conduce Mercedes Miguel, pretende impedir el inicio del ciclo lectivo 2026 en el jardín maternal Construimos jugando, un centro educativo público de gestión social que pertenece al Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) y al cual asisten sesenta niños y niñas de entre 45 días y 3 años de edad.
¿El motivo? Supuestos “incumplimientos en las normas de seguridad” del inmueble en donde funciona el jardín, ubicado en la calle Solís 1973.
“Nosotros firmamos un convenio con el Gobierno de la Ciudad que garantiza la continuidad del proyecto educativo y los salarios de las educadoras y educadores. A fines de enero nos notificaron que la escalera de acceso al primer piso no cumple con las medidas reglamentarias, entonces nos dijeron que no van a renovar el convenio para este año”, explicó a este medio Leonor Rojas, coordinadora del maternal que funciona hace veinte años en el barrio de Constitución.
Por esta razón, la comunidad educativa se encuentra en estado de alerta. Denuncian que la notificación del Ministerio sobre la supuesta anomalía de la escalera de ingreso fue enviada con poco tiempo de anticipación. Mas aún, las autoridades del GCBA no expresaron ninguna intención de brindar recursos para realizar la reforma que exigen. “Nos dijeron que lo tenemos que resolver nosotros porque es un tema que a ellos los excede”, contó Leonor Rojas.
Sin embargo, la decisión intempestiva de la cartera educativa que conduce Mercedes Miguel no es un hecho aislado, sino que se da en el contexto de un recorte presupuestario inédito a la educación pública, que roza niveles históricos. Un informe reciente del Observatorio Económico de la Ciudad del CEPA, que analiza las variaciones económicas en diferentes áreas, destaca que el presupuesto del Ministerio de Educación de CABA se reducirá en un 3,5% para 2026.
Además, acumula un ajuste del 13% desde 2023, lo que equivale a casi 500 mil millones de pesos menos para las escuelas públicas. El recorte en infraestructura será del 11,2% para este año, las becas estudiantiles caerán 5% y los subsidios a cooperadoras escolares se reducirán en 11%.
Pese a no recibir ningún tipo de ayuda estatal, desde la coordinación de Construimos jugando y el MOI aseguran que están comprometidos a realizar todas las mejoras de seguridad que sean necesarias, pero los tiempos apremian y no resulta sencillo afrontar arreglos estructurales en tan pocos días, sobre todo teniendo en cuenta el trabajo y el costo económico que implica para una cooperativa.
“Este proyecto lleva más de veinte años y no hemos tenido durante este proceso una sola denuncia sobre algún tipo de «incumplimiento a las normas de seguridad». Por el contrario, hemos sido felicitados por el desarrollo de nuestra propuesta pedagógica de educación integral y de calidad”, aseguraron los responsables del jardín en una carta dirigida a la ministra Mercedes Miguel.
“Hay niños y niñas que pasaron por este jardín que actualmente están cursando sus estudios en la facultad”, aseguró Leonor Rojas en diálogo con El Grito del Sur. Y además agregó: “Me parece totalmente injusto, veo una desigualdad enorme que siempre golpea a los más desprotegidos. Este gobierno no nos quiere. Rechaza todo lo que esté relacionado al trabajo colectivo”.
Además, en un acto inconsulto, desde la cartera educativa les enviaron notas a las familias ofreciéndoles vacantes en diferentes Centros de Primera Infancia (CPI). Sin embargo, la comunidad expresó su rechazo absoluto. En una carta conjunta, las familias expresaron su “profunda preocupación y rechazo ante la decisión de no renovar el convenio para el ciclo lectivo 2026, el presunto cierre del establecimiento y toda medida de reubicación compulsiva”.
Paradójicamente, gremios docentes como la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) denunciaron en reiteradas oportunidades la política de desinversión educativa de las sucesivas gestiones del PRO. Numerosas escuelas de gestión estatal de la Ciudad carecen de condiciones edilicias óptimas: en muchos establecimientos predomina el abandono, incluso se volvió común que en invierno las estufas no funcionen, que los ascensores presenten fallas, que los techos goteen cuando llueve, que haya desprendimientos de mampostería y que las aulas estén sobrepasadas de alumnos, casi en condiciones de hacinamiento.
Pero allí reina la desidia y las autoridades del Gobierno porteño no enfatizan en la urgencia de resolver esos problemas estructurales. Entonces resulta llamativo, y hasta cínico, que desde el Ministerio de Educación les exijan a los cooperativistas del jardín Construimos jugando que solucionen en tiempo récord lo que el mismo Estado no soluciona en las instituciones educativas que están bajo su tutela.
