El gobierno nacional y el Gobierno de la Ciudad vienen coincidiendo desde hace tiempo en una orientación clara: desarticular y desfinanciar políticas públicas vinculadas a la integración y al cuidado de los sectores más vulnerables. En ese contexto, en los últimos días el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, recorrió distintos medios afirmando que “se terminó la política de regalar casas en las villas” y sus equipos se encargaron de amplificar ese mensaje en redes, como si se tratara de un anuncio central de gestión. Las declaraciones no son aisladas. Coinciden, además, con la decisión del Ejecutivo nacional de cerrar la Subsecretaría de Integración Socio-Urbana, responsable de políticas destinadas a mejorar las condiciones de vida en barrios populares.
Este marco no es solo discursivo: expresa una manera de concebir la política social y habitacional. Cuando el debate público se organiza alrededor del estigma —presentando de manera falaz la integración como un “regalo”—, se erosiona el consenso básico de que la vivienda es un derecho para todos los sectores de la sociedad y se prepara el terreno para un mayor desfinanciamiento y desatención de políticas públicas esenciales.
Hay un dato político que no puede soslayarse. En 2027 se cumplirán veinte años de gobiernos del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. La situación habitacional actual —que incluye a más de 5 mil personas en situación de calle y a una población inquilina asfixiada por precios imposibles — es en gran medida el resultado de ese ciclo de gestión. Por eso resulta poco serio presentar las políticas de urbanización de barrios populares como si fueran una herencia incómoda, cuando fueron ejecutadas y sostenidas por el mismo espacio político durante casi dos décadas. Si después de todos estos años el diagnóstico es que la política habitacional fue equivocada, entonces lo que queda en evidencia no es el fracaso de la integración social y urbana, sino la falta de planificación estratégica y de mirada de largo plazo. Temas demasiado sensibles para quedar subordinados a climas de época o a la necesidad de disputar un electorado.
Ni casas regaladas, ni habitantes ilegales
El reemplazo del paradigma de erradicación de las villas por el de integración social y urbana no fue una concesión coyuntural. Fue el resultado de un camino largo y complejo, de consensos políticos, de aprendizajes institucionales y, fundamentalmente, de luchas históricas de vecinos y organizaciones que lograron instalar una idea central: integrar es mejor que expulsar, y la ciudad mejora con derechos, no con exclusión.
En ese contexto, que desde el máximo nivel de gobierno se afirme que “se terminó la política de regalar casas en las villas” o que se vuelva a caracterizar a los habitantes de barrios populares como “ocupantes ilegales” no solo es conceptualmente incorrecto: es políticamente irresponsable. Ambas afirmaciones son falsas. Las viviendas construidas en el marco de los procesos de urbanización no son regaladas: los vecinos las pagan mes a mes mediante cuotas definidas según su capacidad de pago. Y los procesos de integración socio-urbana están respaldados por leyes y por la propia Constitución de la Ciudad, que establece la obligación estatal de integrar villas y asentamientos.
Por eso, el uso de expresiones estigmatizantes no es un detalle retórico menor. Hablar de “regalos” o insistir en la figura del “ocupante ilegal” cambia el eje del debate: en lugar de discutir cómo resolver los problemas habitacionales de la población y mejorar las políticas públicas, se instala una lógica de sospecha que enfrenta a vecinos trabajadores de la ciudad entre sí, como si unos vivieran a costa de otros, cuando en realidad padecen distintas expresiones del mismo problema estructural: la dificultad de acceder a una vivienda. Es un recurso discursivo conocido, similar al que busca responsabilizar a personas migrantes por las falencias del sistema público de salud: desplazar el foco hacia grupos vulnerables en lugar de asumir las fallas de gestión. Estas operaciones resultan profundamente irresponsables: dividen a la sociedad y eluden responsabilidades estatales.
La integración socio-urbana va mucho más allá de la construcción de viviendas. Implica acceso a infraestructura, servicios, espacios públicos, conectividad, equipamiento educativo y sanitario, y condiciones de habitabilidad dignas. Tiene impactos positivos porque mejora las economías locales, reduce desigualdades, combate el hacinamiento y fortalece el tejido social.
El caso del Barrio Mugica (ex Villa 31) es especialmente ilustrativo. El proceso de urbanización fue resultado de décadas de organización y lucha de vecinos y organizaciones del barrio, que lograron la sanción de la ley de urbanización y colocaron la integración socio-urbana en la agenda pública de la Ciudad. Fue un proceso complejo, con errores, demoras y problemas de implementación, y aún hoy está lejos de considerarse completo. Persisten deudas importantes —como mejorar la accesibilidad general del barrio, garantizar condiciones adecuadas de seguridad, ampliar el ingreso de líneas de transporte público, optimizar la gestión de residuos y consolidar espacios públicos de calidad, entre muchas otras— que requieren mejoras, correcciones y continuidad de políticas. Discontinuar la integración socio-urbana sería profundamente regresivo: el retroceso tendría un costo social mucho mayor que las dificultades que implicó avanzar.
En este punto, el desafío no es retroceder, sino mejorar la implementación, fortalecer la participación comunitaria y discutir seriamente formas de financiamiento sostenibles que permitan la continuidad de estos procesos.
El falso dilema
Otro eje implícito del discurso oficial sugiere que la crisis habitacional que atraviesa la Ciudad sería consecuencia de haber destinado recursos a los barrios populares. Este planteo construye un falso dilema. No existe contradicción entre urbanizar barrios populares y atender al resto de la población que sufre déficit habitacional. El verdadero problema ha sido la falta de planificación y la ausencia de políticas habitacionales integrales que aborden ambas dimensiones de manera simultánea.
De hecho, en los barrios populares vive una proporción significativa de inquilinos que no llegaron allí por elección, sino porque fueron expulsados del mercado formal de alquiler de la Ciudad por sus costos crecientemente inaccesibles.
Los datos económicos muestran con crudeza la magnitud del problema. Según el Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IDECBA), una familia tipo —dos adultos y dos menores— necesitó en diciembre de 2025 $1.346.876 para superar la línea de pobreza. Con salarios fuertemente deteriorados en términos reales, el alquiler promedio de un departamento de dos ambientes en la Ciudad en ese mes rondó los $763.818 mensuales.
Este desfasaje revela un problema estructural grave: amplios sectores cuentapropistas y asalariados destinan una parte desproporcionada de sus ingresos al alquiler, resignando salud, alimentación, educación o calidad de vida. Esta situación no es consecuencia de la urbanización de villas, sino de la ausencia de políticas sostenidas que generen alternativas reales de acceso a la vivienda. El acceso a la vivienda no puede quedar librado exclusivamente a la lógica del mercado: requiere políticas públicas activas que lo garanticen como un derecho efectivo para el conjunto de la población.
El verdadero dilema no es entre barrios populares y el resto de la Ciudad. El dilema es si el GCBA va a priorizar facilitar negocios inmobiliarios o asumir su rol indelegable como garante del derecho a la vivienda para todos los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires.
Los gobiernos tienen la obligación de generar las condiciones que permitan a los habitantes acceder a la vivienda en todas sus formas: para quienes viven en barrios populares, para quienes alquilan, para quienes aspiran a un crédito y para quienes hoy están virtualmente expulsados del mercado formal, así como para quienes han quedado directamente excluidos. La política pública debe orientarse a llegar mejor a la población con déficit habitacional: que haya opciones, no a restringir o deslegitimar ese acceso. Oponer sectores sociales entre sí no resuelve el problema, sino que lo agrava y lo posterga.
En una ciudad atravesada por profundas desigualdades, gobernar implica asumir el desafío de garantizar el derecho a la vivienda con planificación y mirada integral de largo plazo. Desviar la discusión hacia la sospecha o la estigmatización no sólo es injusto: es irresponsable y nos aleja de las discusiones necesarias para resolver los problemas.
