Hace pocas semanas, el mundo entero miró con más fuerza a Estados Unidos y repudió sus políticas anti-migratorias, junto con la creación de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Hasta los artistas nominados al Grammy portaron un pin con la frase “out ICE” y Bad Bunny rompió la tarima pidiendo que no discriminen a los migrantes.
Sin embargo, ¿qué pasa en la Ciudad de Buenos Aires? ¿El gobierno de Milei y su intento de camuflarse con Estados Unidos está repercutiendo en la vida de los migrantes? El Grito del Sur habló con especialistas en la temática para conocer sobre las políticas xenófobas, las modificaciones en la ley de Migraciones y las repercusiones del alineamiento del Ejecutivo de Javier Milei con el de Donald Trump.
“Desde el año pasado que se reformó por DNU la ley de Migraciones, hay algunas cuestiones de la vida de los migrantes que se ven más complicadas, por ejemplo el acceso a residencias, los trámites de ciudadanía y el acceso a la salud pública”, explica Lucía Galoppo, integrante del equipo de trabajo internacional del CELS. “Lo que hace el decreto es dificultar la regularidad migratoria”, continúa.
Como se explica en el artículo “El costo humano del alineamiento migratorio con Estados Unidos”, escrito por Juliana Miranda y la propia Galoppo, el gobierno libertario utiliza una narrativa anti-migrante para asociar la migración con la inseguridad. Construidos como chivos expiatorios y culpables de la ausencia de trabajo y las desigualdades sociales, los migrantes cargan un peso cada vez peor en sus espaldas. Del desarraigo a la hostilidad.
“El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Seguridad Nacional, refuerza los controles migratorios en todo el territorio argentino con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la ley y proteger a los ciudadanos. Toda persona extranjera que intente ingresar o permanecer en la Argentina de manera ilegal será identificada, puesta a disposición de la autoridad competente y expulsada del país, con la correspondiente prohibición de reingreso”, declaró Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad Nacional, en su cuenta de X.
“Los migrantes nuevamente somos chivos expiatorios. Actualmente se están haciendo controles en barrios como Liniers, Retiro y Villa Celina, donde se piden documentos y revisan los antecedentes penales. Las personas que tienen antecedentes están con mucho miedo porque incluso hubo casos donde los esposan y exhiben en los medios de comunicación”, cuenta Zulema Montero, presidenta de la Asociación Civil y Cultural Yanapacuna.
Las actitudes xenófobas y discriminatorias están respaldadas en políticas migratorias y despiertan la idea de que se puede discriminar al otro por el color de su piel. Esto no es solo hacia los migrantes sino también para las personas del propio país, que son víctimas de la ola de discriminación que viene desde el Gobierno y es avalada por el Decreto 366.
“El Gobierno asocia a los migrantes con problemáticas cotidianas como la seguridad nacional, la inseguridad y distintas situaciones sociales, como la ausencia de cupos en hospitales y universidades”, señala Iber Mamani, integrante de la comunidad boliviana y militante del sector textil del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).
“La campaña del Gobierno por estigmatizar a los migrantes se vuelve política cuando se modifica la ley de Migraciones, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia”, agrega. Este cambio, explica Iber, hace que más personas migrantes no puedan regularizar su situación administrativa. “Nosotros acompañamos a muchas personas que cumplen todos los requisitos para la residencia permanente y hasta el momento no hay respuesta, lo que significa que están de manera irregular”.
El cambio de la Ley 25.871 mediante al Decreto 366 endurece las deportaciones y el acceso a la ciudadanía, mientras que habilita el arancelamiento del sistema sanitario y señala que, si las universidades lo desean, pueden cobrar por el servicio a los extranjeros. “Todas estas medidas son parte de un cambio de perspectiva en la política migratoria: ya no se trata de un tema social, sino sólo de una cuestión de seguridad. Para este gobierno, algunas personas migrantes son, entonces, el enemigo interno”, explica el artículo antes citado.
Respecto a los operativos de migraciones acompañados por las fuerzas de seguridad que se llevan a cabo con más frecuencia en CABA, Lucía Galoppo asegura: “Se generan mayores despliegues de controles de permanencia en lugares donde hay más concentración de población migrante, acompañados de fuerzas de seguridad y cámaras que registran dándole cierta espectacularidad a operativos que, en vez de ayudar a las personas a regularizarse, están orientados a perseguirlos”. Estas situaciones se basan en perseguir al migrante como si estuviera cometiendo un delito o un crimen. “Están posicionando a la población migrante como si fuese peligrosa, como si fuese un foco de riesgo asociado a la criminalidad o como si el migrante fuese el enemigo y no parte del tejido social”.
En noviembre del 2025, el gobierno nacional modificó la Ley de Ministerios y trasladó al ámbito del Ministerio de Seguridad la gestión de las políticas de migración y de protección de refugiados. En ese momento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación ante las reformas adoptadas por Argentina a través de una serie de decretos que modifican la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado y la Ley 25.871 de Migraciones, ya que “limitarían el goce efectivo de los derechos humanos de las personas con necesidad de protección internacional o en movilidad”.
“Por supuesto que Milei está alineado con Trump y su gobierno inhumano que persigue migrantes separando familias trabajadoras. Acá, aunque no se publicita porque se hacen a altas horas de la madrugada, también se han expulsado padres de familia que estaban arraigados en este país dejando en total zozobra a los hijos y a la esposa. Esto genera un daño irreparable y un trauma”, asegura Zulema y enfatiza que las recomendaciones del trato hacia los migrantes impuesta por la normativa internacional -de la que Argentina forma parte- no se está cumpliendo.
“Al no haber respuesta de migraciones consideramos que hay una decisión política de que las familias estén de manera irregular e incluso que pasen a la clandestinidad, trabajando como en los ´90, escondidos de la policía y con miedo a ser deportados”, agrega Mamani.
El Censo 2022 registró apenas un 4,2% de la población nacida en el extranjero (1.933.463 personas), confirmando una tendencia a la baja. En 1960, la población extranjera llegaba a 2,6 millones de un total de 20 millones de habitantes. Incluso en números netos bajó la cifra de migrantes, a pesar que la población total creció en 25 millones desde entonces.
Además, a diferencia de lo que se quiere hacer creer de que son todos «chorros y vagos», el último informe anual del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena (SNEEP) asegura que la población carcelaria hasta el 31 de diciembre de 2023 era de 111.967 personas, siendo extranjera el 6% del total (6644 personas). El 4% proviene de países limítrofes y de Perú. De este grupo, 1923 personas son de Paraguay, 905 de Bolivia y 857 de Perú. El relato del migrante que viene a robar, usurpar puestos de trabajo y abusar del sistema de salud se cae con datos.
“Sabemos que se está discutiendo la reforma laboral y que la campaña del miedo también afecta a muchas comunidades ya establecidas en el país. Si con el protocolo Bullrich la amenaza era ¨no salgas a protestar porque te pueden meter preso¨, en este caso se le suma que por ser migrante te arman una contravención y te echan. Es un amedrentamiento a la comunidad migrante organizada”, suma Iber.
«Cuando un país atraviesa una situación económica complicada, los gobiernos de derecha usan a los migrantes como responsables”, agrega. Ésta es una vieja receta que genera más odio entre los migrantes y los argentinos, quienes piensan que la crisis económica se debe a que el vecino de al lado le está quitando el trabajo. “Esto genera más racismo y xenofobia y la comunidad migrante tiene una larga historia de muertos para contar”.
Consultada por si el aumento de intervenciones contra los migrantes tiene que ver con una alineación política de mano dura del gobierno de Donald Trump, Galopppo contesta que sí pero no se pueden comparar en cuestiones de envergadura. Además, en Argentina hay estadísticas que respaldan que desde que se implementó la ley de Migraciones en el año 2004, mejoraron también los índices de regularidad laboral.
“Estos despliegues con tanta policía y tanta masividad y difusión tiene que ver con alinearse a la imagen de mostrar mano dura a la población irregular, pero son fenómenos completamente diferentes en cuestión de volumen. No es lo mismo la ley migratoria local a la lógica que tiene EE.UU. Sin embargo, con la idea de emparentarse con el gobierno de Trump se están dando cosas que no tienen que ver con nuestra política migratoria histórica”.
“No queda ninguna duda de que Milei es el perrito faldero de Trump. El ser casi el único gobierno que está copiando sus políticas en materia migratoria. Es lamentable, incluso para la sociedad norteamericana que está rechazando el ICE. Éste recuerda a la Gestapo, que iba a cazar personas. Milei intenta emplear el mismo modelo estadounidense acá, pero no lo vamos a permitir. Quiere crear una policía migratoria mientras decreta un DNU que va en contra de las políticas internacionales y de los tratados del Mercosur. Sabemos que existen mecanismos de defensa, nosotros tenemos la responsabilidad de hacer algo contra esta coyuntura, queremos ser la voz de quienes no tienen voz, pero necesitamos apoyo de los partidos políticos de la oposición y los organismos de DD.HH.”, finaliza Iber.
