Algunos años atrás, aquellas tenebrosas imágenes que llegaban desde los Estados Unidos eran vistas como más propias de la ficción de los videojuegos que cercanas a la realidad de nuestras escuelas. Cuando aún no habíamos empezado a contabilizar los días y meses del siglo XXI, más precisamente en el año 1999, ocurrió la masacre en la Escuela Secundaria Columbine (Colorado, EE.UU.), que dejó un saldo de 12 estudiantes y un profesor asesinados. Los dos victimarios, por su parte, se suicidaron apenas consumado el hecho.
En 2004, el caso ocurrido en un colegio de Carmen de Patagones (provincia de Buenos Aires) provocaría una fuerte conmoción a nivel nacional. Un alumno de 15 años ingresó armado con una pistola 9 milímetros y asesinó a tres estudiantes, además de provocar otros cinco heridos. Sin embargo, en la Argentina se trató de un suceso aislado que afortunadamente no tuvo continuidad en el corto y mediano plazo. Cabe destacar que las políticas de inclusión social y económica del kirchnerismo resultaron un gran dique de contención para evitar la proliferación de situaciones violentas de gran magnitud, tales como las relatadas previamente.
A diferencia de nuestro país, la problemática de los tiroteos escolares en Estados Unidos ha alcanzado niveles muy profundos: según cifras del Rockefeller Institute, a lo largo de la última década se registraron más de 511 tiroteos en ámbitos educativos, con más de 4000 víctimas. Solo el año pasado hubo 51 muertos por ataques armados en escuelas. Frente a esta situación, se han puesto en práctica medidas de seguridad similares a las que suelen implementarse en las grandes ciudades: puertas blindadas, sistemas que permiten cerrar las aulas desde adentro y hasta cuartos antibalas para resguardar a estudiantes. Es decir, cualquier adolescente se transformó en una potencial amenaza y madres/padres viven con el temor constante por la seguridad de sus hijos.
Uno de los fenómenos asociados con la violencia armada en las escuelas de EE.UU. es, sin lugar a dudas, la libre accesibilidad a las armas de fuego. Paradójicamente, el presidente Javier Milei es un férreo defensor de estas políticas pro-armas. Allá por el año 2022, el entonces diputado nacional señaló que «aquellos Estados que tienen libre portación de armas, le guste o no a la progresía, tienen menos delitos (que) donde vos tenés obligados a estar indefensos a los honestos». Estos dichos se contradicen con la realidad: un estudio publicado en 2019 en la revista Journal of Empirical Legal Studies estimó que los delitos violentos aumentaron entre 13 y 15 por ciento debido a la adopción de leyes que permiten la posesión oculta de armas. En julio de 2025, Milei eliminó todas las funciones y objetivos de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), el organismo encargado del control de armas en el país.
El tiroteo ocurrido en una escuela de San Cristóbal (provincia de Santa Fe), un distrito pequeño con menos de cien mil habitantes, volvió a encender las alarmas. Allí un alumno disparó a sus compañeros, matando a uno e hiriendo a otros dos. La novedad es que, desde 2023 hasta ahora, este tipo de hechos vienen ocurriendo con mayor frecuencia: en septiembre pasado, en La Paz (provincia de Mendoza), una estudiante de 14 años ingresó armada con una pistola que pertenecía a su padre -integrante de una fuerza policial- y realizó tres disparos al aire, sin causar muertos ni heridos. Otro complejo episodio ocurrió el año pasado en el partido de Escobar, donde un grupo de alumnos de 13 años organizó a través de mensajes de Whatsapp un plan de tiroteo escolar que finalmente no se concretó por la denuncia de las familias.
Dentro del modelo de «libertad educativa» que propone Javier Milei, está claro que se pretende convertir a la escuela pública en la culpable de todas las problemáticas actuales. Es por ello que impulsa la idea del «homeschooling» (enseñanza en los hogares, modelo precisamente implementado en los Estados Unidos), dando lugar a una retirada del Estado que pasaría así a tener una función subsidiaria dentro del sistema educativo. Esta iniciativa genera un fuerte rechazo en el cuerpo docente, que ve amenazada su estabilidad laboral. Asimismo, el grueso de las familias tampoco comparte esta perspectiva: de acuerdo con una encuesta de la ONG «Argentinos por la Educación» del año 2022, el 90 por ciento de las madres con hijos en edad de primaria consideró que la educación que reciben «es muy buena o buena».
Lejos de lo que promulgan los sectores más reaccionarios bajo una finalidad de desprestigio, la escuela pública sigue cumpliendo una función esencial como espacio democratizador y territorio privilegiado para construir una cultura de paz y combatir la violencia. Ser un espacio de cuidado, resguardo y protección de los derechos de niños, adolescentes y jóvenes no resulta sencillo en un contexto atravesado por una creciente desigualdad económica, que habitualmente deriva en una profundización de las situaciones de violencias en las escuelas, ámbito en el que se expresa el conflicto social emergente. Además de más y mejores políticas públicas que inviertan en salud mental, así como a partir del abordaje específico de conflictos que emanan de los territorios digitales, la salida no es armas ni chaleco antibalas: es mayor participación democrática y diálogo abierto con los diferentes actores de la comunidad educativa.
