«Se lo pedimos: no avancen con esto, no solo por una responsabilidad institucional, sino también humana. Porque esto es irreversible: los glaciares no se pueden volver a generar y el daño que están provocando con esta avanzada tampoco se puede revertir», sostuvo Daniela Vilar, politóloga, militante de La Cámpora y actual ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires durante la audiencia en la Cámara de Diputados por la modificación de la Ley de Glaciares.
Fue ella quien presentó una pila de hojas con los nombres de todos aquellos que, arbitrariamente, fueron imposibilitados dar su opinión. Además, aseguró que se le dio la palabra a último momento a representantes de las mineras que ni siquiera se habían anotado. “Qué pesadilla esta temporada de injusticias”, posteó en sus redes sociales luego de nombrar a Cristina Fernández de Kirchner, lo que le costó que sea silenciado su micrófono. Tal vez el mejor resumen de la época.
En Argentina, desde el año 2010, existe una ley de “Presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial”. La misma establece las pautas para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial y prohíbe expresamente actividades que puedan afectar su condición natural.
Sin embargo, ahora todo puede cambiar si se aprueba la modificación presentada por el oficialismo, que ya tiene media sanción en el Senado. Ésta tiene como objetivo central redefinir a las áreas protegidas y adecuar el inventario de glaciares, para facilitar el desarrollo de actividades e inversiones mineras e hidrocarburíferas, privilegiando la explotación minera por sobre la conservación del agua. Para los grandes capitales, no existe la consigna “el agua vale más que el oro”.
Las audiencias comenzaron el pasado 25 de marzo, luego de que el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, a cargo del juez Enrique Lavié Pico, rechazara dos medidas cautelares de organizaciones ambientales que pedían la expansión de la participación. Aunque son obligatorias por ley y se anotaron más de 100 mil personas, por decisión del oficialismo sólo se permitió participar al 0,3% de los ciudadanos inscriptos. Una multitud marchó ese día al Congreso interpelada por la posibilidad de quedarse sin recursos naturales básicos.
Para conocer más sobre la modificación de la ley de Glaciares, El Grito del Sur habló con la ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar.
¿En qué consiste la modificación a la ley de Glaciares?
La modificación lo que hace es cambiar el corazón de la ley. La Ley de Glaciares establece un principio muy claro: en zonas glaciares y periglaciares, es decir donde nacen y se regulan los ríos, no se pueden desarrollar actividades extractivas porque el daño es irreversible. Lo que propone el Gobierno es correr esos límites. Por un lado, le quita fuerza al Inventario Nacional de Glaciares, que pasa a ser de «ineludible consulta» a no vinculante. Y por otro, traslada esa definición a las provincias, que pasan a decidir caso por caso y a discreción qué es un glaciar y qué no.
Dicho en criollo: lo que hoy está protegido de manera uniforme en todo el país pasaría a depender de decisiones locales en un claro contexto de presión económica. Eso abre la puerta a que se habilite la actividad minera donde hoy está prohibida.
¿Cuál es la importancia de las áreas glaciares y periglaciares?
La importancia es total: son nuestras reservas estratégicas de agua dulce. En Argentina, los glaciares y las zonas periglaciares alimentan los ríos de los que depende gran parte del país para el consumo humano, la producción y la vida cotidiana. Alrededor de 70% del territorio nacional depende de glaciares y nieves andinas como principal fuente de agua. Y en muchas regiones, especialmente en contextos de sequía o crisis climática, son esenciales como reguladores hídricos: acumulan agua en invierno y la liberan en verano. Además, son ecosistemas extremadamente frágiles. Si se los interviene, el daño es irreversible. Un glaciar no se puede regenerar. Por eso la ley es preventiva y evita el daño.
¿Cuál es la intención del oficialismo? ¿Por qué se privilegia la minería por sobre el agua?
Esto no es una discusión técnica, es una decisión política y económica muy clara. Forma parte de un modelo que busca profundizar la primarización de la economía, desregular y poner nuestros bienes comunes al servicio de intereses concentrados. Ya en 2022, Máximo Kirchner advertía sobre un esquema que combinaba tres flexibilizaciones: la laboral, la impositiva y la ambiental. Lo que estamos viendo hoy es la materialización de ese proceso, donde la flexibilización ambiental es la condición necesaria para avanzar sobre nuestros territorios.
Hay una presión concreta de intereses internacionales para expandir la frontera extractiva, y el Gobierno está dispuesto a cumplir con esos compromisos. El RIGI es la expresión más clara de eso: beneficios extraordinarios para grandes empresas, sin garantías reales para el desarrollo local, sin tener que contratar mano de obra local ni usar maquinaria nacional, con libre disponibilidad de divisas desde el cuarto año (las empresas no están obligadas a liquidar dólares en el mercado interno). Lo que se está haciendo es poner en riesgo el agua, que es un derecho y una condición para la vida, a cambio de un modelo que concentra riqueza y no resuelve los problemas estructurales de nuestro país.
En cuanto a las tensiones con la minería, ¿existe una falsa dicotomía entre ambientalismo y producción?
Primero, hay que decir algo muy importante: la actual Ley de Glaciares no es una ley antiminera. Solo prohíbe la actividad en zonas glaciares y periglaciares, que representan alrededor de 0,21% del territorio argentino. Es decir, establece un límite mínimo para proteger el agua.
Muchos territorios enfrentan limitaciones estructurales para diversificar su matriz productiva, pero eso no puede ser motivo para bajar los estándares ambientales que protegen bienes vitales, como el agua. Sino lo que termina pasando es que se habilita el dumping ambiental: las provincias compiten entre sí por ver quién flexibiliza más para atraer inversiones extractivas, mientras los costos son pagados por el conjunto del país. Justamente para eso existen los presupuestos mínimos, para garantizar que haya límites comunes en todo el país.
Es una falsa dicotomía porque el ambientalismo no está en contra del desarrollo, todo lo contrario. Lo que plantea es que el desarrollo tiene que ser sostenible en el tiempo. Y para eso hay condiciones básicas que no se pueden vulnerar, como el acceso al agua.
Lo que está protegido por la Ley de Glaciares es apenas una porción mínima del territorio, pero es una porción estratégica. No estamos frenando la producción, estamos estableciendo un límite para que esa producción no comprometa el futuro de nuestro país, justamente porque queremos que siga teniendo condiciones productivas. Un ejemplo concreto es el río Colorado: nace en la cordillera de Mendoza, en zonas vinculadas a ambientes glaciares y atraviesa cinco provincias. Es fundamental para la producción en la provincia de Buenos Aires, que es el principal territorio productivo del país. Si esos sistemas se degradan o se altera el régimen de esos ríos, lo que se pone en riesgo no es solo un ecosistema, sino el trabajo de miles de productores que dependen de esa agua. Pensar que el ambiente es un obstáculo es una mirada de corto plazo. Sin bienes comunes naturales, no hay economía posible.
La norma que intenta aprobar el Gobierno viola el artículo 41 de la Constitución Nacional. ¿Es regresiva además en materia democrática?
Sí, es regresiva en términos ambientales y también en términos democráticos. La Constitución, en su artículo 41, establece el derecho a un ambiente sano y define que la Nación debe garantizar presupuestos mínimos de protección. Esta reforma va en sentido contrario, porque debilita ese piso común. Además, hay un principio muy claro en nuestro marco jurídico, que es el de no regresión ambiental: no se pueden reducir niveles de protección ya alcanzados. Eso está reconocido en la Constitución, en la Ley General del Ambiente y también en el Acuerdo de Escazú. Y a eso se suma la dimensión de la participación. El Acuerdo de Escazú garantiza el derecho de la ciudadanía a participar en decisiones ambientales. Lo que estamos viendo es todo lo contrario: son intentos de avanzar con cambios estructurales limitando la participación pública.
¿Por qué dejaron fuera a tantas personas de la audiencia pública? ¿A qué le teme el Gobierno?
Porque hay una decisión de avanzar rápido y sin discusión. Y no es casual este mecanismo turbio, este tratamiento exprés. Están apurados por aprobar esta modificatoria que pone en peligro el agua de los argentinos. ¿Están apurados porque hay una demanda urgente de la población argentina de llevarse puestos nuestros glaciares? Claro que no. Están apurados porque Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, pidió acceso preferencial a empresas estadounidenses en la minería del litio, cobre y tierras raras. Están apurados porque el acuerdo bilateral con Estados Unidos exige que “los gobiernos provinciales faciliten la inversión de empresas estadounidenses en proyectos de minerales críticos” y que Argentina “priorice a Estados Unidos como socio comercial y de inversión para el cobre, el litio y otros minerales críticos”.
Pero acá es muy difícil tapar el sol con la mano. En las audiencias públicas -obligatorias por ley- se anotaron 102.000 personas: récord histórico. Un mensaje claro y contundente. Pero se definió con un criterio arbitrario y desconocido que pueda participar solo el 0,3% de los ciudadanos inscriptos, colando a último momento a representantes de las mineras que ni se habían anotado (todos sanjuaninos, provincia de Peluc, el presidente mileísta de la comisión de Recursos Naturales). Con un Congreso vallado, accesos cortados, fuerzas policiales por todas partes, negándose a escuchar las voces de quienes dicen representar.
Lo que buscan imponer es una destrucción masiva de la economía argentina y de la producción nacional, junto con una entrega sin precedentes de nuestra soberanía y de los bienes comunes naturales. Y una seguidilla de injusticias de este tamaño solo cierra de una manera: silenciando las voces de la ciudadanía y con Cristina presa para intentar debilitar al peronismo, principal espacio opositor de este modelo.
¿Cómo se gesta un ambientalismo con conciencia de clase?
Entendiendo que los problemas ambientales no afectan a todos por igual. Las comunidades más vulnerables son las que viven cerca de los basurales, las que no tienen acceso al agua segura, las que sufren las consecuencias de la contaminación y del cambio climático. Por eso el ambientalismo tiene que estar necesariamente vinculado a la justicia social. Un ambientalismo con conciencia de clase no defiende la naturaleza en abstracto, defiende los bienes comunes como condición para la vida digna de las mayorías. Implica discutir quién se apropia de esos bienes, quién se beneficia y quién paga los costos. Y también construir alternativas que generen trabajo, producción y desarrollo sin destruir lo que es de todos. Eso es lo que nosotros llamamos ambientalismo popular: un ambientalismo se construye con el pueblo y para el pueblo.
